El desmesurado poder del gremio de los porteros

En diciembre pasado, durante la última sesión ordinaria del año de la Legislatura porteña, y días antes de que se renovara su composición, fue votada una larga serie de leyes que fueron desde el presupuesto 2016 hasta distintos nombramientos en organismos públicos. Entre las normas sancionadas, hubo una, tratada sobre tablas y sin discusión previa en comisión, por la cual se creó el Consejo de la Propiedad Horizontal de la Ciudad, cuyo objetivo será regular la vida de los consorcios y controlar y sancionar a los administradores de edificios por medio de un tribunal de ética.

Esta norma provocó una justificada ola de protestas tanto entre asociaciones de consorcistas como de administradores. En primer lugar, porque derivaría en incrementos en las expensas que pagan propietarios e inquilinos de departamentos, por los mayores costos que deberán afrontar los administradores de consorcios para sostener el nuevo organismo. En segundo lugar, porque le confiere al gremio que representa a los trabajadores de edificios de renta y horizontal, esto es, el Suterh, que lidera Víctor Santa María, una representación desproporcionada, que ha llevado a la conclusión de que los encargados y los empleados de los administradores y los consorcistas terminarían controlando a sus patrones.

Efectivamente, la controvertida ley 5464 ha determinado que el citado consejo esté conformado por tres representantes de la asociación sindical que agrupa a los trabajadores de los edificios; tres en nombre de las asociaciones de administradores; uno por el gremio de empleados de las administraciones de consorcios -entidad creada muy recientemente-; uno por el gobierno porteño; uno por el defensor de inquilinos de la Defensoría del Pueblo; uno por las asociaciones civiles que tengan por objeto la defensa de los derechos de usuarios y consumidores en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, y apenas uno por los consorcistas y copropietarios.

De esta manera, paradójicamente, los encargados y trabajadores de edificios tendrán una sobrerrepresentación en el órgano, que triplicará el número de representantes de los consorcistas. Lo ridículo de esta situación se potencia cuando se advierte que sobre un total de aproximadamente 35.000 consorcios de edificios existentes en la Capital Federal alrededor de un 20% carece de portero.

Otro aspecto criticable de la ley es que el gobierno porteño cedería en favor del nuevo órgano una facultad propia, como el control de los...