Dilemas detrás de la lucha de Macri contra las mafias

Las encuestas le sonríen a Mauricio Macri. No sólo por los probables triunfos en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, sino también porque el porcentaje de ciudadanos que creen que la economía está mejor que un año atrás viene creciendo, al igual que el de quienes consideran que estarán aún mejor en 2018. Hay, además, una positiva sintonía entre la demanda social de castigo a los corruptos y el discurso del Presidente, quien ha aprovechado cada acto público o encuentro con empresarios y periodistas de las últimas semanas para subrayar su empeño por terminar con los "comportamientos mafiosos".

No son pocas, sin embargo, las dudas que surgen a la hora de predecir qué hará Macri con el poder con el que emergerá tras las elecciones. Varios dilemas atosigan a los actores económicos. ¿Implicará la lucha contra las mafias gremiales un proceso de reformas profundas o se agotará en una simple serie de actos para domar al sindicalismo? ¿Seguirán importantes funcionarios empeñados en que la Justicia no termine de liquidar a Cristina Kirchner antes de que se cumplan ciertos tiempos políticos? ¿Cómo reaccionaría ante esto Elisa Carrió? Finalmente, ¿habrá un ajuste de la política por la vía de una ejemplar reducción del gasto público?

Detrás de las detenciones de los sindicalistas Omar "Caballo" Suárez y Juan Pablo "Pata" Medina hay puntos en común. Ambos han sido acusados por extorsión, asociación ilícita y empleo de métodos violentos. Pero la característica más relevante para el Gobierno es que, en los dos casos, la prepotencia sindical era un obstáculo para el desenvolvimiento de las empresas y la economía. La denuncia presidencial contra el empresario naviero Miguel Doñate, acusado de retrasar la llegada de buques a los puertos y de exigir sobrecostos en efectivo, va en igual sentido. No pocos observadores del mundo empresarial se preguntan si el Gobierno se animará a denunciar actitudes semejantes que caracterizarían al gremio camionero, que lideran Hugo y Pablo Moyano, y que también afectarían sensiblemente el llamado "costo argentino", encareciendo innecesariamente la logística. Es cierto que deberían ser los empresarios quienes los denuncien públicamente. Pero, en la Argentina actual, esto no parece posible sin garantías de una firme decisión política para acompañar eventuales denuncias. Lo ocurrido recientemente con el gremio de la construcción en La Plata es un ejemplo: nada de lo que pasó hubiese sido posible sin una conjunción de...