Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Ii, 6 de Diciembre de 2021, expediente CNT 026575/2014/CA002

Fecha de Resolución 6 de Diciembre de 2021
EmisorCámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Ii

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -

SALA II

SENTENCIA DEFINITIVA SALA II

EXPEDIENTE Nº: 26.575/2014 (JUZG. Nº 4)

AUTOS: "DIAZ, C.A. c/ CENTRO GALLEGO DE BUENOS

AIRES MUTUALIDAD CULTURA Y ACCION SOCIAL s/ DESPIDO”

VISTO

Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, luego de deliberar a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, los integrantes de la S.I., practicado el sorteo pertinente, en la fecha de firma indicada al pie de la presente proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

La Dra. A.E.G.V. dijo:

  1. Contra la sentencia de primera instancia dictada el día 03/09/2021, que hizo lugar a la demanda e impuso las costas a cargo de la accionada, se alzan la parte actora, la demandada Centro Gallego de Buenos Aires Mutualidad, Cultura y Acción Social (en adelante, “Centro Gallego”) y la tercera citada Fundación Galicia Saúde, a tenor de sus respectivos memoriales que obran en las actuaciones digitales, con réplica del demandante.

    II) Arriba fuera de discusión a esta Alzada, que C.A.D. se desempeñó

    como médico especialista en medicina del trabajo en el sanatorio que hoy explota Centro Gallego en la Av. Belgrano 2199 de esta ciudad, desde el 03/03/2003 hasta el 17/01/2014,

    cuando la institución le comunicó epistolarmente que prescindiría de sus servicios, a tenor del siguiente texto: “… le notificamos que por razones de reestructuración de la contratación de servicios con otros proveedores externos, hemos decidido rescindir el contrato de prestación de servicios de control médico del personal que mantuviéramos con Uds., a partir de la fecha de recepción de la presente…” (CD N° 409370477 del 17/01/2014, ratificada por el Correo a fs. 488/497).

    La Sra. Jueza a quo concluyó que el vínculo habido entre los litigantes, no se trató

    de una “locación de servicios” regida por el derecho civil (como indicó la demandada en su responde), sino de un contrato de naturaleza laboral regulado por la LCT.

    Consecuentemente, y tras colegir que no se encuentran acreditadas las “razones de reestructuración de la contratación de servicios” que se invocó en el cablegráfico resolutorio, juzgó injustificada la decisión extintiva adoptada por la accionada e hizo lugar a las indemnizaciones correspondientes a un despido incausado (arts. 232, 233 y 245 de la LCT).

    Contra tales determinaciones se queja la requerida, quien sostiene que, una recta valoración de las constancias del expediente, demostraría que D. no prestó servicios en el marco de un típico contrato de trabajo, sino a propia cuenta y riesgo en su calidad de profesional independiente.

    Fecha de firma: 06/12/2021

  2. en sistema: 07/12/2021

    Firmado por: A.E.G.V., JUEZA DE CAMARA

    Firmado por: J.S.R., SECRETARIO DE CAMARA

    Firmado por: J.A.S., JUEZ DE CAMARA

    Ahora bien, en función de los términos de la litis contestatio, y reconocida por la demandada la prestación de servicios de D. en el marco de su actividad empresaria (arg.

    art. 5 LCT), no puede escaparse que, en la especie, entra en juego la presunción iuris tantum que establece el art. 23 de la LCT en favor de la existencia de la relación de trabajo que el actor denunció en el inicio en sustento de sus pretensiones, por lo que correspondía a la accionada aportar los elementos de juicio que permitan desplazar sus efectos con la corroboración de que el lazo que mantuvo con el accionante, no obedeció a un contrato de índole laboral, sino a una “locación de servicios” ajena a la normativa del derecho del trabajo, según señalara en su responde.

    Al respecto, debe ponerse de resalto, liminarmente, que la calidad de médico profesional en la que hace hincapié la apelante, no obsta a la aplicación de la mentada presunción en el entendimiento de que, como lo sostiene la jurisprudencia más actualizada,

    las tradicionales profesiones liberales han sufrido sensibles modificaciones en su desenvolvimiento e inserción en el cambio social, pudiendo afirmarse que la excepcionalidad que antes se asignaba al desempeño como dependiente de personas con esa capacitación o habilitación, hoy ya es un fenómeno común, por lo que la sola circunstancia de que el actor sea un profesional del arte de curar, no permite inferir, per se,

    que no haya podido estar bajo las órdenes de la demandada (ver, sobre el punto, CNAT,

    S.I., S.D. N° 89.421 del 08/06/2001 in re “L., P. c/ P.R., H.M. y otro s/ despido” y S.D. N° 96.531 del 30/03/2009 en autos “T., G.P. c/

    Asociación Francesa Filantrópica y de beneficencia s/ despido”; entre muchos otros).

    Sentado lo que precede, me parece oportuno recordar que, en el ámbito del Derecho del Trabajo, rige con vigor el principio de primacía de la realidad, al que Plá

    Rodríguez definió diciendo que "… significa que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que ocurre en el terreno de los hechos" (Los Principios del Derecho del Trabajo, Editorial Depalma, 3ra. edición, Bs. As., 1998 p. 313) y ello es así

    pues, el contrato de trabajo, encuadra en lo que De La Cueva identificó como un "contrato realidad" (Derecho Mexicano del Trabajo, Editorial Porrúa SA, México, 1973, Tomo I, p.

    383). Este principio del derecho material no puede ser soslayado por la acreditación de algunas formalidades menores (extensión de facturas e inscripción impositiva del trabajador), ya que no advierto que, más allá de aquéllas, la accionada haya acreditado la verdadera existencia de un contrato de “locación de servicios” regido por el derecho consuetudinario.

    En esta ilación, aún cuando se hayan instrumentado las condiciones de la alegada contratación no-laboral del actor, ello habría sido insuficiente, por sí sólo, para obviar el carácter dependiente del vínculo, porque la calificación en esta materia es de orden público absoluto y es extraña a la mera voluntad de las partes contratantes.

    Claro resulta a esta altura del desarrollo del derecho laboral, que sus fines tutelares...

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