Una denuncia judicial por fraude complica las elecciones en AMIA

La noche del próximo viernes 22 los judíos de todo el mundo se reunirán en sus casas para celebrar Pésaj, el relato de la salida de la esclavitud en Egipto narrado en la Biblia.

Bien lejos de aquel espíritu de unidad en torno de un líder indiscutido como Moisés, y con la renovación de autoridades de la AMIA del próximo domingo como motivo central de la disputa, el oficialismo del Bloque Unido Religioso (BUR) y la oposición agrupada en la coalición Juntos por AMIA, que lidera el rabino y ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, se trenzaron en una cruenta batalla mediática y política que incluyó, por primera vez en los 122 años de historia de la mutual, la intervención de la justicia civil. Una instancia que amenaza dividir aguas de manera definitiva en la entidad que se encarga de la asistencia social comunitaria y que sufrió el atentado terrorista de julio de 1994.

El lunes pasado, un oficial de justicia llegó a la sede de la mutual judía acompañado por dirigentes de la coalición opositora. El objetivo: acceder a la información sobre los padrones electorales, libros contables, cuentas corrientes de los más de 20.000 socios en condiciones de votar. "No nos quedó otra opción. Queremos ir a elecciones, pero con un padrón limpio, y no nos suministraron información hasta que dimos este paso" explicó a LA NACION Sergio Brukman, secretario de la agrupación AMIA es de Todos, que encabeza Bergman.

Quince días antes, la oposición (que también lidera el ex presidente de la AMIA Luis Grynwald) ya había decidido no inscribir su lista para los comicios, que quedaron "servidos" para la ortodoxia, cuyo líder espiritual es el rabino Samuel Levin, y sus aliados laicos.

¿Cuáles son las denuncias? Según Brukman y Ariel Grun (que reporta a Grynwald), más de 8000 socios pagan un promedio de cuota de 5,89 pesos, y buena parte de ellos está anotada en el mismo domicilio de pago. "Tres mil socios están anotados en la quinta que la comunidad de Levin tiene en Ituzaingó, por lo que hay que poner urnas allá para que voten", se quejó Grun ante LA NACION en un bar del microcentro. Además de denunciar las cuotas a precios irrisorios (que los habilitan a votar), lo que supone una especie de "voto cautivo", los opositores afirman que no fueron notificados de una moratoria que permitió incluir en el padrón a 4000 nuevos votantes.

En el oficialismo, que gobierna la AMIA desde 2008, hay indignación y acusaciones varias.

"Son unos miedosos, cobardes denunciantes, tienen...