Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 11 de Julio de 2017, expediente CAF 017460/2007/CA001

Fecha de Resolución11 de Julio de 2017
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 17460/2007 DESCH PATRICIA LILIANA c/ ESTADO NACIONAL Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS En Buenos Aires, a 11 de julio de 2017, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a efectos de conocer respecto de los recursos de apelación interpuestos en los autos caratulados “Desch, P.L. c/

GCBA y otros s/ daños y perjuicios” contra la sentencia de fs. 624/629vta., el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la decisión apelada?

El señor juez de Cámara, J.E.M. dijo:

  1. ) Que, a fs. 624/629vta., el a quo hizo lugar a la demanda entablada por la señora P.L.D. y, en consecuencia, condenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a todos los demandados en autos y condenados en sede penal a abonar a la actora, en forma solidaria, los siguientes rubros indemnizatorios: (i) “la suma de [...] $47.000 en concepto de daño moral la que se fija al día de la fecha del hecho dañoso, con más los intereses devengados desde la fecha de este fallo hasta su efectivo pago que resulten de aplicar la tasa promedio pasiva (comunicación 14.290) que publique el Banco Central de la República Argentina [BCRA]”; (ii) “…$6.000 en concepto de gastos médicos a partir de la fecha de la demanda con más […] sus intereses, calculados a la tasa pasiva del [BCRA] hasta su efectivo pago, en dinero en efectivo (cfr. art. 18 de la ley 25.344)”; (iii) “la suma de […] $47.000 en concepto de daño psicológico desde la fecha del presente decisorio con más los intereses devengados desde la fecha de este fallo hasta su efectivo pago que resulten de aplicar la [tasa promedio pasiva del BCRA]”; y (iv) “…$57.600 en concepto de tratamiento psicológico desde la fecha del presente decisorio con más […] sus intereses, calculados a la tasa pasiva del [BCRA] hasta su efectivo pago, en dinero en efectivo (cfr. art. 18 de la ley 25.344)” (v. esp. fs. 629vta.).

    Impuso las costas a los vencidos.

    Para resolver como lo hizo, tuvo en cuenta las conclusiones a que arribaron los expertos convocados en autos en cuanto a los daños provocados a la actora por el siniestro ocurrido el 30 de diciembre de 2004, mientras se encontraba trabajando en la barra del local “República Cromañón”.

    Puntualmente, tuvo por acreditado que la señora D. fue asistida en los hospitales de “Emergencias Psiquiátricas – T. de Alvear” y “De Agudos J.A.F.”.

    Fecha de firma: 11/07/2017 Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA #10924004#182296628#20170711112640470 Además, mencionó que la actora no presentaba evidencias de trastorno respiratorio crónico de acuerdo con el informe del perito médico; quien, a su vez, destacó que su cuadro predominante era la afectación psicológica y que era necesario que continúe en tratamiento.

    Para la cuantificación de los rubros indemnizatorios, ponderó

    especialmente: el porcentaje de incapacidad psíquica determinado por la pericia psicológica (30%); el tratamiento psicoterapéutico que indicó este mismo informe; la intensidad del daño moral, evidenciado por el aludido porcentaje de incapacidad psíquica, así como por el “trastorno por stress postraumático crónico” con incapacidad laboral del 25%” que determinó la pericia médica; y la posibilidad de presumir los gastos médicos, de farmacia y de traslado, originados como consecuencia del tratamiento al que debió someterse la actora a raíz del evento dañoso.

    Finalmente, con relación a la responsabilidad del Estado Nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, destacó que estaba basada en la falta de servicio y precisó que:

    • El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 24 (“TOC”) atribuyó la calidad de autor del delito de cohecho pasivo al subcomisario de la Policía Federal Argentina (“PFA”) C.R.D. en concurso real con su participación necesaria en el delito de incendio seguido de muerte.

    Indicó que el acuerdo espurio tuvo por objeto la omisión funcional con respecto a numerosas contravenciones del local “República Cromañón”

    que, vinculadas con el exceso de concurrentes y el uso de pirotecnia en el interior del local, contribuyeron a la producción de la tragedia del 30 de diciembre de 2004. Así pues, concluyó que el accionar del oficial de la PFA en los hechos descriptos calificaba como una falta de servicio capaz de comprometer la responsabilidad del Estado Nacional; • En cuanto a al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mismo Tribunal encontró culpables a la Lic. F.F. y a la Dra.

    A.M.F. del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público previsto en el art. 248 del Código Penal.

  2. ) Que, disconformes con el pronunciamiento, la parte actora, el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires interpusieron recursos de apelación (fs. 631, 641 y 646, respectivamente), que se concedieron libremente a fs. 632 y 647.

    Puestos los autos en la Oficina, a fs. 650/659 la actora expresó agravios, que fueron contestados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (fs.

    678/682) y por el Estado Nacional (fs. 683/684vta.). Por otra parte, a fs.

    Fecha de firma: 11/07/2017 Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA #10924004#182296628#20170711112640470 Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 17460/2007 D.P.L. c/ ESTADO NACIONAL Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS 661/666vta., expresó agravios el Estado Nacional, que fueron contestados por la actora a fs. 674/677vta; con lo que llegan los autos a instancia de resolver.

  3. ) Que, toda vez que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no ha expresado sus agravios en la oportunidad prevista por el artículo 259 del CPCCN, corresponde declarar desierta su apelación en los términos del artículo 266 del mismo cuerpo legal.

  4. ) Que, la parte actora cuestiona el monto del resarcimiento fijado por el a quo, por considerar que no respeta el principio de reparación integral del daño.

    En primer término, se agravia por la fecha de inicio del cómputo de los intereses. Explica que, por cada rubro, el a quo reconoció exactamente los mismos importes reclamados en la demanda –que su parte estimó al momento en que se produjo el perjuicio-, pero dispuso la aplicación de intereses desde la fecha de la sentencia, del 1º de diciembre de 2016; lo que importa desconocer los doce años transcurridos desde el 30 de diciembre de 2004. Sobre esa base, pide que en todos los casos el cálculo de accesorios se efectúe desde el hecho dañoso.

    Sin perjuicio de lo expuesto, cuestiona también el monto indemnizatorio reconocido por cada concepto. Así, en lo que respecta al daño psicológico, considera irrisorio ser indemnizada a razón de $1.566 por punto de incapacidad (47.000/30= $1.566) y pide la aplicación de una metodología de cálculo diferente.

    En cuanto al tratamiento psicológico, menciona que la perito psicóloga presentó su dictamen pericial el 4 de abril de 2014, es decir, mucho tiempo antes del dictado de la sentencia; con lo cual la estimación del costo de la sesión debió

    haberse actualizado. Indica a cuánto ascendía el valor de la consulta con un terapeuta idóneo al momento de la sentencia (entre $500 y $600). A todo evento sostiene que, aun si se tomara el valor de $300 por sesión que surge de la pericia, por un mínimo de 24 meses, el monto de la indemnización debió haber sido mayor, ya que ese lapso contiene más semanas que las contempladas por el a quo.

    Finalmente, estima que un cálculo adecuado de este rubro, con valores más ajustados a la realidad ($550 por sesión), asciende a $114.400.

    Con relación al daño moral, destaca la incongruencia de establecer su monto a la fecha del hecho con más la aplicación de intereses desde la sentencia, tal como lo dispuso el fallo apelado. Considera que lo correcto hubiera sido tomar en ambos casos, como punto de partida, la fecha del siniestro; ello sin perjuicio de que se adecúe la estimación del daño, cuya evolución y magnitud no pudo prever al momento de interposición de la demanda. A mayor abundamiento, recuerda que tuvo un intento de suicidio a raíz de la intensidad de los padecimientos.

    Fecha de firma: 11/07/2017 Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA #10924004#182296628#20170711112640470 En cuanto a los gastos médicos, de farmacia y traslado, considera erróneo estimarlos a la fecha de la demanda, toda vez que, en su mayoría, tuvieron lugar inmediatamente después de la noche del 30 de diciembre de 2004.

    Concretamente, pide la aplicación de intereses desde la fecha del siniestro puesto que, de lo contrario, todo el tiempo que transcurrió hasta la interposición de la demanda quedaría sin resarcimiento.

    Por último, se agravia con respecto al porcentaje de interés establecido en la sentencia y pide que se aplique la tasa activa. Cita jurisprudencia en apoyo de su interpretación.

  5. ) Que, el Estado Nacional expresa que la relación causal adecuada entre el ejercicio de la función y el daño que la actora alega haber soportado, se encuentra interferida por los delitos perpetrados y, fundamentalmente, por el cohecho pasivo cometido por el ex subcomisario D., que facilitó la producción y propagación de las consecuencias del siniestro. Sostiene que la responsabilidad del funcionario genera la de la Administración a que se refiere el art. 1113 el Código Civil, cuando aquél ha incurrido en ella en el desempeño de sus funciones y a consecuencia de éstas. Pone de relieve que las omisiones que señala la causa penal respecto de los controles sobre el exceso de asistentes al concierto y la utilización de elementos de pirotecnia, se vinculan exclusiva y estrechamente con la conducta personal, violatoria de la regulación normativa, ejecutada con clandestinidad e incompatible con los estándares de conducción, el cumplimiento de las...

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