Demanda a la Corte por el ingreso por concurso a la Justicia

Un abogado presentó una acción de amparo colectivo contra la para que "se la condene, en su carácter de autoridad de aplicación, a reglamentar la ley 26.861, de manera que permita su puesta en funcionamiento". En otras palabras, un abogado se presentó ante la Justicia para que un juez le ordene al tribunal que preside que regule la ley que estipula el ingreso de nuevo personal al Poder Judicial a través de concursos y criterios objetivos, vigente desde hace casi cinco años.

"Que vengo por el presente a iniciar demanda por vía de amparo contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en calidad de afectado individual e invocando la representación de todo el colectivo de abogados interesados a ingresar legítimamente al Poder Judicial de la Nación y Federal, por verse afectado nuestro derecho a un ingreso igualitario a tales estamentos públicos en razón de la omisión inconstitucional de casi cinco años de reglamentación necesaria de la ley 26.861", reza el escrito presentado por Iván Verdún.

Con fecha 31 de mayo de 2013 fue promulgada la ley de ingreso democrático e igualitario de personal al Poder Judicial de la Nación y Ministerio Público (ley 26.861), como parte de la reforma judicial, promovida en ese entonces por la presidenta Cristina Kirchner. Los ministerios públicos, de la mano de la exprocuradora Alejandra Gils Carbó y la defensora Stella Maris Martínez, reglamentaron y pusieron en marcha la ley para sus dependencias en cuestión de meses. Pero la Corte Suprema, no.

En ese sentido, el abogado que presentó su escrito ante la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo -que ya quedó radicado en el Juzgado N° 9, cuyo titular es el juez Pablo Cayssials- sostuvo: "La citada normativa [ley 26.861] vino a llenar un vacío existente en el ámbito judicial federal, tendiente, ni más ni menos, a promover al cumplimiento de la manda dispuesta por el artículo 16 de la Constitución nacional, en cuanto al ingreso a los cargos públicos por idoneidad". A lo que agregó: "En contraposición con la celeridad que demostraron tales entes [ministerios públicos] en cumplir con la voluntad del Congreso, al día de la presentación de esta demanda, y habiendo transcurrido casi cinco años, el máximo tribunal aún no ha procedido a dictar la reglamentación que permita la puesta en efectivo funcionamiento de la ley".

El mecanismo de ingreso de los empleados al Poder Judicial no se diferencia del mecanismo de ingreso del resto de los empleados públicos en...