Los derechos sociales como derechos «de segunda»: Razones frecuentes y visiones críticas

Autor:Santiago Andrés Nasif
Cargo:Abogado (Universidad de Mendoza)
Páginas:731-754
 
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Los derechos sociales como derechos
de segunda: Razones frecuentes
y visiones críticas
Santiago Andrés Nasif
1
Universidad de Mendoza - Argentina
Revista Derechos en Acción ISSN 2525-1678/ e-ISSN 2525-1686
Año 5/Nº 14, Verano 2019-2020 (21 diciembre a 20 marzo)
DOI: https://doi.org/10.24215/25251678e373
I. Introducción
En este trabajo indagaré sobre los derechos económicos,
sociales y culturales –a los que aludiré como derechos sociales
o DESC–, puntualmente, a partir de su reducción a derechos
programáticos
2
. Al hacerlo tengo presentes dos eventos rele-
vantes para la historia constitucional argentina: recientemente
se han cumplido setenta años de la llamada reforma peronista
1 Santiago A. Nasif R. Abogado (Universidad de Mendoza). Especialista en Abogacía del
Estado (Procuración del Tesoro de la Nación). Especialista en Derecho Constitucional (Uni-
versidad Católica Argentina). Adscripto a la cátedra de Derecho Constitucional y Derechos
Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza.
Profesor de “Derecho Público” en el módulo virtual de formación en el Poder Judicial de
la Provincia de Mendoza. Lugar de trabajo: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de
Mendoza. Teléfono personal: 2613904006. e-mail: santiago_nasif@hotmail.com. Dirección
postal: Soler 449, Guaymallén, Mendoza (Código Postal: 5519).
2 Estas inquietudes formaron parte de un trabajo de investigación y posterior tesis de
posgrado, en la cual examiné aspectos teóricos de los DESC y, a la vez, reuní y analicé
las sentencias dictadas en la materia por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de
Mendoza (SCJM), desde el retorno de la democracia. En esa instancia concluí que, a la
hora de entender y resolver sobre derechos sociales, la SCJM ha ido mutando su criterio
de
self-restraint
hacia uno
procedimentalista
, mediante el cual ha promovido la deliberación
democrática de tales asuntos.
TRABAJOS DE GRADO Y POSGRADO | 731
REDEA. DERECHOS EN ACCIÓN
| Año 5 . Nº 14 | Verano 2019-2020
(1949) y veinticinco años de la última reforma constitucional
(1994)
3
.
Se trata de sucesos de singular relevancia, pues la primera
de tales reformas incorporó una lista de derechos sociales al
plexo de derechos liberales de la Constitución de 1853; y la
segunda otorgó rango constitucional a instrumentos internacio-
nales sobre derechos humanos, a la vez que añadió cláusulas
progresistas orientadas a la prosperidad, al desarrollo humano y
a la toma de acciones positivas igualitarias dirigidas, particular-
mente, a grupos históricamente postergados, como las mujeres,
la niñez, la ancianidad y las personas con discapacidad.
Propondré, en primer término, anotar algunas razones
que suelen esgrimirse para sostener ciertas diferencias entre
los derechos, que inciden hace tiempo en su justiciabilidad y
efectividad. Sucede que, a partir de la reiterada aceptación de
algunas categorizaciones doctrinarias de los derechos, la efec-
tividad de los DESC ha sido resistida con base en argumentos
como las limitaciones presupuestarias que impiden su puesta
en práctica, la distinta naturaleza o el disímil valor de estos
derechos respecto de los civiles y políticos, entre otros.
Tengo a la vista que dicha perspectiva se inscribe en un
contexto de constante judicialización de políticas públicas. En
ese marco, frecuentemente el Poder Judicial ha adoptado una
posición pasiva frente a los órganos representativos, recha-
zando las demandas sobre derechos sociales por deferencia a
las prerrogativas de diseño y gestión de las políticas sociales
que aquellos ostentan (Gargarella, 2006; Pisarello, 2009).
3 En Mendoza esto adquiere mayor relevancia: si bien los países latinoamericanos fueron
los primeros en el mundo en incorporar DESC en sus constituciones, la Constitución de
Mendoza se adelantó a todas las cartas latinoamericanas, incluso a la mexicana de 1917. En
efecto, desde 1916 contempla disposiciones relativas a los derechos laborales, el agua, la
educación, las mujeres y la niñez. Si bien hoy el alcance de estas cláusulas parece modesto,
su poder fue relevante y de vanguardia. Sin embargo, pese a que en los últimos años tuvo
lugar en el Derecho Público Provincial argentino y en Latinoamérica un nuevo ciclo de refor-
mas constitucionales que, junto con la ola de democratización de fines del siglo XX, expandió
los compromisos sociales y les dio un nuevo impulso, Mendoza continúa con la Carta más
antigua del país y sin reformas sustanciales (Benente et al, 2018: 180).
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