Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Ix, 27 de Febrero de 2018, expediente CNT 035153/2015/CA001

Fecha de Resolución27 de Febrero de 2018
EmisorCámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Ix

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA IX Causa N°: 35153/2015 - DIAZ, Y.M. c/ SWISS MEDICAL ART S.A. s/ACCIDENTE - LEY ESPECIAL Buenos Aires, 27 de febrero de 2018.

se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. R.C.P. dijo:

  1. La sentencia de primera instancia de fs. 126/8 que rechazó la demanda ha sido apelada por la parte actora, a mérito del recurso que luce agregado a fs. 129/31. Dicho recurso mereció réplica de la aseguradora a fs. 136 y vta. El letrado de la parte actora cuestiona sus honorarios por entenderlos bajos (v. fs. 130, punto IV).

  2. El recurso de apelación interpuesto por la parte actora, de prosperar mi voto, ha de obtener favorable recepción en lo principal.

    Arriba firme a esta Sede la conclusión vertida en la sentencia de origen a fs. 196/vta. en cuanto a que “La aseguradora ha reconocido tanto la existencia de cobertura como la denuncia del infortunio (fs. 35 vta.), razón por la que sólo corresponde analizar si existe incapacidad que pueda serle causalmente atribuida (art. 6 dto 717/96).

    En ese contexto, en la instancia anterior se concluyó que si bien de la pericia médica surge que la reclamante padece un 30% de incapacidad por Reacción por estrés postraumático severo grado IV el juzgador concluyó que es notoriamente excesivo dicho porcentual y que del análisis realizado por el especialista no se comprende cómo llegó a tal conclusión.

    También se estableció en origen que si bien la actora vivió un episodio psicológicamente traumático el 29 de agosto de 2014 al sufrir un asalto en el colectivo en el que se dirigía hacia su trabajo perpetrado por dos individuos de sexo masculino armados quienes efectuaron disparos, la incapacidad que padece resulta encuadrable con una Reacción Vivencial Anormal Fecha de firma: 27/02/2018 Alta en sistema: 02/03/2018 Firmado por: A.E.B., JUEZ DE CAMARA - SALA IX Firmado por: MARIO SILVIO FERA, JUEZ DE CAMARA - SALA IX Firmado por: R.C.P., JUEZ DE CAMARA - SALA IX #27082136#199757309#20180227121345605 Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA IX Neurótica Grado I (0% de incapacidad) de modo que rechazó la demanda en todas sus partes.

    Aun cuando concuerdo con el análisis efectuado por el Sr. magistrado de grado en cuanto a que el diagnostico de Reacción por estrés postraumático severo grado IV con un 30% de incapacidad es excesivo, disiento – respetuosamente por cierto – con la conclusión vertida en origen en torno a que sólo padece una Reacción Vivencial Anormal Neurótica Grado I que no otorga incapacidad indemnizable (0%) de acuerdo a lo que surge del baremo de la LRT.

    En primer lugar es dable señalar que el juzgador puede apartarse en todo o en parte del dictamen pericial, siempre que encuentre fundamentos para hacerlo (art. 386 CPCCN) ya que la vinculación causal entre el daño sufrido y el evento dañoso tenido por cierto corresponde a la órbita jurídica y se trata de una facultad exclusiva del juzgador.

    Es importante destacar que, como se indicó en la sentencia de grado y surge palmariamente de las constancias de autos, la Sra. D. padeció una situación violenta mientras se dirigía hacia el trabajo en ocasión de sufrir el accidente “in itinere” señalado anteriormente.

    En ese sentido, del informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo obrante a fs.

    62/6 (v. especialmente fs. 64) en el detalle del accidente sufrido por la accionante reza lo siguiente:

    Agresión con armas

    .

    Señalo en primer lugar que el propio apelante sostiene en su recurso que – en principio –

    podría admitirse algún tipo de reducción en el porcentaje de incapacidad justipreciado por el perito médico.

    De conformidad con lo establecido en el baremo de la ley 24557 (decreto 659/96) en la Reacción Vivencial Anormal Neurótica (neurosis) grado II se acentúan los rasgos de la personalidad de base, no presentan alteraciones en el pensamiento, concentración o memoria. Necesitan a veces algún tipo de tratamiento medicamentoso o psicoterapéutico.

    Fecha de firma: 27/02/2018 Alta en sistema: 02/03/2018 Firmado por: A.E.B., JUEZ DE CAMARA - SALA IX Firmado por: MARIO SILVIO FERA, JUEZ DE CAMARA - SALA IX Firmado por: R.C.P., JUEZ DE CAMARA - SALA IX #27082136#199757309#20180227121345605 Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA IX Del informe médico de autos resulta que no se observan indicadores de patología psicótica ni de un posible compromiso orgánico de etiología neurológica asociado al cuadro psicopatológico y no se evidencian signos de simulación o sobre simulación en el curso de la evaluación realizada. Debe tenerse en cuenta en el aspecto referido que desde el violento asalto hasta la pericia médica de fs. 91/101 (v. además fs. 106/7)

    transcurrieron casi dos años y que no se observa signo de simulación alguno como indicó el experto en la materia.

    Aun cuando en la pericia se indica que por medio de un tratamiento adecuado podría lograrse una mejoría del cuadro de la trabajadora dicha circunstancia constituiría un hecho futuro, eventual e incierto por lo que no resulta determinante lo referido por el profesional de la salud en este aspecto.

    En el andarivel recorrido, considero que el violento asalto sufrido por la señora Y.D. el 22 de agosto de 2014 mientras se dirigía a su trabajo le generó de manera directa una Reacción Vivencial Anormal Neurótica Grado II que le provoca una incapacidad parcial y permanente del orden del 10% de la total obrera, por lo que propongo hacer lugar a la demanda con el alcance expuesto.

  3. La indemnización fundada en el artículo 14 de la L.R.T. asciende a la suma de $

    113.908,93 (Pesos ciento trece mil novecientos ocho con noventa y tres centavos) que surge del siguiente cómputo (65/36 x 53 x I.B.M. de $ 11.940,14 – v.

    informe de la AFIP obrante a fs. 55 x 10%).

  4. En cambio, el pedido de condena por tratamiento psicológico de rehabilitación ha de ser desestimado.

    Es dable recordar que el artículo 65 de la ley 18.345 exige “la cosa demandada” y requiere que se la designe con precisión y se expliquen claramente los hechos en los que se funde el reclamo (conf. incs.

    3 y 4 art. 65 cit.), extremo que no se cumple en el escrito de inicio.

    Fecha de firma: 27/02/2018 Alta en sistema: 02/03/2018 Firmado por: A.E.B., JUEZ DE CAMARA - SALA IX Firmado por: MARIO SILVIO FERA, JUEZ DE CAMARA - SALA IX Firmado por: R.C.P., JUEZ DE CAMARA - SALA IX #27082136#199757309#20180227121345605 Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA IX En dicho marco, el rubro mencionado constituye una cuestión que no ha sido articulada de manera oportuna por la parte interesada, por lo que su tratamiento en esta instancia resultaría innovativo y contrario a razones de congruencia y al derecho de defensa en juicio (art. 277, CPCCN y 18, Constitución Nacional), de modo que en ese contexto propicio este disenso.

  5. La parte actora en la demanda (v. fs.

    8/vta. y sigs.) solicita que se aplique el índice RIPTE sobre el capital de condena conforme lo establecido en el artículo 17 de la ley 26.773 y que se declare la inconstitucionalidad del artículo 17 del decreto 472/2014.

    Asiste razón en lo sustancial a la parte actora en lo que concierne a la solicitud referido de acuerdo a los fundamentos y en la medida que seguidamente expondré.

    De las constancias de autos resulta que el accidente padecido por la Sra. D. data del 29 de agosto de 2014, es decir, encontrándose plenamente vigente la ley 26.773 que entró en vigencia el 26 de octubre de 2012.

    Considero que en el supuesto de no aplicarse la actualización del índice RIPTE sobre el capital de condena se da un agravio constitucional referido al derecho de propiedad (art. 17 C.N.) o no confiscatoriedad.

    Sabido es que en la materia particular de secuelas por accidentes de trabajo, se tratan de daños que solo pueden ser compensados mediante una indemnización, pero que jamás serán recuperados (cfe.

    considerandos del P. 169 “Alegre Cornelio c/Manufactura”), por lo que la reparación debe ser suficiente para que la persona del trabajador que se encuentra con esa disminución que sufrirá de por vida, pueda continuar adelante su proyecto de vida y ser un cauce de su libertad para que pueda alcanzar el destino que se propone (CSJN, caso “A.”).

    Ahora bien, cabe preguntarse si se puede sostener válidamente que en el caso de una trabajadora Fecha de firma: 27/02/2018 Alta en sistema: 02/03/2018 Firmado por: A.E.B., JUEZ DE CAMARA - SALA IX Firmado por: MARIO SILVIO FERA, JUEZ DE CAMARA - SALA IX Firmado por: R.C.P., JUEZ DE CAMARA - SALA IX #27082136#199757309#20180227121345605 Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA IX que padece realmente de un 10% de incapacidad, se pueda considerar justa una indemnización que sin el ajuste representa la suma de $ 113.908,93 (Pesos ciento trece mil novecientos ocho con noventa y tres centavos)

    cuando por la aplicación del índice RIPTE que la nueva ley creó para adecuar las reparaciones debió haber percibido la suma de $ 280.215,96 (índice de 2,46 que resulta del cotejo del coeficiente de noviembre de 2017, último publicado por el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de 2.992,14 y el correspondiente al mes de la fecha del infortunio –

    agosto de 2014, de 1.215,18).

    Como se ve, si no se aplicase el RIPTE al caso de autos, importa a los fines de la reparación, una reducción mayor al 33% de lo que en este sentido le hubiese correspondido, por lo que deja de ser justa, lo que a la luz de la doctrina del fallo V. de la CSJN representa una notable confiscatoriedad, por lo que en el caso de autos, la aplicación lisa y llana de la cláusula 5) del art. 17 de la ley 26773 deviene confiscatoria e inconstitucional por ser violatoria del derecho de propiedad reconocido en el art 17 de la C.N.

    En el marco de un Estado Social de Derecho, los jueces, deben tener en cuenta el principio “pro hómine” que emana de la propia Constitución Nacional y de...

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