El derecho eclesiástico

Autor:Juan G. Navarro Floria
Páginas:689-693
 
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Con motivo de la convocatoria hecha por la Comisión Redactora del Anteproyecto de Código Civil, a presentar sugerencias y propuestas de reforma, tuve ocasión de publicar un breve trabajo acerca de las normas propias del Derecho Eclesiástico contenidas en el Código Civil, analizando tanto las existentes en el Código de Vélez como las que podrían existir en uno nuevo1.

Sin repetir lo dicho entonces y remitiendo en lo pertinente a ese trabajo, se presentan aquí las normas efectivamente propuestas en el Proyecto remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso. Un código como el proyectado naturalmente aloja normas propias del Derecho Eclesiástico. Algunas han sido proyectadas, y otras que podrían haberlo sido fueron excluidas.

La actualización en sí misma era necesaria por varias razones, entre ellas los grandes cambios habidos desde 1870 hasta nuestros días en el marco jurídico del campo religioso (comenzando por la eliminación del derecho de Patronato que reivindicaba la Constitución de 1853, y la constitucionalización del derecho a la libertad religiosa con el amplio alcance que hoy tiene); los desajustes entre el Código de Vélez y otras leyes posteriores; el enorme cambio de la realidad social con un pluralismo religioso inexistente en el siglo XIX, e incluso los cambios ocurridos dentro de las mismas confesiones religiosas, comenzando por la Iglesia Católica. Lo que cabe ahora, es ver el acierto o desacierto de las reformas proyectadas.

1. La Iglesia Católica en el Código Civil

El artículo 146 inciso c) del Proyecto de Código Civil y Comercial, reproduce la norma del actual artículo 33, considerando a “la Iglesia Católica” una “persona jurídica pública”.

Esa norma se complementa con el artículo 147, que dice: “Las personas jurídicas públicas se rigen en cuanto a su reconocimiento, comienzo, capacidad, funcionamiento, organización y in de su existencia, por las leyes y ordenamientos de su constitución”.

Del juego de ambas resulta que la Iglesia Católica se rige por “las leyes y ordenamientos de su constitución”, que en el caso sería el Derecho Canónico, de modo coincidente con lo que ha interpretado la Corte Suprema en el caso “Lastra”2, y ha tenido diversas aplicaciones judiciales y administrativas.

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Ahora bien: la jurisprudencia3y la doctrina nacionales son unánimes en airmar que bajo el rótulo “Iglesia Católica”, no hay una única persona jurídica (pública) sino muchas. La Iglesia Católica es una sola en su realidad eclesial, pero al mismo tiempo se organiza en múltiples personas jurídicas dotadas, cada una de ellas, de personalidad jurídica independiente según se regula en el Derecho Canónico: cada una de las diócesis y circunscripciones territoriales y personales equivalentes (prelaturas, eparquías, exarcados, obispado castrense…), cada una de las parroquias, la Conferencia Episcopal, los seminarios, los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica (regidas por la ley federal 24.483), etcétera.

Por esa razón, sería posible (y acaso preferible) un mayor grado de detalle en el artículo 146 c), que podría redactarse así:

Son personas jurídicas públicas: […] c) la Iglesia Católica, sus diócesis, parroquias, institutos de vida consagrada y demás personas jurídicas de conformidad con el Derecho Canónico.

Por otra parte, desaparece del Código la referencia a las “asociaciones religiosas”, como especie semejante pero no idéntica a las asociaciones civiles, entre las personas jurídicas privadas (aunque el artículo 168 prevé la “identidad religiosa” como posible determinante del objeto de una asociación). El Código vigente alude a ellas, incluso con una norma especíica que determina que para ser aprobadas como personas jurídicas es necesaria “aprobación de sus estatutos, y conirmación de los prelados en la parte religiosa” (artículo 45).

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