Dictamen Nº 1263/2007 de la Oficina Nacional de Empleo Público

Fecha de la disposición: 7 de Mayo de 2008
 
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2.3. El Grupo Técnico de Fortalecimiento de Dependencias Jurídicas y Administrativas del Ministerio de Economía para la Cancelación de Obligaciones del Tesoro Nacional cuestionó la liquidación practicada por el interesado, por considerar que el método de cálculo de intereses efectuado importaba la producción de anatocismo con incidencia en el orden de los $ 8.400.000.-, lo que resultaba inaceptable (v. fs. 525/527).

2.4.Tras un improductivo período de casi cuatro años (mes de septiembre de 2003 al mes de diciembre de 2007, v. fs. 532/533 y 608/612) --en el que incluso, falleció el interesado-- tomó intervención esa Dirección General de Asuntos Jurídicos, expidiéndose sobre el modo de cancelación de la suma adeudada, ahora al cesionario del difunto (Sr. Julio Manuel Barán, v. fs. 593/595).

En tal sentido, y con cita de precedentes similares cuyas copias acompañó a fojas 613/621, destacó que en los casos como el de autos, en el que se trataba de una deuda no alcanzada por el artículo 1º de la Ley Nº 23.982, sino por el artículo 2º del Decreto Nº 211/92, en la que los Bonos que esta última norma establecía como moneda de pago ya habían amortizado en el año 2000 y en los que los acreedores no habían ejercido la opción de recibir BonosdeConsolidaciónantesdelaentradaenvigenciadelaLeydePresupuestoparaelEjercicio2004Nº 25.827, dicha deuda debía ser cancelada en pesos.

En cuanto a la cuantificación de la deuda (anterior al 31 de marzo de 1991), expresó que partiendo de la liquidación ya conformada por las autoridades intervinientes (v.fs. 155/160), practicada al 1 de abril de 1990 --en la que se aplicaron los incisos a) y b) del artículo 2º de la Ley Nº 21.391 en un todo de acuerdo a las disposiciones contenidas en el artículo 8º del citado Decreto Nº 211/92--, a los efectos del cálculo debía continuar aplicándose las normas de la citada Ley Nº 21.391 hasta el 1º de abril de 1991, fecha en que a partir de la entrada en vigencia de la Ley Nº 23.928 (art. 7) se prohibió todo tipo de actualización monetaria, correspondiendo entonces sólo la aplicación de la tasa de interés correspondiente desde ese momento hasta la fecha del efectivo pago.

Debido al interés económico comprometido, se solicitó nuevamente la intervención de esta Casa (v.fs. 608/621).

-- II -ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN CONCLUSIÓN 1. Completada del modo que antecede la reseña de las constancias de la causa, observo que la intervenciónqueahorasemepidenoserelacionaconunacuestiónquemotiveunacontroversiadecriteriosentre las dependencias administrativas actuantes, sino que se me consulta puntualmente con motivo de la adopción de una decisión (liquidación a practicar) que se estima de relevante significación económica en los términos del artículo 92 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72, T.O. 1991.

  1. Efectuada dicha aclaración debo advertir que esta Casa ha sostenido que su asesoramiento no entra a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por resultar ello ajeno a su competencia. Su función asesora se encuentra restringida al análisis de las cuestiones de Derecho y su aplicación al caso concreto, quedando libradas las apreciaciones sobre cuestiones técnicas a la autoridad administrativa con competencia en la materia (Dictámenes 245:359; 245:381; 259:134, 233, entre otros).

    También ha opinado que no se pronuncia sobre aspectos técnicos, financieros o económicos, ni sobre la equidad o inequidad de las fórmulas contractuales o respecto de cuestiones de oportunidad política, por ser ajenos a su competencia funcional (Dictámenes 321/06; 259:129).

    Con dichas premisas, paso a emitir opinión jurídica sobre el tema que puntualmente se me consulta.

    En primer lugar, debe tenerse en cuenta que, conforme surge de fojas 4, 189, 399, 481, 513 y 608 vta., la deuda de autos se encuentra alcanzada por el artículo 2º del Decreto Nº 211/92.Consecuentemente, la determinación de su monto se halla reglada por el artículo 8º, inciso a) del mismo decreto.

    ), mediante la entrega de los Bonos allí indicados, con fecha de emisión el 1 de abril de 1990 y un plazo de vigencia de 10 años.

    La determinación del monto de las obligaciones a que se refiere el presente, se efectuará de conformidad con el régimen que a continuación se establece:

    1. La deuda cuya forma de pago se dispone por el artículo 2º del presente Decreto, se calculará hasta el 1 de abril de 1990 con el Régimen de Actualización y/o Intereses que correspondan de acuerdo a las condiciones pactadas o a las disposiciones legalesaplicablesenausenciadelasanteriores, enelcaso, el régimen de actualización previsto por la Ley Nº 21.391 (el destacado en negrita me pertenece).

  2. Ahora bien, tal como se pone de manifiesto a fs. 608/621 (específicamente a fs. 611), la amortización o el vencimiento del plazo de los bonos con los que se debía cancelar la deuda en cuestión operó en el año 2000.

    De otro lado, la Ley de Convertibilidad Nº 23.928 vedó la posibilidad de efectuar actualizaciones monetarias, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas con posterioridad al 1 de abril de 1991.

    Sobre el punto la Dirección Nacional de Dictámenes de esta Procuración delTesoro, actuando como servicio jurídico del entonces Ministerio de Infraestructura yVivienda, ha dicho que los artículos 7º y 10 de la citada Ley de Convertibilidad establecen la prohibición e inaplicabilidad de las disposiciones contractuales o convencionales que contravengan lo dispuesto; comprendiendo a todo tipo de convenio o contrato que prevea la indexación cualquiera que sea la causa, haya o no mora del deudor (v. Dictamen M.I.V. Nº 153, del 5 de mayo de 2000).

    Tales conclusiones alcanzarían, en principio, a la deuda cuyo pago se solicita en autos, la que, conforme surge de la Ley Nº 21.391, se regía por el mecanismo de actualización allí previsto.

  3. Teniendo en cuenta lo expuesto y dadas las complejidades y particularidades que singularizan el caso, no encuentro obstáculos para que, como propone el servicio jurídico del Ministerio de Economía y Producción, la deuda sea cancelada en efectivo --cumplimentándose, claro está, los recaudos exigidos para ello--.

    Tampoco merece objeción alguna la aplicación del...

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