El deslizamiento hacia un orden autoritario

Estamos en los comienzos de una semana crucial para el destino de la Argentina, si es que ese destino tiene algo que ver con la calidad institucional, con la posibilidad de oponerle una verdad al poder, de defenderse frente a él, o si -al revés- se va instaurando lentamente un orden autoritario en el país, hacia el que nos vamos deslizando a partir de decisiones que muchas veces son vistas como técnicas, pero que cobijan cuestiones dramáticas después para la vida de toda la sociedad.

Me refiero a que la clase política esta semana está discutiendo en el Congreso qué nivel de independencia va a tener el Ministerio Público. Es decir, el cuerpo de fiscales, que son los encargados de perseguir el delito en los Tribunales.

El tema de la independencia de los fiscales ha sido muy importante, muy relevante, en la discusión constitucional en la Argentina, sobre todo en la reforma de la Constitución en el año 1994. En esa reforma, de la que participaron -entre muchos otros- Néstor y Cristina Kirchner, se consagró que el Ministerio Público, es decir, el Procurador General de la Nación (jefe de los fiscales) y todos los demás fiscales federales y nacionales, van a constituir algo que la Constitución describió como "organismo extra poder".

Esto quiere decir que no van a depender ni del Poder Ejecutivo, como dependían hasta ese momento, donde eran una especie de Cenicienta, de poder subalterno, de la Casa Rosada; ni del Poder Legislativo, y tampoco del Poder Judicial. Se iban a constituir en una especie de cuarto poder cuya autonomía se sacraliza, se convierte en un valor importantísimo para que aquel que se siente acusado por el Estado, se siente perseguido judicialmente, tenga la garantía de que ese que lo persigue no es manipulado en términos facciosos por razones políticas, ideológicas, raciales, etc.

Hay un método, un procedimiento destinado a garantizar esa independencia de los fiscales que quiere asegurar la Constitución. ¿Cuál es ese método? Lo fija la ley del Ministerio Público: para designar al Procurador se necesita una mayoría especial del Senado. La máxima mayoría que pide una ley para que el Congreso resuelva algo: en este caso, dos tercios. Dos tercios de los miembros presentes para designar al Procurador. Y, además, un mecanismo bastante endiablado, difícil de poner en marcha, para remover a un fiscal. De tal manera que los fiscales no se sientan amenazados porque la política puede removerlos en medio de una investigación.

Estas dos columnas de la independencia de los fiscales, y a la cabeza de ellos del Procurador General de la Nación, son las que quiere modificar la ley que se empieza a tratar de manera un poco sorprendente, sin aviso previo, a instancias de Sergio Massa.

Este martes hay una reunión de comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia en la Cámara de Diputados para modificar esta ley. ¿En qué sentido? La mayoría de dos tercios requiere que el Procurador tenga una calidad tal que sea admitido por ambos bandos. En vez de esto, en el kirchnerismo quieren que sea por mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los presentes, con lo cual el peronismo en soledad podría poner al Procurador, que pasaría a ser uno probablemente faccioso. El instrumento de un bando, de un sector de la política, para investigar o no el delito.

La segunda condición de esta reforma que impulsa el kirchnerismo es que el mecanismo para remover a un fiscal esté dado por una comisión donde la política, sobre todo la oficialista, tiene mayoría. Entonces, cualquier fiscal que empiece a investigar, antes de mirar el expediente, va a estar mirando al Congreso. Y va a estar mirando qué dice el oficialismo de turno, en este caso, el kirchnerismo, antes de decidir si le conviene o no ir adelante con la investigación. Porque en ese trabajo puede estar en juego su propia permanencia en el cargo como fiscal. Quiere decir que se estaría construyendo una legislación para controlar políticamente las investigaciones.

El Presidente junto a Daniel Rafecas en la Casa Rosada

Normalmente, y hay razón para ello, hay un prejuicio de que todo esto tiene que ver sólo con el crimen político: la corrupción. Dentro de este prejuicio hay un prejuicio adicional que es que solo tiene que ver con la corrupción del kirchnerismo y de Cristina Kirchner. Esos son prejuicios ciertos, tienen que ver con eso estas reformas, pero no solo con eso. Del Procurador General y de los fiscales, es decir de la independencia del Ministerio Público, depende, entre otras cosas, que se investigue o no el narcotráfico, el lavado de dinero, determinados delitos económicos, que se persiga o no determinadas empresas. Tiene que ver la vigilancia sobre los Derechos Humanos. Todo el entramado que hace al cumplimiento o no de la ley, a la persecución o no de alguien por razones facciosas, de bando. Todo eso está encerrado en la autonomía que puede tener un fiscal y sobre todo, el jefe de los...