Desbordados y con pocos jueces, los tribunales orales reciben las causas de corrupción

¿Culpable o inocente? La respuesta a esa pregunta es la que da certeza y permite a la sociedad recuperar la credibilidad en la Justicia. Los encargados de responderla son los jueces de los Tribunales Orales Federales, los TOF, como les dicen en Comodoro Py 2002, los que deben decidir si los funcionarios públicos del gobierno anterior y de este cometieron o no un acto de corrupción.

Los protagonistas siempre fueron los jueces federales de primera instancia, trenzados en la rosca política, pulseando con el poder, siendo alternativamente condescendientes o desafiantes, pero ellos solo regulan lo que llega o no a los TOF.

Ahora las vedettes son los jueces de los tribunales orales federales porque las causas de corrupción, que se les asignan por sorteo, finalmente llegaron a juicio oral. Ellos están atravesados por problemas propios, que afectan la pronta realización de los juicios orales.

Ser juez de un TOF fue en los comienzos una panacea. Puros casos de drogas y pocos sobresaltos. Hasta que en 2006 llegó la reapertura de los juicios de lesa humanidad y los TOF debieron multiplicarse en megaprocesos interminables. A ellos se sumaron pronto los primeros casos de corrupción, como la bolsa de la exministra Felisa Miceli.

Los jueces de los TOF siempre fueron ninguneados y están fuera del alcance de las presiones políticas, entre otras razones porque hasta ahora las causas del poder que juzgaban eran tan viejas que sus protagonistas ya no importaban a nadie.

Si se pretende que los casos de corrupción lleguen a una conclusión, los juicios deben ser inmediatos, lo que no se logra. LA NACION relevó la opinión de la mayoría de los integrantes de estos tribunales y sus problemas son:

Vacantes: son ocho tribunales orales federales, de tres jueces cada uno, pero hay cuatro vacantes. Es decir que para hacer un juicio deben llamar a un juez del tribunal vecino, con lo que hay que desarmar un tribunal para armar otro. Lo que retrasa todo. Están cruzados, integrando tribunales repartidos. Por este problema se armó un TOF 5 bis, con dos jueces de tribunal oral ordinario, que siguen subrogando desde hace casi seis años.

Injerencia política: el Gobierno impulsó la federalización de los tribunales ordinarios, con la declamada intención de solucionar el problema, pero eligió a dedo a los jueces a federalizar, con la consiguiente suspicacia de que iba a fallar según los intereses del poder de turno. Esa es la historia del Tribunal Oral Federal N° 9, al que le...

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