Detrás de buenas teorías, los peores propósitos

 
EXTRACTO GRATUITO

El kirchnerismo se irá del poder con una para entretener. En las últimas semanas ha logrado desplazar el problema más grande y sin solución que tiene, que es la economía, para instalar discusiones tan frívolas como pasajeras. Acaba de imponer en la agenda pública el tema de los delincuentes extranjeros, que tiene una importante repercusión social. Aunque necesitó pelearse hasta con algunos amigos, lo cierto es que de esa manera corrió de la discusión el contenido esencial del . El fondo de esa reforma es el traslado a los fiscales de la investigación penal en un sistema en el que los fiscales dependen casi directamente de la Casa de Gobierno.

Los fiscales son, según la reforma constitucional de 1994, casi un cuarto poder en el sistema institucional argentino. La Presidenta suele leer en público el artículo de la nueva Constitución que les asegura a los fiscales una independencia absoluta en su función.

Hasta ahí, todos estamos de acuerdo. Pero, como suele hacer el kirchnerismo, detrás de las buenas teorías esconde los peores propósitos. La misión y el trabajo de los fiscales no están regulados; dependen, por lo tanto, de la voluntad casi omnímoda del jefe de los fiscales, el procurador general de la Nación. Alejandra Gils Carbó, una cristinista de militancia fiel y comprobada, ocupa ahora ese cargo. La suerte de los fiscales, de su independencia, de su destino laboral y hasta de su permanencia en el cargo puede resolverse en una amable conversación entre Cristina Kirchner y Gils Carbó.

El fiscal José María Campagnoli acaba de preguntarse públicamente quién o quiénes colaboraron con el proyecto de reforma del Código Procesal Penal. La pregunta es pertinente. Nadie lo sabe. A diferencia de la proyectada reforma del Código Penal, en las que trabajó una comisión multipartidaria presidida por el juez Raúl Zaffaroni, nadie, ni siquiera la Presidenta, dijo nada sobre los autores de los cambios al Código Procesal. La primera precisión que debe hacerse es que este Código sólo regirá para el 70% de los delitos que se cometen en la Capital Federal y para los delitos que son propios del fuero penal federal (narcotráfico, corrupción de funcionarios nacionales o agresiones al medio ambiente, entre otros pocos). Cada provincia tiene su propio Código Procesal Penal y los delitos ordinarios se rigen por esas normas propias y distintas.

El caso de los extranjeros es una modificación de hecho a la ley 25.871, que legisla sobre migraciones y que tiene...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA