Los delitos por corrupción no deben prescribir

http://www.lanacion.com.ar/1629662-stolbizer-presento-el-nunca-mas-de-la-corrupcionLos crímenes de lesa humanidad son aquellos que por el grado y alcance de esa ofensa, de ese agravio o de esa herida no prescriben, es decir, pueden ser juzgados independientemente del tiempo que haya transcurrido desde el momento en que el delito se cometió. http://www.lanacion.com.ar/1630159-la-corrupcion-fue-tema-protagonico-en-un-encuentro-empresarialPara el resto de los delitos, nuestro Código Penal establece distintos momentos para que opere la prescripción: a los 15 años, cuando la pena fuere la de reclusión o prisión perpetua; después de transcurrido el máximo de duración del castigo señalado para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión no pudiendo, en ningún caso, el término de la prescripción exceder de 12 años y bajar de dos años.Así, la prescripción de la acción penal importa la extinción del castigo y la puesta de límites a la pretensión punitiva de los Estados, ya sea por el tiempo transcurrido, porque no ha habido juicio o porque no se ha ejecutado una condena. Sin embargo, esa necesidad de poner fin a una persecución se ha ido modificando con el tiempo, especialmente cuando la prescripción resulta peligrosa para el orden social o puede llevar a la impunidad de quienes cometieron crímenes aberrantes como el terrorismo de Estado.Desde hace ya tiempo en nuestro país se alzan voces para que no prescriban los delitos de corrupción. Pero han sido casi siempre reclamos aislados, que no han conseguido modificar la ley.Por cierto que, en la Argentina, la corrupción no es un fenómeno reciente. Desde 1890 a la fecha, han sido numerosas las denuncias por ese delito en el país, pero no nos equivocamos si decimos que ese fenómeno ha ido in crescendo desde la década del 90.Los casos de la mafia del oro, del contrabando de armas a Croacia y a Ecuador, de la denominada "aduana paralela", el expediente IBM-Banco Nación, la causa Ciccone, las sospechas por lavado de dinero, las presuntas coimas por la sanción de la reforma laboral y los múltiples trámites judiciales en los que se investiga el presunto enriquecimiento ilícito de funcionarios son algunos de los ejemplos más contundentes de que algo hay que hacer para que esos delitos sean finalmente juzgados y condenados.Por enriquecimiento ilícito, a fines de 2012 había 35 causas abiertas en las que están sospechados funcionarios y ex funcionarios del actual gobierno. La condena a Felisa Miceli...