Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 24 de Febrero de 2021, expediente B 64437

PresidenteGenoud-Kogan-de Lázzari-Pettigiani
Fecha de Resolución24 de Febrero de 2021
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 64.437, "El Descanso S.R.L. contra Municipalidad de Q.. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctoresG., K., de L.,P..

A N T E C E D E N T E S

  1. La empresa El Descanso S.R.L., mediante apoderado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Q. con el objeto de que este Tribunal deje sin efecto la denegatoria tácita por retardación producida por la mencionada comuna, en virtud de la ausencia de respuesta al recurso de revocatoria oportunamente incoado contra el decreto 2.046/01, y de los sucesivos escritos de "pronto despacho" presentados.

    Asimismo, solicita que se ordene al municipio el pago de los legítimos créditos que le pertenecen por la suma de $247.225, con más los accesorios pertinentes por mora y los daños y perjuicios irrogados, desde el devengamiento efectivo de la suma adeudada en concepto de facturas impagas por la provisión de bienes y servicios a agentes de la comuna demandada.

    Manifiesta que explotaba un comercio de estación de servicio, venta de repuestos y accesorios, situado en la calle Mitre n° 1749 de la ciudad de Q., concesión otorgada por YPF hasta el año 2007. En tal contexto, continúa, se estableció una relación comercial con la Municipalidad de Q. que se desenvolvía a través de una operatoria descripta en el mercado como "contra culata de camión". Esto significaba que el pago del producto adquirido debía efectuarse previo al momento en que el camión cisterna lo descargue en la boca de expendio, pago que debe hacerse con cheque al día y sobre cuenta bancaria cuyo titular directo resulte ser el explotador de la boca abastecida. Como consecuencia de lo cual, agrega, en esta modalidad la financiación de los productos es soportada total y únicamente por el expendedor, y a su riesgo absoluto.

    Sostiene que, en el caso de marras, la actora abonó pues, de contado e íntegramente el combustible que le entregó durante largos períodos al municipio, y nunca pudo cobrar el reembolso de tales sumas, por lo que debió reponer los productos con sus propias reservas financieras, situación que agotó su dinero y luego el propio capital de trabajo que poseía, llegando finalmente el momento en que no pudo sostenerse más económicamente y devino el cese definitivo de actividades, viéndose en la necesidad de transferir el fondo de comercio de la estación de servicio y su contrato con YPF S.A.

    Asegura que en el año 1993 se firmó un convenio de cooperación institucional entre la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Q., con la consiguiente convalidación a través de la ordenanza municipal 7.013/93 y la promulgación mediante el decreto 2.876/93, mediante el cual se implementaba el llamado "Plan P.B.", y en el se comprometió la Municipalidad de Q. a solventar los gastos que originara el funcionamiento de los medios provistos por la Policía provincial para emplear en el programa de seguridad comunal, teniendo específicamente a cargo el pago de combustible, mantenimiento y reparación de automóviles y gastos generales de provisión de útiles y papelería (cfr. art. 5).

    En el marco de dicho convenio, aduna, es que la actora comenzó a proveer en el año 1997 de combustibles, lubricantes y otros servicios de mantenimiento del automotor a los móviles de la Policía Departamental correspondientes a la zona, dependientes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Comando de P.B. de Q., y también a ambulancias, automotores y otros vehículos asignados a distintas dependencias de la comuna.

    Afirma que durante el año 1997 el contrato se desarrolló de manera normal, de forma tal que al presentarse agentes policiales y/o municipales con sus vehículos a cargar combustible o efectuar reparaciones, las tareas eran desempeñadas por empleados de El Descanso S.R.L., detallando las labores efectuadas en remitos, que eran luego firmados por los agentes. El procedimiento subsiguiente consistía en que dichos remitos eran presentados a la Municipalidad junto con la factura, y esta emitía entonces la correspondiente orden de compra.

    Desde el año 1998, reseña, comenzaron los problemas de pago, con demoras y falta de pago de facturas en tiempo y forma, período durante el cual, sin embargo, se siguieron satisfaciendo las demandas de los agentes comunales hasta que, por los motivos anotados, la empresa debió cesar con la provisión por imposibilidad económica.

    Como consecuencia de la mora en el pago, asegura, se remitió con fecha 27 de abril de 1999 una carta documento al señor Intendente municipal intimando al pago de las sumas adeudadas ($247.225), reiterándose el reclamo por carta documento del 31 de mayo del mismo año.

    Asimismo, se efectuó un reclamo administrativo ante la Municipalidad de Q., con fecha 10 de septiembre de 1999, que dio origen al expediente administrativo 4091-15614-E/99 y, con posterioridad otro con fecha 28 de septiembre de 2000, que generara el expediente 4091-20983/E/2000, en el cual se ofrece producir prueba y se reclaman los daños y perjuicios ocasionados.

    Ante la ausencia de respuesta, continúa, se presentaron sendos reclamos de "pronto despacho" con fecha 23 de octubre de 2000 y 12 de junio de 2001, con lo que finalmente se dictó el decreto 2.046/01, mediante el cual -previo dictamen de la asesoría letrada en el cual se hacía constar la falta de acreditaciones de los servicios prestados- el señor Intendente municipal de Q. denegó el pedido.

    Presentado el recurso de revocatoria correspondiente, continúa, el mismo jamás fue resuelto por la demandada, circunstancia que según su criterio habilita la configuración de un caso de silencio administrativo y deja expedita la vía contencioso administrativa ante esta Suprema Corte de Justicia en los términos de los arts. 77 y 79 de la ordenanza general 267/80.

    Finalmente, solicita el pago de los daños y perjuicios generados por la ilegitimidad y malicia de la conducta administrativa de la demandada, así como la declaración de nulidad del decreto 2.046/01.

    Ofrece prueba documental, informativa, pericial contable y testimonial.

    Peticiona la citación de tercero vinculado a la Provincia de Buenos Aires, fundado en los arts. 25 de la ley 2.961 y 94 del Código Procesal Civil y Comercial, por cuanto habría sido beneficiada sustantivamente de las prestaciones realizadas por la actora para el cumplimiento de actividades públicas de prevención y seguridad, generando un típico supuesto de enriquecimiento sin causa.

    Funda su derecho en los arts. 16, 17 y 18 de la...

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