Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 2 de Junio de 2023, expediente CAF 011967/2023/CA001

Fecha de Resolución 2 de Junio de 2023
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala II

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

SALA II

Expte. Nº 11.967/23

Buenos Aires, 2 de junio de 2023.-

VISTOS: estos autos caratulados “Di Lullo, R.Á. c/Mº

Justicia y DD.HH. (Exp. 2541/15) s/indemnizaciones – ley 24.043

art. 3º” y CONSIDERANDO:

  1. Que, por Resolución Nº RESOL-2021-1250-APN-MJ, el Sr.

    Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación denegó el beneficio previsto por la Ley Nº 24.043 y sus modificatorias -reglamentado por el Decreto Nº 1023/92 y su modificatorio- que solicitara el Sr. R.Á.D.L. (conf. Expediente Administrativo - Parte 2, págs. 135/139

    del archivo en formato “pdf”; en esp. art. 1º).

    Para así decidir, invocó las razones expresadas por la Secretaría de Derechos Humanos de esa cartera ministerial (cfr. E..

    Adm. Parte 2, págs. 79/97), según las cuales se concluyó que la situación del peticionante no guardaba una ‘analogía sustancial’ con el precedente “Y. de Vaca Narvaja”, en los términos de la Resolución 2016-670-E-

    APN-MJ.

    Ello así puesto que, por un lado, dicha Secretaría advirtió que lo único que pudo corroborarse fue que el peticionante fue suspendido de su actividad académica universitaria, dándosele de baja a su cargo a partir del 6/4/76, al encontrarse comprendido por los alcances de las disposciones contenidas en el art. 1° de la Ley 21.260; mas, no obstante ello, estimó que no obraban elementos que permitieran inferir, sin lugar a dudas (sic), la existencia de temor fundado en razones de persecución política, padecida en forma directa y personal por el Sr. D.L..

    De otro lado, puso de relieve que el área de origen había advertido que, al momento en que se dispuso su baja, el solicitante ya se encontraba en el exterior a raíz de una beca que le concediera el gobierno holandés y la O.E.A., “…no siendo la misma [esto es, la baja] motivo por el cual el requirente decidió abandonar el país”.

    A mayor abundamiento, agregó –también con expresa invocación a lo dicho por la mencionada Secretaría– que tampoco surgía del relato del Sr. Di Lullo ni de las constancias aportadas que aquél hubiera tenido necesidad de ser reconocido como “refugiado” por el A.C.N.U.R. A su vez, que el peticionante ingresó y egresó del país en Fecha de firma: 02/06/2023

    Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA 1

    varias oportunidades próximas al período de exilio denunciado, habiendo sorteado sin problemas el exhaustivo control de la D.N.M., lo que demostraba que pudo circular libremente, traspasar fronteras y controles migratorios, efectivizando su salida del país de manera libre y voluntaria.

    Además, remarcó que tampoco podía establecerse el período exacto de exilio, pues no se habían acompañado pasaportes o títulos de viaje que permitieran acreditar la fecha exacta de salida y de primer retorno, como así tampoco su permanencia initerrumpida en el exterior.

    En tales condiciones, consideró que no se envidenciaba la incorporación al expediente administrativo de elemento probatorio alguno con la suficiente entidad como para tener por acreditada la existencia de un temor fundado en el peticionante que en consecuencia lo hubiere forzado a extrañarse del país como única alternativa razonable.

  2. Que, contra lo así decidido, el Sr. D.L. interpuso el recurso judicial directo previsto en el artículo 3º de la ley nº 24.043 (conf.

    expte. adm. Parte 2, págs. 149/162). Cabe aclarar que, con posterioridad,

    con fecha 19/10/21 el aquí accionante presentó un nuevo escrito recursivo bien que en idénticos términos al anterior, por lo que, al margen de su procedencia o improcedencia, cabe estar al primero de ellos (cfr. Parte 2,

    pags. 167/184).

    El recurrente, en definitiva, pretende que se deje sin efecto la Resolución Ministerial que desestimó su pretensión y que, en consecuencia, se le reconozca el derecho a percibir el beneficio previsto en la Ley N° 24.043 “…en el período que va desde la fecha de su baja como docente (…) por Resolución del Delegado Militar en la Universidad Nacional de Tucumán 6 de abril de 1976 hasta diciembre de 1981” (el énfasis fue añadido por el Tribunal, por las razones que se desarrollarán más adelante).

    A tal fin, comienza por reiterar su relato inicial, remarcando que encontrándose ya en Holanda (hoy Países Bajos; de aquí en más así se referirá) con motivo de la beca de estudios obtenida, y tan sólo 12 días después del golpe, el Delegado Militar de la UNT dispuso su baja, lo que,

    conforme ahora agrega y explica, a partir de allí es que comienza a sustentarse su reclamo, pues cuando un delegado militar de una Universidad decidía la suspensión/cesantía/prohibición de un miembro del Fecha de firma: 02/06/2023

    Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA 2

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    Cuerpo docente “…el mensaje implícito indicaba exilio, muerte, cárcel y/o desaparición”.

    También vuelve a mencionar que, en paralelo, su cuñado P.K. fue secuestrado tras un operativo donde vivía con sus padres,

    siendo liberado a los 15 días; lo que comportó una razón más que suficiente (sic) para que éste hubiera decidido irse de Argentina a vivir consigo y su hermana.

    En función de lo reseñado, sostiene que todo ello dio lugar al temor fundado para no regresar al país sino recién hacia fines de 1981.

    Agrega que los hechos finalmente le dieron la razón, pues a raíz de investigaciones llevadas a adelante, vieron la luz documentos tales como las listas de desaparecidos e informes sobre personas reveladas por J.C. “El Perro” Clemente en el marco de un juicio oral, proceso en el que se evidenció documentación que lo vinculaba al peticionante con la “Cuarta Internacional”, mientras que otro informe acreditó lo sucedido con su cuñado (en este punto, individualiza los pasajes en donde se encontraría la información que avalaría ello).

    Por otro lado, alega que con bastante fortuna y ayuda material pudo permanecer legalmente en el exterior, primero en España (desde agosto de 1976 hasta agosto de 1977) y en Países Bajos (desde septiembre de 1977 hasta Abril de 1981). Explica, en este punto, que en España logró trabajar en estudios de su profesión en Barcelona, mientras que en Países Bajos se postuló para integrar el staff académico de la institución en donde cursó sus estudios, “…siendo aceptado hasta abril de 1981. // Así las cosas, ya sin actividades remunerativas, sin más posibilidades económicas a las que acceder, y habiéndose atenuado los efectos de la represión, la familia regresó a la Argentina”.

    En esa linea, asevera que todo lo narrado se encuentra debidamente acreditado en autos, para lo cual detalla las constancias anejadas a la presente.

    Luego, transcribe aquellos pasajes de la Resolución impugnada que estima como errados.

    Así, en punto a que se le hubiera achacado que al momento de que se dispusiera su “baja” ya se encontraba residiendo en Países Bajos,

    puntualiza que jamás afirmó que hubiera abandonado el país a raíz de la cesantía, sino que, lo que sí fue afirmado es que no regresó al mismo Fecha de firma: 02/06/2023

    Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA 3

    como consecuencia de la medida segregativa, persecutoria e intimidatoria.

    Por otra parte, cuestiona que se hubiera minimizado que la propia autoridad de la UNT invocó, a los efectos del dictado de la medida segregativa, ni más ni menos que el art. 1° de la Ley N° 21.260 pues, en función de su texto, es claro que el Delegado Militar a cargo de la UNT lo consideró como que podía ser subversivo o bien encontrarse vinculado a actividades subversivas, lo cual bien dio lugar al temor fundado invocado.

    Finalmente, sostiene que lo anterior no puede ser considerado como el “único” antecedente corroborado. En tal sentido, reitera lo ya explicado en el recurso en cuestión en lo referente al testimonio brindado por J.C.C. juicio oral antes aludido.

    Por lo demás, remarca que no hace a la procedencia del beneficio la cantidad de hechos sino la calidad de los mismos y entidad de la amenaza (sic), siendo suficiente en el caso su mención como “docente vinculado a actividades subversivas”.

    A su vez, cuestiona que su reclamo hubiera llevado un trámite separado del propio que efectuara su cónyuge, expte. cuyo número denuncia.

    Finalmente, efectúa una reseña de la jurisprudencia que estima como aplicable en la materia.

  3. Que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos elevó el recurso en cuestión y expresó su opinión en el sentido de defender la legitimidad del acto, por lo que solicitó el rechazo de la pretensión del Sr.

    D.L..

    Por lo demás, y en cumplimiento con lo requerido por el Tribunal, por presentación de fecha 4/4/23, el accionante informó, con carácter de declaración jurada, que el único expediente vinculado al reclamo de autos resulta ser el Nº S04:0002542/2015, correspondiente a quien fuera su cónyuge Sra. N.L.K., el que a esa fecha se encontraba pentiende de resolución (ver asimismo formulario adjunto).

    Finalmente, por dictamen del fecha 24/4/23 el Sr. Fiscal General de Cámara se expidió en sentido favorable tanto respecto de la competencia de este Tribunal para conocer en autos como acerca de la admisibilidad formal del recurso en cuestión.

    En ese estado, pasaron los autos al Acuerdo.

    Fecha de firma: 02/06/2023

    Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA 4

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    Expte. Nº 11.967/23

  4. Que, ello sentado, en primer término cabe recordar que la ley nº 24.043 dispuso, en su artículo primero, que tendrán derecho a percibir el beneficio allí establecido: “...las personas que durante...

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