Las deudas de la Argentina con sus DDHH siguen vigentes tras 40 años de democracia

En la Argentina, una de cada tres mujeres vive situaciones de abuso o acoso en las redes sociales y el 39% manifestó sentir su seguridad física amenazada. Solo el 15,5% de los crímenes contra la integridad sexual denunciados termina en una sentencia condenatoria. En 2021, 80% de los ataques considerados como crímenes de odio por la orientación sexual, identidad y/o la expresión de género de la víctima apuntaron a mujeres trans. Y este dato no ha cambiado en este último año.

En la Argentina, apenas el 14% de las y los estudiantes de nivel primario y el 4% del nivel secundario afirma haber recibido la totalidad de los contenidos establecidos en la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) y 7 de cada 10 embarazos adolescentes son no intencionales. El número es aún más alto en niñas y adolescentes menores de 15 años, más de 8 de cada 10. En gran medida, como consecuencia de abuso y violencia sexual.

La violencia institucional se sigue cobrando vidas. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación contabilizó al menos 53 casos de muerte de personas por parte de miembros de las fuerzas de seguridad en 202,1 mientras que la Comisión Provincial por la Memoria informó el año pasado de, al menos, 65 casos de muertes por uso de la fuerza policial, solo en la provincia de Buenos Aires. Lo que es aún más doloroso: en gran parte de esos casos persiste la impunidad.

A punto de cumplir 40 años de democracia, la Argentina mantiene demasiadas deudas abiertas con su sociedad en materia de derechos humanos. Sumida en una profunda crisis económica y social, más de un tercio de su población sobrevive en la pobreza y el porcentaje se eleva a la mitad en el grupo de niñas, niños y adolescentes, entre los 0 y los 14.

Y si bien la tasa de desempleo descendió a 6,3% en la última parte del año, miles de trabajadores y trabajadoras registradas conviven en una sociedad que roza el pleno empleo estadístico con la dura realidad de no ganar lo suficiente para cubrir una canasta básica total, lo cual conlleva dificultades para asegurar la alimentación, la educación, el desarrollo y el bienestar general. Todos ellos derechos humanos básicos para la vida digna de las personas.

Otra cifra que estremece: durante 2022 se registraron 251 homicidios por razones de género, de los cuales el 81% tuvo lugar en el ámbito familiar. Y pese a que la lucha contra la violencia de género sigue ocupando un lugar relevante en la opinión pública, los índices de enjuiciamiento se mantienen bajos...