Dictamen 1943/05

Fecha de la disposición:24 de Enero de 2007
 
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Segunda Sección BOLETIN OFICIAL Nº 31.080 18Miércoles 24 de enero de 2007

b) Obviamente no se acompañó el convenio entre el titular de la servidumbre y el propietario del inmueble destinado a acordar la indemnización, dado que no existió y es la falta de pago de tal indemnización lo que motiva este reclamo.

c) No resulta de autos que se hayan iniciado acciones judiciales destinadas a fijar la indemnización, lo cual, en rigor, se encuentra previsto en el artículo 10 para el supuesto de no mediar acuerdo entre el titular de la servidumbre y el propietario del fundo, y cabe presumir que tampoco hubo negociaciones en tal sentido.

d) No se ha agregado actuación alguna que acredite la existencia de una acción judicial dirigida a obtener la autorización, a favor de la ex HIDRONOR S.A. o de TRANSENER S.A., para acceder al predio de la reclamante, tal como lo prevé el artículo 8º de la Ley Nº 19.552.

e) Tampoco resulta de estas actuaciones que dicha autorización haya sido otorgada por el mismo propietario.

  1. Sobre la base de lo precedentemente expuesto, corresponde examinar el fondo de la consulta.

    A tal fin, abordaré separadamente lo atinente a la prescripción contenida en el Código Civil, y la caducidad y la prescripción previstas en la Ley Nº 24.447.

  2. Acerca de la primera de las cuestiones planteadas, adelanto que, a mi entender, no corresponde su aplicación.

    si hubiere mediado acuerdo entre el propietario y el titular de la servidumbre, una vez formalizado el respectivo convenio a título gratuito u oneroso o, en su defecto, una vez abonada la indemnización que se fije judicialmente (v. art. 14 de la Ley Nº 19.552), lo cual supone el cumplimiento previo con la notificación fehaciente a la que alude el artículo 8º del mismo cuerpo legal, y nada de esto se cumplió.

    En este sentido, resulta sustancial, dentro del régimen contemplado en la Ley Nº 19.552, la notificación fehaciente al propietario del predio afectado por la servidumbre y su incumplimiento resulta decisivo para sellar la suerte de la cuestión.

    En primer lugar, aun cuando su mención pueda considerarse baladí, no resulta casual que, en la economía de la Ley Nº 19.552, la notificación deba efectuarse luego de la aprobación de los planos de las obras.

    Ello, por cuanto el acto administrativo emitido por la autoridad competente no sólo importa --en los términos de la ley-- la afectación legal del predio a la servidumbre, sino que además fija --como en la especie-- las restricciones y limitaciones que deberá soportar el dueño del inmueble en el ejercicio de su derecho de propiedad.

    En consecuencia, no cabe duda que dicha notificación resulta vital en el procedimiento de constitución de la servidumbre.

    Pero además, recién con la notificación fehaciente de la resolución el titular dominial del inmueble estará en condiciones de ejercer las acciones que considere le asisten en defensa de su derecho de propiedad, toda vez que sólo en ese momento tendrá conocimiento legal y cierto de los alcances de las restricciones que deberá soportar, como consecuencia de la afectación de su inmueble a la servidumbre de electroducto.

    En tal sentido, debe repararse en que, en tanto no se dicta la resolución por la autoridad competente, no sólo no existe afectación sino que, incluso, aquélla podría modificar las restricciones dominiales --sea reduciéndolas o ampliándolas--, por lo cual el titular del predio sólo estará en condiciones de accionar y de reclamar la debida indemnización recién cuando exista certeza acerca de la porción de afectación de su inmueble y los alcances de las restricciones que sufrirá; máxime, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 9°, en sus dos incisos, acerca de los aspectos a considerar para determinar la indemnización pertinente.

    Tal certeza, a mi juicio, deriva de la notificación fehaciente de la resolución emitida por la autoridad competente, en los términos establecidos por la Ley Nº 19.552.

  3. Sentada la conclusión precedente, debo recordar que esta Casa ha dicho que la iniciación del curso de la prescripción se produce desde el instante en que el derecho está amparado con una pretensión demandable que posibilite a su titular hacer valer el poder jurídico que el ordenamiento legal otorga, es decir, desde el momento en que el acreedor tiene expedita su acción para demandar la cesación de la conducta contraria a derecho, el pago o, según el caso, la pretensión que corresponda (v. Dictámenes 243:389).

    A la luz de la doctrina citada, y en el marco del régimen de la Ley Nº 19.552, forzoso es concluir que el punto de partida para contar el plazo de prescripción de la acción del titular dominial para demandar, sea impugnando la resolución por el grado de afectación del inmueble o reclamando la indemnización que la Ley Nº 19.552 le reconoce, no es otro que la notificación del acto administrativo previsto en el artículo 4º del cuerpo legal en estudio.

    Desde esta perspectiva, pues, dado que a la fecha aún...

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