Diez años sin defensor del pueblo

La última vez que la Argentina tuvo defensor del pueblo de la Nación fue hace diez años, cuando el entonces titular de esa dependencia, Eduardo Mondino, renunció al cargo.La demora en reemplazarlo resulta incomprensible teniendo en cuenta la importancia que otorgaron a esa figura los convencionales reformadores de la Constitución de 1994, quienes determinaron que el ombudsman nacional fuera el defensor y protector de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados por la Ley Fundamental y por el resto de la normativa, ante hechos, actos u omisiones de la administración pública. Sin duda, una figura clave.A lo largo de toda esa década se sucedieron intentos aislados por ocupar el puesto que dejó vacante Mondino. Ciertamente, se barajaron algunos nombres de posibles candidatos, muchos de ellos para el olvido, ya que fueron propuestos por sucesivos gobiernos con la evidente intención de cooptar a esos funcionarios para que no se constituyesen en una piedra en los zapatos del poder de turno requiriendo explicaciones, reclamando cumplimientos o exigiendo cambios. Una actitud mezquina de parte de una dirigencia política que no admite que nada ni nadie la controle, aunque hacia afuera hable de institucionalidad, transparencia, rendición de cuentas, república y democracia.La elección del defensor del pueblo debe realizarla el Congreso. Requiere de los votos de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las cámaras, una mayoría especial que reafirma cuán trascendente resulta esa figura para el país.Si los intentos de nominarlo fueron aislados, hay que decir que los consensos resultaron nulos. Y esa desidia habla muy mal de las prioridades de quienes tienen a su cargo la delicada labor de sancionar las leyes de la Nación.Hace un par de semanas, apenas transcurridos los comicios generales que dieron ganador al Frente de Todos para la presidencia de la Nación, la cuestión volvió a estar en agenda pero, lamentablemente, por muy poco tiempo. Una burda jugada política, más que un interés genuino por enmendar una prolongada y grosera omisión constitucional, hizo volver el tema nuevamente a foja cero. Y nada indica que vaya a ser tratado este año, cuando resta menos de un mes para que concluya el actual período ordinario de sesiones.La demora en esa designación, de por sí grave, tiene un condimento que la torna todavía más inaceptable: hace tres años, cuando habían pasado siete sin un funcionario a cargo de la...