El derecho administrativo en el ordenamiento jurídico
| Páginas | 47-78 |
| Autor | Eduardo Ávalos,Alfonso Buteler,Leonardo Massimino |
CAPÍTULO II
EL DERECHO ADMINISTRATIVO
EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO
I. C D A
El Derecho Administrativo es la rama del derecho público que se ocupa
del estudio de la función administrativa del Estado, cualquiera sea el sujeto
que la ejerza; ya sea una persona pública estatal (uno de los poderes del Esta-
do, legislativo, ejecutivo o judicial) o no estatal (colegios profesionales, obras
sociales del sector público) e incluso particulares (concesionarios de obras y
servicios públicos) e incluso particulares (concesionarios de obras y servicios
públicos), para quienes aceptan que los sujetos privados ejercen función admi-
nistrativa1. Desde esta perspectiva podemos aseverar entonces que el derecho
administrativo consiste en el conjunto de normas y principios que regulan y
rigen el ejercicio de la función administrativa. Es el régimen jurídico o disci-
plina jurídica de la función administrativa del Estado.
El Derecho Administrativo no debe entenderse como algo abstracto, ajeno
o alejado de la realidad sino como algo de contacto cotidiano y permanente
con el individuo. Cuando nos dirigimos a la facultad o al trabajo tomamos un
colectivo o un taxi y como tal somos usuarios de un servicio público que es re-
gido por este derecho. Si optamos por utilizar nuestro automóvil, lo hacemos
porque estamos habilitados por el municipio para conducir, a través de una
manifestación de la función policial del Estado. Igualmente, por regulaciones
de esa naturaleza es que acatamos la luz roja del semáforo y nos detenemos
1 Al respecto ver, A G, Julio I., Lecciones de Derecho Administrativo, Advocatus,
Córdoba, 2005 ps. 212-213 y 231; S, Domingo Juan, El derecho administrativo en reexión,
Ediciones Rap S.A., Buenos Aires, 2005, p.77.
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en la esquina. Si estacionamos mal el vehículo nos pueden aplicar una multa
o puede ser removido por la grúa al corralón municipal, y en ese caso esta-
remos siendo destinatarios de una potestad sancionatoria del Estado, de la
que también se ocupa el Derecho Administrativo. Si por caso, suena nuestro
celular, volvemos a la situación de usuario de este otro servicio. Puede ser
que en el trayecto tengamos que utilizar una ruta concesionada, y al pagar el
peaje estamos formando parte como destinatario de un contrato administrativo
que celebro la Administración con una empresa para que tengamos un viaje
más seguro en orden a las condiciones del trayecto y su señalización. Puede
suceder que seamos alumnos de una universidad pública y como tal nuestra
relación jurídica se regirá por este derecho; incluso el día de mañana si una
vez recibidos concursamos una cátedra, ese procedimiento de selección es de
carácter administrativo lo mismo que la relación de empleo público que se
generaría si salimos airosos del concurso a partir del respectivo acto adminis-
trativo de designación. Al terminar la jornada, puede pasar que demoremos
en llegar a nuestro hogar por existir un gran congestionamiento de tránsito a
raíz de una importante obra que encara el municipio través de una empresa
contratista para agilizar la circulación, lo que da origen a uno de los contratos
administrativos más típicos: el de obra pública. El n de semana podemos
disfrutar de un parque emplazado en un terreno que ha sido expropiado por la
Provincia para establecer un lugar de esparcimiento. Y si tenemos sed, pode-
mos comprar una gaseosa en un quiosco que se encuentra en ese predio por
haber obtenido un permiso de uso de dominio público. Como vemos, aspectos
cotidianos de nuestra vida están relacionados íntimamente con el Derecho
Administrativo, aunque no seamos del todo conscientes de ello. Permanen-
temente somos destinatarios del ejercicio de la función administrativa del
Estado que se maniesta de diversas formas. Hechos administrativos, actos
preparatorios de decisiones administrativas como dictámenes e informes; ac-
tos administrativos, reglamentos y la ejecución de contratos administrativos
que celebramos con el Estado o como terceros destinatarios de los mismos,
afectan diariamente nuestra vida para bien o para mal. Y cuando esto último
sucede, se pone en acto todo un mecanismo de impugnación o de reclamación
en sede administrativa que puede terminar en una contienda judicial, lo cual
es objeto de estudio de un derecho procesal especial, el Derecho Procesal
Administrativo que forma parte de la ciencia que nos ocupa. Pretendemos de
este modo ilustrar al lector acerca de la importancia para nuestro día a día que
tiene el Derecho Administrativo.
A lo largo de los años y de acuerdo a la evolución que ha tenido nuestra
materia, se han dado una multiplicidad de deniciones para conceptualizar
al Derecho Administrativo. Muchas de esas deniciones son incompletas o
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CAPÍTULO II - EL DERECHO ADMINISTRATIVO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 49
inaceptables por carecer de algún elemento esencial. Tales criterios pueden
reducirse a los siguientes2:
1) Criterio legalista: Para los que siguen este punto de vista, el Derecho
Administrativo consiste en la exposición y comentario de las leyes administra-
tivas. Este criterio debe ser rechazado, pues reduce al derecho administrativo
a una mera “legislación”, olvidando que la legislación no es el “derecho”, el
cual no sólo comprende la ley en sentido material (Constitución, tratados,
reglamentos, etc.), sino los “principios”.
2) Criterio del Poder Ejecutivo: Según este criterio, el Derecho Admi-
nistrativo es el regulador de la actividad del Poder Ejecutivo. Entre nosotros,
este criterio lo siguió S. Esta concepción es inexacta. En primer lugar,
porque la actividad del Poder Ejecutivo no se reduce a administrar. Aparte
de su actividad administrativa, está su actividad política o de gobierno y la
de dictar reglamentos de carácter legislativo como los decretos de necesidad
de urgencia y los delegados. En segundo lugar, porque no sólo administra el
Poder Ejecutivo: también lo hacen el Legislativo y el Judicial.
3) Criterio de las relaciones jurídicas: De acuerdo a esta perspectiva el De-
recho Administrativo es el que regula las relaciones entre los particulares y el Es-
tado. Esta postura es incompleta. La idea de relaciones entre los ciudadanos y
el Estado no es privativa del Derecho Administrativo. Por otra parte, el Derecho
Administrativo no contrae su estudio a las relaciones entre los particulares y el Es-
tado, sino que también trata de las que se entablan entre éste y sus propios órganos.
4) Criterio de los servicios públicos: Según este criterio el Derecho Ad-
ministrativo es el conjunto de normas reguladoras de los servicios públicos.
Se lo ha objetado diciendo que la noción de servicio público es imprecisa, lo
que a su vez torna imprecisa la noción de Derecho Administrativo. Además,
el servicio público, si bien constituye una parte importante del derecho ad-
ministrativo, no agota el objeto del mismo. B agregó a esta concepción
—servicio público como objeto del Derecho Administrativo— lo inherente al
control jurisdiccional de la Administración.
5) Criterio de la actividad total del Estado: Según este punto de vista, el
Derecho Administrativo es el derecho regulador de la actividad total del Es-
tado. Fue auspiciado por algunos juristas alemanes5, para quienes el Derecho
Administrativo es el derecho regulador de la actividad total del Estado. Este
criterio es errado, puesto que además de la actividad administrativa, el Estado
desarrolla otras actividades.
2 Ver M, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, t. I, Abeledo-Perrot, Buenos Aires,
2000, ps. 143 y ss.
3 S, Félix, Derecho Administrativo, Assandri, Córdoba, 1961, p. 47.
4 B, Rafael, Derecho Administrativo, t. I, La Ley, Buenos Aires, 1964, ps. 5 y 7.
5 S; O M.
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