Una destitución tan indispensable como tardía

La tan acertada como demorada destitución del camarista federal Eduardo Freiler por mal desempeño de su cargo, resuelta ayer por el jury de enjuiciamiento, muestra que jamás debió ser juez y, si bien repara una gravísima situación en nuestro servicio de justicia, debería ser el primer paso para conjurar la grave crisis de credibilidad y honestidad que afecta al fuero federal penal de la Capital Federal.

Por una amplia mayoría de seis votos en favor de la destitución y uno solo en contra, de la diputada kirchnerista Diana Conti, el tribunal resolvió que el juez incurrió en mal desempeño por su abultado crecimiento patrimonial. "No honra el cargo de juez. Freiler no es un juez probo", dijo el jurado de enjuiciamiento, pero el magistrado no lo escuchó pues optó por faltar a la audiencia.

Hace mucho tiempo que Freiler tenía que haber cesado en su cargo de juez de la Sala I de la Cámara Federal porteña. Enrolado en el kirchnerismo, solía fallar descaradamente en sintonía con los intereses y las necesidades cada vez mayores del anterior gobierno. Además de su manifiesta parcialidad, el otro factor altamente irritativo que tornaba insostenible su permanencia en el cargo fue un descarado enriquecimiento que superaba holgadamente sus ingresos y que él jamás pudo explicar. También incurrió en la evasión de impuestos y, según afirma la sentencia leída ayer, se ha acreditado que "consignó datos falsos y omitió incluir información en sus declaraciones juradas patrimoniales". Fue una investigación de LA NACION la que reveló en 2015 que el juez había comprado una mansión frente a la quinta presidencial de Olivos.

"No soy un juez corrupto, soy un juez probo", se había defendido cínicamente cuando se le concedió la oportunidad de pronunciar las últimas palabras en la penúltima audiencia ante el jurado. Sin lugar a dudas, dada la contundente prueba aportada en su contra, sus afirmaciones distaron de ser mínimamente convincentes. No se trataba sólo de palabras, sino de pruebas irrefutables que aportó la acusación a cargo de Miguel Piedecasas y Pablo Tonelli por conducta incompatible con el cargo y por enriquecimiento ilícito, esto último a partir de una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, basada en la investigación de este diario.

Sostiene el fallo que "la calidad de magistrado de la Nación que detenta Freiler lo coloca en una situación distinta a la del resto de la ciudadanía. Hemos señalado con precisión las obligaciones que le caben y los requisitos...

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