El “derecho al olvido” en la ley de protección de datos personales

Autor:Pablo A. Palazzi
 
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El “derecho al olvido”
en la ley de protección de datos personales*
Por Pablo A. Palazzi
1. Introducción
El derecho al olvido ha sido caracterizado como el principio a tenor del cual
ciertas informaciones deben ser eliminadas de los archivos transcurrido un determi-
nado espacio de tiempo desde el momento en que acaeció el hecho a que se refie-
ren, para evitar que el individuo quede prisionero de su pasado1.
Este derecho está íntimamente relacionado con otros principios del derecho a
la protección de datos personales como ser el principio de finalidad, la calidad de los
datos, o aquel que sugiere minimizar la recolección de datos personales a los estric-
tamente necesarios. El derecho al olvido pretende, en definitiva, hacer más efectivo
el control sobre la información personal que terceros detentan sobre el titular de los
datos al establecer un límite temporal para el tratamiento de datos personales.
En este trabajo comentaremos los antecedentes jurisprudenciales argentinos y
del derecho comparado que reconocieron el derecho al olvido, y su sanción en la ley
25.326. Finalmente, a partir de una serie de recientes decisiones judiciales explica-
remos cómo, a nuestro juicio, debe interpretarse la norma en cuestión a la luz de las
finalidades del derecho a la protección de los datos personales.
2. Antecedentes jurisprudenciales argentinos
En la Argentina, el derecho al olvido se tuteló procesalmente por medio de la
acción de hábeas data; permitiendo al afectado suprimir, corregir, actualizar o solici-
tar la confidencialidad de información siempre que exista falsedad o discriminación.
Esta acción puede ejercerse contra los titulares de bancos de datos públicos o aque-
llos privados que estén destinados a proveer informes.
A partir de la reforma constitucional de 1994 se planteó judicialmente la elimi-
nación o corrección de datos personales con fundamento en que el transcurso del
tiempo hacía que la información fuera obsoleta. Como la antigüedad de la informa-
ción no presentaba un caso de falsedad o discriminación, los tribunales fueron reti-
centes en conceder la tutela mediante la vía del hábeas data. Sin embargo, algunos
tribunales dieron un paso más en la interpretación del texto de la Constitución nacio-
nal, reconociendo el derecho al olvido pese que no estaba contemplado en la mis-
* Realizado sobre la base del trabajo El derecho al olvido, en Pérez Asinari, María V. - Palazzi,
Pablo, “Défis du droit à la protection de la vie privée. Challenges of privacy and data protection law.
Perspectives du droit européen nord-américain. Perspectives of European north american law”,
Bruxelles, Bruylant, 2008. Bibliografía recomendada.
1 Gozaíni, Osvaldo A., El derecho de amparo, Bs. As., Depalma, 1998, p. 186; en igual sentido,
Sabsay, Daniel A. - Onaindía, José M., La Constitución de los argentinos, Bs. As., Errepar, 1994, p.
152 a 159. Palazzi, Pablo A., Informes comerciales, Bs. As., Astrea, 2007, p. 143 a 217.
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ma. Estos precedentes formaron parte de otros casos que, superando un texto cons-
titucional muy escueto y limitado, fueron abriendo paso al derecho de la protección
de los datos personales en Argentina. Entre otras cosas, antes de la ley 25.326, se
reconoció la obligación de contar con el consentimiento del titular para tratar sus da-
tos personales2, o se llegó a soluciones pretorianas para mitigar el daño causado por
la difusión en bancos de datos de información falsa3 o la extensión de la legitima-
ción4.
La jurisprudencia rechazó sistemáticamente la existencia de un derecho a eli-
minar información personal almacenada en bancos de datos por el solo transcurso
del tiempo. Salvo algunos fallos aislados, no se admitió el derecho al olvido sobre la
base de una interpretación literal del hábeas data en el texto constitucional, pese a la
unánime aprobación de la doctrina5.
El caso “Groppa” fue una de las primeras decisiones en la materia6. El accio-
nante demandó a una empresa proveedora de información crediticia sosteniendo
que la información que ésta poseía sobre su persona en el banco de datos era anti-
gua y no reflejaba la realidad. El amparista citó en su apoyo el límite temporal im-
puesto legislativamente a distintas medidas judiciales.
La Cámara Civil de la Capital Federal, basándose en la ausencia de reglamen-
tación, sostuvo que “no es posible a través de la acción de hábeas data obtener la
limitación temporal para almacenar y distribuir datos de la demandada. En primer
lugar cabe señalar que los datos son vigentes ya que se consigna en cada caso si la
medida está vencida o no. Por otra parte, no existiendo disposición legal que fije un
límite temporal a la actividad que desarrolla la demandada, es inadmisible la preten-
sión de que por vía judicial se limite el tiempo de almacenamiento y distribución de
información que la empresa demandada se ha fijado. No es válida la comparación
que efectúa el recurrente sobre la vigencia temporal de la base de datos con el límite
temporal impuesto legislativamente a distintas medidas judiciales”.
En el caso “Falcionelli” se interpuso acción de hábeas data a los fines de su-
primir los datos que mantenía la misma agencia de informes comerciales, sostenien-
do que estaban caducos por haber transcurrido un lapso excesivo de tiempo. Los
datos consistían en inhabilitaciones para operar con cuentas corrientes que el actor
había tenido hacía más de diez años en tres bancos. Argumentó, asimismo, que la
existencia de esa información le causaba un perjuicio en su esfera patrimonial, pues-
to que le dificultaba el acceso al crédito y la posibilidad de obtener una tarjeta de
compras.
2 Ver, por ejemplo, CNCiv, Sala D, 23/2/99, “Lascano Quintana”, JA, 1999-IV-399.
3 En una suerte de hábeas data aclaratorio, el precedente “Cadaveira s/hábeas data” (CCiv -
ComFed, Sala 2, 22/12/98, “Revista Derecho y Nuevas Tecnologías”, n° 1 y 2, p. 281) ordenó publicar
la inexactitud del dato y aclarar que el actor había figurado como inhabilitado durante cierto período
según información errónea del Banco Roberts y que nunca debió haber estado inhabilitado (ver en
especial el considerando 22 del fallo comentado).
4 Reconocido en el caso “Urteaga” (CSJN, Fallos, 321:2767).
5 Gozaíni, Osvaldo A., El particular, el Estado y las empresas de venta de información crediticia
frente al hábeas data, LL, 2000-D-1290 y del mismo autor, El derecho de amparo, p. 187; Carranza
Torres, Luis R., ¿Existe un derecho al olvido en materia de datos?, DJ, 2000-3-787, y nuestro trabajo
Hábeas data y derecho al olvido, JA, 1997-I-33.
6 CNCiv, Sala M, 28/11/95, “Groppa c/Organizaci ón Veraz s/amparo”, JA, 1997-I-42.
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La demandada sostuvo que los datos eran dados de baja a los diez años, ne-
gándose a suprimirlos pues entendió que: a) la información cuestionada era cierta, y
b) que al difundir los datos a terceros, siempre se aclaraba que las inhabilitaciones
estaban vencidas.
La juez de primera instancia hizo lugar a la pretensión del actor7, reconociendo
la caducidad del dato basado en el “derecho al olvido” y declarando la arbitrariedad
de la negativa a suprimirlo.
Para así decidir la sentencia recurrió al derecho comparado señalando que
ciertos ordenamientos jurídicos establecen la eliminación del dato por el transcurso
del tiempo o cuando ya no resulte indispensable para la finalidad para la cual éste
fue recolectado. Seguidamente se citaron las conclusiones de jornadas y congresos
e incluso de proyectos de reforma del Código Civil que se inclinan por aceptar la su-
presión del dato antiguo o caduco, al que se lo define como “aquel que por efecto del
tiempo ha perdido virtualidad, ha devenido intrascendente a los efectos de cualquier
efecto jurídico relativo a la ejecutabilidad”.
La conservación indefinida de este dato caduco –siempre según la decisión de
primera instancia– impide el derecho al olvido, que da lugar al principio según el cual
“ciertas informaciones deben ser eliminadas de los archivos transcurrido un determi-
nado espacio de tiempo desde el momento en que acaeció el hecho a que se refie-
ren, para evitar que el individuo quede prisionero de su pasado”.
Y aplicando lo expuesto al caso concreto razonó que “es innegable que en el
caso el dato es caduco, si se piensa en términos de prescripción civil superaría el
plazo de prescripción liberatoria”. Se citó también el art. 51 del Cód. Penal, que pro-
híbe informar la existencia de sentencias condenatorias penales pasado cierto tiem-
po. Así concluyó que la negativa a suprimir los datos sobre inhabilitaciones no vigen-
tes a más de diez años era arbitraria, ordenando la supresión en las bases de datos
de la demandada de la información referente al actor.
La decisión fue apelada por la vencida y la Cámara Civil revocó lo decidido por
la juez de primera instancia8. La alzada se basó en las siguientes premisas: a) la
acción de hábeas data es procedente siempre que de los registros surjan inexactitu-
des o que éstos puedan provocarle cierta y determinada discriminación al actor; b)
los datos cuestionados carecían de inexactitudes porque contenían expresos agre-
gados con asiento de las fechas en que las tres inhabilitaciones habían vencido; c) la
actora sostiene que la demandada publica datos relativos a su intimidad y con ello
genera discriminación, pero no impugnó esos datos por inexactos; d) la actividad de
la demandada no afecta el honor e intimidad ni resulta discriminatoria a la vida de
relación del actor; la Sala recuerda que “la ausencia de reglamentación sobre la ma-
teria y que la información se orienta a actividades de índole estrictamente comercial
y crediticia; e) por último, el fallo termina señalando que la entidad demandada es
típicamente comercial a la luz del art. 8° del Cód. de Comercio y que guarda sus da-
tos durante diez años”.
7 JuzgNCiv n° 91, 5/3/96, “Falcionelli c/Organización Veraz“, JA, 1997-I-33 (sentencia de la doc-
tora Graciela Medina).
8 CNCiv, Sala G, 10/5/96, “Falcionelli c/Organización Veraz”, JA, 1997-I-33.

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