Desafíos jurídicos derivados de las soluciones propuestas para afrontar el problema de los desahucios de vivienda habitual

Autor:Andrea Garrido Juncal
Páginas:1-32
RESUMEN

El presente estudio pretende poner de manifiesto algunos de los problemas jurídicos que afloran cuando se pretende emprender actuaciones expropiatorias de las facultades de uso y disfrute de una vivienda con la intención de ayudar a las personas incursas en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria

 
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CARTAPACIO DE DERECHO
Desafíos jurídicos derivados de las soluciones propuestas para afrontar…, Vol. 33 (2018),
Cartapacio de Derecho, Facultad de Derecho, UNICEN
DESAFÍOS JURÍDICOS DERIVADOS DE LAS
SOLUCIONES PROPUESTAS PARA AFRONTAR EL
PROBLEMA DE LOS DESAHUCIOS DE VIVIENDA
HABITUAL1
ANDREA GARRIDO JUNCAL2
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
1. Introducción
l disfrute de una vivienda digna y adecuada, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 47 de la Constitución española, es un
derecho de todos los ciudadanos cuyo reconocimiento implica el
mandato a los poderes públicos para que adopten las medidas
necesarias a fin de posibilitar su ejercicio efectivo. Este precepto reconoce:
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y ade-
1 Este trabajo se enmarca en la actividad del grupo de potencial de crecimiento "Empresa
y Administración" (ED431B-2016) y Red "Empresa y Administración" (ED431D 2017/19),
financiados por el Programa de Consolidación y Estructuración de Unidades de Investiga-
ción Competitivas de la Xunta de Galicia.
2 La autora es Abogada. Doctora en Derecho y Licenciada en Derecho por la Universidad
de Santiago de Compostela. Profesora en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho
de esa misma Universidad.
E
2 Andrea Garrido Juncal
www.cartapacio.edu.ar
cuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y esta-
blecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando
la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la es-
peculación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción
urbanística de los entes públicos”. En consonancia con ello, varias Comunida-
des Autónomas han optado por implementar diversas medidas orientadas a
garantizar la salvaguarda de este derecho, dando un paso adelante, y no exento
de polémica, en la definición de la función social de la propiedad privada. El
art. 33 de la Constitución declara: 1. Se reconoce el derecho a la propiedad
privada y a la herencia 2. La función social de estos derechos delimitará su
contenido, de acuerdo con las leyes. 3. Nadie podrá ser privado de sus bienes
y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, me-
diante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto
por las leyes”.
El objetivo de este trabajo es ofrecer un sucinto análisis del procedi-
miento expropiatorio recogido en dos normas autonómicas, la Ley 2/2017, de
3 de febrero, por la función social de la vivienda de la Comunidad Valenciana3
y la Ley 2/2017, de 17 de febrero, de emergencia social de la vivienda de Ex-
tremadura4. En las próximas páginas no podremos ocultar que, pese al loable
3 El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 28 de noviembre de 2017, ha
acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente
del Gobierno y, en su representación y defensa, por el Abogado del Estado, contra los arts.
5.3 (letra b); 6.1, en la medida en que establece la acción pública frente a los a los órganos
jurisdiccionales; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 23, en relación exclusivamente con el suministro
de gas y electricidad (apartados 3 y 5); 30; 31; 33 (apartado 2 y apartado 3, letras b y g);
Anexo I y Anexo II de la Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, por la función social
de la vivienda de la Comunidad Valenciana.
4 El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 12 de diciembre de 2017, ha
acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 5659-2017, promovido
por la Presidenta del Gobierno en funciones, contra el artículo 1, apartados uno (en cuanto
modifica el artículo 1.1 de la Ley 3/2001, de 26 de abril, de la Calidad, Promoción y Acceso
a la Vivienda de Extremadura), tres (en cuanto a la incorporación de los apartados 13 y 15 al
artículo 3 de la Ley 3/2001), cuatro (al añadir un nuevo artículo 16 bis a la Ley 3/2001), doce
y catorce [en cuanto a la introducción de los apartados l) y m) en el artículo 58 de la Ley
Desafíos jurídicos derivados de las soluciones propuestas… 3
CARTAPACIO DE DERECHO
propósito de los dos legisladores de suplir las múltiples carencias detectadas
por el Defensor del Pueblo en este ámbito5, la apuesta por el alquiler forzoso
de la vivienda habitual dista de ser una solución satisfactoria. A nuestro juicio,
los poderes públicos tratan, como es lógico, de ayudar a las personas en espe-
ciales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de
desahucio por ejecución hipotecaria, pero diseñando un incorrecto cauce pro-
cedimental al que debe adecuarse el ejercicio de la potestad expropiatoria.
Podría pensarse que la procedimentalización de la actividad expropiato-
ria constituye una prioridad para nuestros representantes políticos, no en vano
nos referimos a una potestad administrativa cuyo objeto consiste en privar a
una persona de sus bienes o de derechos patrimoniales o intereses legítimos
cuando así lo requieran los intereses generales. Sin embargo, dos datos nos
sugieren lo contrario. En primer lugar, conviene anotar que en España la insti-
tución jurídica que ataca al derecho a la propiedad privada se rige todavía, en
gran medida, por dos normas preconstitucionales; la Ley, de 16 de diciembre
de 1954, de Expropiación Forzosa y el Decreto, de 26 de abril de 1957, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa. En segundo
lugar, cabe remarcar que el Estado no tiene previsto realizar ninguna innova-
ción en el ordenamiento jurídico que incide negativamente en la esfera patri-
monial de los sujetos privados; pues así nos lo confirma el Plan Normativo
para 2018, aprobado por el Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 20176.
3/2001]; el artículo 2; y la disposición transitoria primera.
5 Nos remitimos a las declaraciones hechas en las XXX Jornadas de Coordinación de los
Defensores del Pueblo, que han tenido por objeto “La vivienda pública en España”,
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/declaracion-de-los-defensores-del-pueblo-sobre-
la-vivienda-publica-en-espana/
6Este documento puede consultarse en el siguiente enlace:
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2017/refc20171207
e_4.pdf

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