Denuncian por lavado de dinero a empresarios cercanos al Gobierno

A 40 días de las elecciones, el Gobierno lanzó una ofensiva judicial sobre un grupo de empresarios, algunos de ellos de trato frecuente con la presidenta Cristina Kirchner, con inversiones multimillonarias en el país.La Procuraduría de Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Procelac), a través del área de Fraudes Económicos y Bancarios, denunció a los accionistas del Grupo ST, que tienen el control accionario del Banco Servicios y Transacciones (BST), por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero. Lo hizo a partir de informes de la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central, según difundió la Procuración de la Nación a través de su página web.Entre los denunciados, hay algunos nombres célebres del empresariado argentino. El más conocido es el de Marcelo Mindlin, un avezado financista y presidente de Pampa Energía, el holding eléctrico más importante del país, cuya nave insignia es la distribuidora eléctrica Edenor. También está en la lista su hermano Damián y Gustavo Mariani, que forma parte del mismo grupo; el desarrollador inmobiliario Sergio Grosskopf; el banquero Pablo Peralta, que pasó por Bansud, y ahora es uno de los dueños del BST; Roberto Domínguez, un ejecutivo tradicional de la cityporteña y de buena relación con el titular del Macro, Jorge Brito; Eduardo Oliver y Roberto Ruiz.Mindlin se reunió en varias ocasiones con Néstor Kirchner, con la presidenta Cristina Kirchner y fue, durante años, un interlocutor habitual del ministro de Planificación, Julio De Vido. Su equipo técnico, además, trabaja contra reloj para sumar a Pampa a un proyecto de inversión con YPF, que se podría anunciar la semana próxima. Sus colaboradores, sin embargo, sostienen que no planean anuncios inminentes.La iniciativa contempla un desembolso de Pampa para producir gas en una concesión de YPF. Eso le permitiría a la petrolera ampliar su oferta del insumo y al holding eléctrico contar con combustible barato para sus centrales de generación. De manera que el empresario acusado por el Gobierno se convertiría en socio del Estado.Más de $ 100 millonesLa Procuraduría cuestiona la inyección de "más de 100 millones de pesos a través de aportes de capital canalizados desde sociedades interpuestas y controladas por los grupos financieros Dolphin y Abus Las Americas. Estos dos grupos económicos utilizaron los aportes para comprar el paquete mayoritario del Grupo ST y del banco del grupo, sin que esas operaciones contasen con la debida...