Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala D, 3 de Abril de 2018 (caso DI FONZO, SERGIO AMADEO c/ ASEGURADORA DE RIESGO DEL TRABAJO LIDERAR S.A. s/ORDINARIO)

Fecha de Resolución: 3 de Abril de 2018
Emisor:Camara Comercial - Sala D
 
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Poder Judicial de la Nación Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial SALA D En Buenos Aires, a 3 de abril de 2018, se reúnen los Señores Jueces de la Sala D de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, con el autorizante, para dictar sentencia en la causa “DI FONZO SERGIO AMADEO C/ ASEGURADORA DE RIESGO DEL TRABAJO LIDERAR S.A. S/ ORDINARIO”, registro n° 2260/2015, procedente del JUZGADO N° 15 del fuero (SECRETARIA N° 29), en los cuales como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo previsto por el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden, D.: H., G., V..

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta, el Señor Juez de Cámara, doctor H. dijo:

  1. ) La sentencia de primera instancia hizo lugar al reclamo que el señor S.A.D.F., en su condición de productor de seguros, dirigió contra Aseguradora de Riesgo del Trabajo Liderar S.A. y, en consecuencia, condenó

    a esta última a pagarle -en concepto de comisiones adeudadas de acuerdo al art. 5 de la ley 22.400- la suma de $ 159.330,19 más intereses y costas.

    Rechazó, en cambio, la pretensión del actor de que se aplicase a su adversaria una sanción por litigar en forma temeraria y maliciosa (fs. 341/346).

    Contra esa decisión apelaron ambas partes (fs. 347 y 349, punto 1º). El actor fundó su apelación con el memorial que corre a fs. 369/374, cuyo traslado fue contestado por la demandada a fs. 381/382. Esta última, de su Fecha de firma: 03/04/2018 Alta en sistema: 04/04/2018 Firmado por: P.D.H., JUEZ DE CAMARA Firmado por: G.G.V., JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.R.G., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: JULIO FEDERICO PASSARON, SECRETARIO DE CAMARA #24635009#200880899#20180403082417572 lado, expresó agravios a fs. 376/378, los que fueron resistidos por el demandante a fs. 385/388.

    Existen, asimismo, recursos por los honorarios regulados (fs. 347, 349, punto 2º, 351 y 353).

  2. ) Para dar un correcto orden al desarrollo expositivo del voto, comenzaré por el examen de los agravios de la parte demandada.

    En sus dos primeros agravios, cuestiona dicha recurrente los razonamientos del juez a quo que lo llevaron a concluir que el actor había probado suficientemente la existencia de una acreencia a su favor por comisiones devengadas como productor de seguros y que la legitimación pasiva correspondiente al pago de esa deuda correspondía a ella. Al respecto, cuestiona particularmente el modo en que se ponderó en la instancia anterior cierta constatación notarial así como el resultado de la prueba pericial contable. Asimismo, sostiene no probado vínculo contractual alguno con el actor, como igualmente improcedente que se le haya reconocido un derecho de cobro sobre la base de facturas que no fueron presentadas oportunamente como prueba documental y que tampoco fueron recibidas por su parte.

    Las quejas reseñadas plantean, a mi modo de ver, dos principales cuestiones que son separables: la prueba del contrato y, subsidiariamente, la prueba de la existencia de comisiones pendientes de pago.

    Veamos.

    (a) El vínculo contractual que liga al productor o agente de seguros mencionado por el art. 53 de la ley 17.418 (“asesor directo” o “asesor organizador”) con la empresa de seguros, sea que a dicho sujeto se lo considere un corredor (conf. S., R., Derecho de Seguros, Buenos Aires, 2016, t. I, p. 569, nº 413) o una figura autónoma cercana al agente (conf.

    E., R., El productor-asesor de seguros. Delimitación de su figura jurídica. Responsabilidad que genera su actuación, RDCO 1980, p. 1, espec.

    p. 20), puede acreditarse por todos los medios de prueba a los que se refería el art. 208 del Código de Comercio (conf. S.A., A., A. y productores de seguros – su régimen jurídico – ley 22.400, Buenos Aires, 1981, ps. 62/63, nº 4), o mejor y más actualmente dicho, por todos los medios aptos para llegar Fecha de firma: 03/04/2018 Alta en sistema: 04/04/2018 Firmado por: P.D.H., JUEZ DE CAMARA Firmado por: G.G.V., JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.R.G., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: JULIO FEDERICO PASSARON, SECRETARIO DE CAMARA #24635009#200880899#20180403082417572 a una razonable convicción según las reglas de la sana crítica y con arreglo a lo que disponen las leyes procesales (art. 1019 del Código Civil y Comercial de la Nación).

    Pues bien, el juez a quo refirió como primera prueba favorable al actor el acta notarial agregada a fs. 3/7 por la cual se constató que en la página web de la demandada se obtiene un registro informático según el cual en el “Resumen de cuenta corriente productores del mes de octubre de 2014” surge un saldo actual favorable a aquél de $ 53.942,10.

    Tal acta extraprotocolar de constatación notarial tiene el valor probatorio que le asigna el art. 312 del Código Civil y Comercial de la Nación, o sea, en cuanto aquí interesa, comprueba los hechos que el notario tuvo a la vista, verifica la existencia de ellos y su estado. Con ese alcance, entonces, el acta hace plena fe de los hechos a los que se refiere, de acuerdo a lo previsto por el art. 296 del citado cuerpo legal (conf. L., R., Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Santa Fe – Buenos Aires, 2015, t. II, p.

    220; R., J. y M., G., Código Civil y Comercial de la Nación, comentado, Buenos Aires, 2014, t. I, p. 718).

    Bajo esa perspectiva, no habiéndose alegado la falsedad del acta de constatación referida, debe tenerse por acreditado que, efectivamente, en la página web de la demandada -de cuyos contenidos es ella la única responsable- se reconoce un saldo favorable al actor por su desempeño como productor de seguros. Y ese reconocimiento supone, por lógica y necesaria implicancia, el de la existencia de la relación contractual de la cual emana el saldo (doctrina de esta CNCom. Sala A, 27/3/2002, “P., A. c/ Oíd Mortales S.A. s/ sumario”).

    A todo evento, corrobora la existencia del vínculo contractual la prueba pericial contable (segunda probanza evaluada por el juez a quo como favorable al actor). La experticia, en efecto, comprobó el registro por la demandada en su contabilidad de comisiones abonadas al actor en el lapso precedente al de devengamiento de las reclamadas en autos (fs. 116). En esas condiciones, teniendo en cuenta que los registros contables prueban contra quien los lleva (art. 330, segundo párrafo, del Código Civil y Comercial de la Fecha de firma: 03/04/2018 Nación) y que, en particular, los asientos de los libros del asegurador tienen Alta en sistema: 04/04/2018 Firmado por: P.D.H., JUEZ DE CAMARA Firmado por: G.G.V., JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.R.G., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: JULIO FEDERICO PASSARON, SECRETARIO DE CAMARA #24635009#200880899#20180403082417572 reconocida eficacia para probar la relación contractual con el promotor (conf.

    S.A., A., ob. cit., ps. 63/64, nº 4), no puede entenderse cómo la demandada ha negado y niega ante esta instancia la existencia de un vínculo que resulta de su propia contabilidad.

    En suma, lo postulado por la demandada en el sentido de ser inexistente un vínculo contractual con el actor y, por ende, no estar legitimada frente a su reclamo (fs. 377), no resiste el análisis.

    (b) En lo tocante a la prueba sobre la existencia de comisiones pendientes de pago, corresponde las siguientes precisiones y conclusiones:

    1. Inicialmente el actor reclamó por comisiones devengadas entre febrero de 2014 y diciembre de 2014 (fs. 13 vta.).

      Tal reclamo no se fundó en facturas emitidas y recibidas por la demandada (el escrito de inicio no acompañó ninguna) sino en el ya mencionado saldo que surgía de su página web y que se constató mediante acta notarial (véase especialmente las planillas de fs. 5/7).

      En ese marco, teniendo en cuenta que el referido saldo, resultante de los propios registros informáticos de la demandada, no es más que el reconocimiento suyo de cuanto adeuda al actor, al cual cabe asignarle el carácter de una confesión extrajudicial que ha quedado reflejadas en un documento público no redargüido de falsedad (art. 425 del Código Procesal; Palacio, L., Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, 1984, p. 558, nº 465), no es dudoso que aquella debe pagar al señor Di Fonzo la suma de $ 53.942,10 con imputación al referido periodo.

    2. Posteriormente, el actor amplió su demanda en $ 12.817,74 con imputación a comisiones exigibles a enero de 2015 que dijo devengadas en noviembre y diciembre de 2014 (fs. 23 vta., punto ii).

      ...

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