Dictadura, democratización y políticas penales: campos carcelarios de Argentina y Chile

• Autor: Paul Hathazy
• Páginas: 127-151

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Dictadura, democratización y políticas penales:

campos carcelarios de Argentina y Chile

Paul Hathazy

I. Políticas de encarcelamien to en democracia y campos

carcelarios

En las tres últimas décadas, entre 1990 y 2010, los sistemas penales de

Chile y Argentina han incrementado el número de la población carcelaria

en términos absolutos y relativos. Sin embargo, la evolución en el uso

del castigo de prisión en ambos casos ha sido distinta. Por un lado, en

ambos casos la transición a la democracia produce una disminución en la

población carcelaria, pero por el otro, el regreso a un crecimien to carce-

lario es más rápido en Chile que en Argentina (ver Fig. 1). En el caso de

Argentina, encontramos relativa estabilidad en la tasa de encarcelamien to

entre 1972 hasta 1992, donde tras una reducción importante inmedia-

tamente posterior a la transición de nes de 1983, solo se supera el número

de encarcelados de 1972 en 1996. Aquí la transición democrática redujo

el uso de la cárcel y esta orientación duró casi una década. En Chile, tras

una estabilidad en la primer década de dictadura 1973-1982, el número

de encarcelados comienza a crecer a principios de la década de 1980,

en plena dictadura, luego se reduce el número de encarcelados en la

transición democrática entre 1990 y 1992, y desde 1993 vuelve seguir

ascendiendo acelerándose tras 2005.

Voy a argumentar que estas diferencias en el uso del castigo peniten-

ciario en el período pos-autoritario reejan diferencias en los modos que

las transformaciones políticas producidas por la apertura democrática en

términos de modalidades de la transición, reconstitución del sistema de

actores políticos, programas de gobierno y movilización política de presos

comunes, impactaron en el sistema de poder del campo carcelario, en

particular la autoridad de distintos tipos de expertos, y a través de ellos, las

concepciones sobre la legitimidad del castigo carcelario en democracia, y

las políticas adoptadas en tornos al uso de la prisión.

Para explicar la evolución de las políticas de encarcelamien to en la pos-

transición en Argentina y Chile (1980-2000), ubico su producción en lo

que llamo “los campos carcelarios”, que se denen aquí como el espacio

de posiciones y luchas donde los diferentes agentes con capitales buro-

cráticos, políticos, jurídicos, académicos y periodísticos compiten por la

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autoridad para determinar prioridades y políticas de castigo (Page, 2007, 34).

El campo carcelario se encuentra en la intersección del sector penal

del campo burocrático (Bourdieu, 1992), el político (Bourdieu, 2001), los

campos jurídicos (Bourdieu, 1987); y linda con los campos académicos,

periodísticos y económicos. Este campo se constituye con la consolidación

de un sistema penitenciario en el ámbito estatal, que se enfoca en el castigo

y la corrección de los internos en lugar de mero secuestro y connamien to.

Este cambio es correlativo a la creación de puestos cuyos ocupantes no

se orientan hacia estándares políticos, militares o judiciales, sino también

hacia nes especícamente correccionales.

Figura 1. Población penal en prisiones de Chile y Argentina

(Sistema Federal y Provincia de Buenos Aires) (1972-2010)

Fuentes: Dirección Nacional de Política Criminal, CELS (2005) y Ministerio de Justicia de Chile

Las posiciones en el campo carcelario se organizan jerárquicamente (eje

vertical) de acuerdo con el control de la autoridad sobre las políticas y

prioridades de castigo. Con la proliferación de conocimien tos penológicos,

el espacio se organiza de manera lateral (eje horizontal) por la oposición

entre un polo más autónomo, donde los agentes se orientan hacia visiones

e intereses penológicos que van desde modelos de disciplina pura a la reha-

bilitación, y un polo heterónomo, donde los agentes como el Gobierno, la

prensa, o los contratistas privados se orientan hacia preocupaciones extra-

penológicas, es decir, el orden de la prisión y la seguridad en general. Las

relaciones de poder existentes en el campo y el orden simbólico median

las demandas de los agentes del sector del campo político y agencias ex-

ternas (es decir, los militares, los mercados, la prensa, el campo político