Sentencia nº ED 153, 99 - JA 1993 IV, 152 - LL 1993 B, 249 - DJBA 144, 93 - AyS 1992 IV, 584 de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 15 de Diciembre de 1992, expediente C 44177

PonenteJuez MERCADER (SD)
PresidenteMercader - San Martín - Negri - Laborde - Rodríguez Villar
Fecha de Resolución15 de Diciembre de 1992
EmisorCorte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

En la ciudad de La Plata, a 15 de diciembre de 1992, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores M., S.M., N., L., R.V., se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa Ac. 44.177, “Dezeo, J.M. contra G., O.H. y otros. Daños y perjuicios”.

A N T E C E D E N T E S

La Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial Sala I del Departamento Judicial de La Plata confirmó el fallo de primera instancia que había hecho lugar a la demanda, modificándolo únicamente en cuanto a las costas relativas a la intervención de los terceros citados a juicio, las que impuso por el orden causado.

Los codemandados O.H.G. y A.D.G. se alzan contra dicho pronunciamiento mediante sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley .

Dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

  1. ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 725/746?

  2. ¿Lo es el de fs. 748/755?

V O T A C I O N

A la primera cuestión planteada, el señor J. doctorM. dijo:

  1. La Cámara condensó los agravios sometidos a su consideración por los médicos que ahora recurren, señalando que para controvertir la responsabilidad que por incumplimiento de sus deberes profesionales el fallo de primera instancia les atribuyera, alegaron la falta de análisis de la relación de causalidad; la valoración errónea de los medios de prueba (pericial y posiciones absueltas por el actor de las que surge su negativa a ser atendido en la Clínica donde aquellos se desempeñan) y el demérito de la historia clínica labrada en el hospital “A.K., a la que se otorgó carácter de instrumento público (fs. 688/689 vta).

    En correlato con tal alcance, estableció en lo que hace a la relación de causalidad la necesidad de su examen “como presupuesto mismo de la responsabilidad... y a los efectos de determinar la medida del resarcimiento debido”.

    Previo consignar que a fin de establecer su existencia, el juzgador debe apreciar “libre y soberanamente el conjunto de indicios y presunciones” calificó de “insostenible” la pretensión de “encontrar la causa de la grave infección sufrida por el actor en su propia negligencia”.

    Destacó que tratándose de un caso de responsabilidad médica el tema a discernir es “si al paciente se le brindó el tratamiento que la ciencia médica aconsejaba, o si ha habido impericia, negligencia, imprudencia (culpa, en sentido lato), por parte de los médicos que lo atendieron” y consideró que es en la relación contractual médicopaciente donde ha de buscarse “la causa adecuada de la grave derivación” y así determinar “en qué medida” corresponde responsabilizar a los médicos, “por las consecuencias dañosas de su omisión” (fs. 689 vta.). (El subrayado me pertenece).

    Puesta a analizar la negativa del accidentado a ser atendido en la clínica privada, a cuyo amparo pretenden los apelantes justificar su proceder, concluye la alzada, en pormenorizada meritación de las constancias de autos (respuesta a la 9a. posición, pliego de fs. 382 vta., fs. 383 y 16ta., pliego 384 fs. 385; contestación de la demanda fs. 29; fs. 369, 10a. posición codemandado G.; testimonios C., fs. 374, 3a.; P. fs. 376, 3a.; A. fs, 397, 3a.), que el actor no fue informado del riesgo que implicaba la demora de la realización de la “toilette quirúrgica”, que sí se le advirtió, en cambio, la inexistencia de cobertura en el establecimiento, de su obra social, y que fue la imposibilidad de afrontar el alto costo de dicha intervención, la que motivó su pedido de traslado.

    Ello la llevó a decidir que “en las expresadas condiciones, la excusa basada en la falta de consentimiento del paciente no puede ser acogida”, en tanto no constituyó “la expresión de la libre voluntad del sujeto”, resultado que refuerza en lo pertinente, con lo manifestado en su expresión de agravios (fs. 637 vta.) por el codemandado G. (fs. 690 vta.).

    1. Evaluando la prueba pericial (fs. 441/443; 493/494 vta.; fs. 442; puntos “d” a “h”), estimó que no obstante ser “el fracturado expuesto... enfermo de extrema urgencia” (subrayado en el original) “no le fueron prodigados los cuidados que la ciencia médica exigía por parte de los médicos de la Clínica ‘La Cumbre' codemandados en estos autos”, no pudiéndose derivar las consecuencias de tal omisión a lo actuado en el hospital “A.K.” (fs. 691 vta.).

    2. Decidió, en punto a las constancias de la historia clínica emanada de este establecimiento, que las mismas ofrecen “una presunción de verdad” confirmada por las declaraciones testimoniales de fs. 412/414; 418/419; y 420/421, considerando por ello sobreabundante polemizar sobre “si constituyen o no instrumentos públicos” (fs. 692).

    En respuesta directa a los agravios expresados (fs. 615, cap. 7º y ss.) por quien interpone este recurso en examen, consideró la Cámara que desarrollados “a propósito de la extensión del resarcimiento, se vinculan con las consecuencias por las que debe responder el deudor de la obligación...(art. 520 C.C.)”, y concluyó que “la falta de asistencia debe ser relacionada en forma causal inmediata, con la pérdida de la ‘chance' para el actor de obtener una normal recuperación de su fractura... antes que con el resultado amputación...” (fs. 694 vta.), convicción ésta que refuerza al reiterar más adelante que “lo que en estricto derecho cabe imputar a los demandados condenados es la pérdida para el actor, de la esperanza de haber obtenido una recuperación satisfactoria de su fractura expuesta, sin las complicaciones que a la postre determinaron la amputación...” sopesando como factores que influyeron en una evolución desfavorable, tanto la mayor o menor premura con que se hubo encarado el tratamiento, como la edad de la víctima, y el sitio infecto donde se accidentara (fs. 695).

    Resuelve en consecuencia, “determinada como ha sido la obligación de los demandados G. y G. de responder en los términos de los arts. 512, 520 y ss., 901, 902, 1623 y ccs. del Código Civil”, confirmar “la suma arribada por el a quo... dado que ella consulta adecuadamente la entidad de los daños y sus derivaciones futuras, teniendo en cuenta la edad del demandante y demás circunstancias ya enumeradas (doctrina de los arts. 1083, C.C. y 165 in fine del C.P.C.)” (fs. 695 vta.).

  2. Impugna el recurrente el fallo de la alzada denunciando en su extensa presentación (fs. 725/746) el quebranto de los arts. 512, 519, 520, 521, 522, 16, 902, 903, 906, 1107, 1111, 1137, 897, 900, 922, 936, 979, 995, 1048, 909 y 1...

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