Denuncias, reclamos y recursos administrativos

• Autor: Eduardo Ávalos, Alfonso Buteler, Leonardo Massimino
• Páginas: 75-103

CAPÍTULO III

DENUNCIAS, RECLAMOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS

I. LA DENUNCIA ADMINISTRATIVA

La denuncia administrativa consiste en poner en conocimiento de la Adminis-

tración una situación irregular inherente al ejercicio de la función administrativa del

Estado. En general, tiene que ver con la deficiente prestación de los servicios

públicos pero puede abarcar cualquier especie de la vasta actividad administra-

tiva que despliegan los órganos públicos. Quien presenta una denuncia administra-

tiva carece de un interés personal, propio y directo, puesto que en tal supuesto ya

no se trataría de una denuncia propiamente dicha sino de un “reclamo”. Quien

denuncia, es titular —según la tipología clásica de situaciones jurídicas subjetivas—

de un interés simple, caracterizado por el interés que tiene el ciudadano en que la

Administración Pública marche correctamente. Puedo denunciar por ejemplo que

la ciudad está oscura, que está sucia, que la frecuencia de las líneas de transporte

no se respeta, etcétera1. Quien denuncia no es considerado “parte” y por lo tanto

no tiene potestades procesales, más allá de poder exigir una respuesta, en razón

del deber correlativo que tiene la Administración al derecho constitucional de los

ciudadanos de peticionar ante las autoridades. Sin embargo, carece de legitima-

ción para exigir una determinada conducta en relación al hecho denunciado. Ni la

1 Tras el fallo “Halabi” (Fallos: 332:2011) de la Corte Suprema de Justica de la Nación, que puso de

relieve otra óptica para analizar las diversas categorías subjetivas, en estos supuestos en que se ven

afectados ususarios de servicios públicos, podríamos hablar ce intereses individuales homogéneos.

Ver in extenso, el capítulo V del tomo I de esta obra.

76 EDUARDO ÁVALOS - ALFONSO BUTELER - LEONARDO MASSIMINO

Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19549 ni su decreto reglamen-

tario N° 1759/72 (B.O. 27/04/72), modificado por Decreto 894/2017 (B.O. 2/11/

17) contienen disposiciones sobre la “denuncia administrativa” propiamente

dicha. En cambio, la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de

Córdoba N° 5350 (t.o. Ley 6658) contiene algunas disposiciones al respecto.

Establece que tiene facultad de denunciar toda persona que tuviere conocimien-

to de la violación de Leyes, Decretos o resoluciones administrativas por parte de

órganos de la Administración, quien podrá hacerlo ante la autoridad competente

(art. 72). Dispone que la denuncia podrá hacerse por escrito o verbalmente, per-

sonalmente o por representante o mandatario. La denuncia escrita debe ser firma-

da, cuando sea verbal, se labrará acta. En ambos casos el funcionario intervinien-

te comprobará y hará constar la identidad del denunciante (art. 73). Debe contener

de un modo claro, en cuanto sea posible, la relación del hecho, con las circunstan-

cias de lugar, tiempo y modo de ejecución, y la indicación de sus autores y partíci-

pes, damnificados, testigos y demás elementos que puedan conducir a su compro-

bación (art. 74). Dispone que el denunciante no es parte en las actuaciones, salvo

cuando por la denuncia se pretenda o reclame algún derecho (art. 75). La redac-

ción de este artículo es poco feliz, ya que justamente, si a través de la denuncia se

reclama un derecho, ya deja de tratarse de una denuncia para transformarse en un

“reclamo”, donde la situación subjetiva es diferente y por lo tanto, las potestades

que posee el reclamante. Presentada una denuncia, el funcionario que la reciba la

elevará de inmediato a la autoridad superior de la dependencia, si no hubiera sido

radicada directamente ante la misma, y ésta deberá practicar las diligencias pre-

ventivas necesarias, dando oportuna intervención al órgano administrativo com-

petente (art. 76).

La denuncia administrativa no debe ser confundida con la denuncia penal. La

presentación de alguna de ellas no excluye a la otra, ya que reconocen diferente

naturaleza.

II. LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

1. Introducción

El recurso administrativo es una pretensión deducida ante un órgano adminis-

trativo por quien está legitimado para ello con el fin de obtener la revocación o

modificación de un acto administrativo dictado por ese mismo órgano o por el in-

ferior jerárquico.

El administrado puede atacar el acto administrativo por razones de legitimidad

o por razones de oportunidad y su actividad conduce a la defensa de un derecho

subjetivo o de un interés legítimo lesionado por el acto. En el caso de los recursos