La demanda

• Páginas: 45-70
• Autor: Manuel E. Rodríguez Juárez

28 MANUEL E. RODRÍGUEZ JUÁREZ

Vemos como una incoherencia en la sistemática del le-

gislador, la circunstancia de que si el incidente se promue-

ve durante la sustanciación de un juicio abreviado, éste

tendrá el mismo trámite y, por tanto, la misma extensión

que el procedimiento principal.

Debido a la importancia de este inciso, su tratamiento

se hace por separado en el capítulo VIII.

Inciso 6: “Todos los casos para los cuales la ley sustanti-

va establece el juicio sumario u otra expresión equivalente.”

La ley sustantiva, con más habitualidad de la aconse-

jable, suele establecer la forma como deberá sustanciarse,

o el trámite a imprimir a tal o cual institución. En muchos

casos utiliza expresiones como “procedimiento sumario”,

“sumarísimo”, “breve”, etc.; en todos estos supuestos debe

sustanciarse por el trámite del juicio abreviado, como por

ejemplo: a) La autorización de venta de bienes ganancia-

les (art. 1277, Código Civil); b) La oposición a la celebra-

ción del matrimonio; c) Las variaciones del proyecto en la

locación de obra (art. 1633 bis, Código Civil); d) La acción

confesoria (art. 2796, Código Civil); e) El despojo (arts. 779,

CPC, y 2490, Código Civil); f) La acción de manutención de

la posesión (art. 2495, Código Civil), y g) La acción de obra

nueva (art. 2498, Código Civil), salvo que junto con ella se

reclamen daños y perjuicios, en cuyo caso tramitará por

juicio ordinario.

Inciso 7: “Los demás casos que la ley establezca.”

Se está haciendo referencia, sin duda, a la ley procesal,

pues de no ser así estaríamos en el supuesto contemplado

en el inciso anterior.

Capítulo IV

LA DEMANDA

La mayoría de los autores (por no decir todos) concep-

tualizan la demanda judicial como una petición. Pero no-

sotros opinamos, modestamente, que la demanda judicial

no constituye propiamente la manifestación tangible del

derecho constitucional de peticionar a las autoridades, por-

que la petición es cualquier requerimiento de satisfacción

de un interés individual o colectivo, pero que se agota en el

acto de pedir, sin que el resultado que se espera sea obliga-

torio para la autoridad. Lo mismo opina el Dr. Arbonés.

Nosotros preferimos conceptualizar la demanda como

un acto de postulación, que no significa sólo pedir, sino que

tiene el sentido de reclamación o queja con derecho a una

respuesta concreta, respuesta que compete al Estado a tra-

vés de sus órganos jurisdiccionales.

La demanda judicial, entonces, constituye —como se-

ñala Arbonés— la materialización del derecho a la acción,

que el Estado debe satisfacer abriendo una instancia y obli-

gándose a decidir sobre la pretensión que constituye el ob-

jeto material o jurídico de dicha acción.

Por aplicación del art. 15 del Código Civil, los jueces no

pueden dejar de sentenciar bajo el pretexto de silencio u

oscuridad de las leyes; es lo que Herman Kantorowicz ha

denominado la “manía de grandeza de la jurisprudencia”,

EL JUICIO ABREVIADO EN EL CPC 27

necesariamente debe prever la legislación, aunque sabe-

mos que en nuestra sociedad las cuotas alimentarias son

apenas suficientes para satisfacer las necesidades alimen-

tarias propiamente dichas.

El Código anterior hacía referencia a “alimentos provi-

sorios”, y quedaba diferida para el juicio ordinario la dis-

cusión sobre el derecho a la percepción de alimentos, su

cesación, aumento o reducción, como lo establecía el Códi-

go derogado en el art. 792: “Cualquiera que sea la sentencia

firme que recaiga sobre alimentos provisorios, no produci-

rá excepción de cosa juzgada. Siempre quedará a salvo el

derecho de las partes para promover el juicio ordinario de

alimentos definitivos, en el cual podrá ventilarse, sin efecto

retroactivo, tanto el derecho de percibirlos como la obliga-

ción de darlos y su cuantía; sin perjuicio de seguir abonán-

dose, mientras tanto, la suma señalada provisoriamente.”

¿Cómo disciplina la ley 8465 este tema? Creemos que los

alimentos siguen siendo provisorios por la naturaleza misma

del tipo de prestación, lo que significa que la sentencia que

se dicta no hace cosa juzgada en sentido material sino formal,

por tratarse de una obligación del tipo rebus sic stantibus, es

decir, aquellas que pueden modificarse si se modifican las

condiciones de hecho que las originaron. Pero la discusión so-

bre el derecho a percibir alimentos, su cuantía, cese, aumen-

to o reducción, no puede derivarse para el juicio ordinario

posterior, sino que se tramita en este juicio abreviado, ya

que, como dijimos al principio, se trata de un proceso de cog-

nición plena o completa, que garantiza el contradictorio.

Por la importancia de este tema hemos dispuesto su

análisis por separado en el capítulo XI.

Inciso 5: “Los incidentes.”

Por supuesto, la norma hace referencia a los incidentes

que no tengan un trámite específico determinado por el

Código Procesal Civil y Comercial.

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que pretende dar respuesta a todo caso que se le presente.

Esto quiere decir que cuando el Estado ha asumido el mono-

polio de la decisión jurisdiccional, ha contraído consecuente-

mente la obligación de dirimir los conflictos con relevancia

jurídica que le sean sometidos por los particulares.

Tenemos entonces (para la mayoría de la doctrina) dos

requisitos: a) Que el conflicto le sea sometido por los particu-

lares al órgano jurisdiccional (el caso), y b) Que el conflicto

tenga “relevancia jurídica” (la materia a decidir).

El ejemplo típico de laboratorio es el de las normas re-

guladoras de la costumbre; por más que la infracción de

las mismas irrogue agravio, no pueden ser sometidas a de-

cisión de los órganos jurisdiccionales: el saludo de un veci-

no es una fórmula de cortesía, pero su negación no genera

un conflicto concreto de intereses con relevancia jurídica;

en cambio, si el vecino, en vez de retribuir el saludo, incu-

rre en improperios lesivos a la dignidad del destinatario,

entonces sí podemos encuadrarlo en la calificación de inju-

ria, generando por ello la acción reparatoria consecuente.

En esto también coincidimos con Arbonés.

Sin embargo, a menos que aceptemos la posibilidad del

tribunal de resolver sobre la improponibilidad objetiva de

la demanda, el único requisito exigido sería la existencia

del caso.

1. CONTENIDO Y FORMA DE LA DEMANDA

Para que la demanda sea admitida es necesario que esté

revestida de las formalidades impuestas por el art. 175 del

CPC, pues, de lo contrario, el tribunal puede “rechazarla

de oficio”, de conformidad con lo previsto por el art. 176

del CPC, que reza: “Los tribunales deben rechazar de oficio

las demandas que no se dedujeren de acuerdo con las pres-

cripciones establecidas, expresando el defecto que conten-