Delitos individuales y colectivos en el ejército romano

• Autor: Juan Pérez Carrandi
• Cargo: Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid
• Páginas: 237-254

223

MIGUEL AGUSTÍN TORRES

por igual las fases de producción, comercialización y consumo. En efecto, puesto

que constituye un “sistema socioeconómico, cultural y ambiental”60 que importa el

despliegue de “recursos y actividades, personas, instituciones y organizaciones”61,

teniendo en miras los principios que conducen al “desarrollo integral del ser humano

como sujeto, actor y fin de la economía”62. La amplitud de este sistema también se

advierte en la compatibilidad y flexibilidad que ostenta para impulsar la articula-

ción de diversas estrategias de desarrollo (gestión del conocimiento, formación,

innovación, redes y desarrollo local63) orientadas a contribuir a la conformación de

una sociedad inclusiva e igualitaria64.

IV. b. ii. La caracterización de las actividades y sus protagonistas

Para los instrumentos legales provinciales, tanto brasileros como argentinos, la

economía social y solidaria se traduce, en los hechos, en diferentes actividades de

producción y comercialización sin fines de lucro, e iniciativas de consumo, desarro-

lladas todas y cada una de ellas, de forma mancomunada a través de procesos orga-

nizacionales auto-gestionados que implican relaciones intra-miembros de carácter

horizontal expresadas democráticamente en instancias deliberativas y estructuras

decisorias. Además, el ejercicio de estas actividades, en sus diversos tramos, no

debe apartarse de los principios y valores propios del ámbito social y solidario.

Precisamente, el modo en que se desarrolla este tipo de prácticas y la finalidad

que se persigue con su concreción es lo que define, en sentido estricto, su naturaleza

social y solidaria. Pues, si bien las específicas características de los sujetos que las

ejecutan, ya sea que se trate de entidades reconocidas jurídica e institucionalmente o

de simples agrupamientos informales carentes de tipificación legal, también facilitan

la identificación del perfil social y solidario de estas actividades, no menos cierto es

que tanto el desenvolvimiento y los fundamentos de éstas últimas como los móviles

y el proceder de los actores que la protagonizan se encuentran atravesados por los

principios que distinguen a la economía social y solidaria.

De tal manera, por la relevancia que poseen dichos principios, las normas pro-

vinciales contienen referencias expresas sobre los mismos. Así, para la ley del estado

de Mato Grosso do Sul65, la economía social y solidaria se rige por los principios de

autogestión, democracia, participación, igualitarismo, cooperación, desenvolvimien-

to humano y responsabilidad social66. A su vez, en el criterio de la ley del estado

(60) Ibídem.

(61) Ibídem.

(62) Ibídem.

(63) Ibídem.

(64) Ibídem.

(65) Ley 3039 del estado de Mato Grosso do Sul.

(66) Ibídem, art. 2.

224

Revista de la Facultad, Vol. XI • Nº 1 • NUEVA SERIE II (2020) 205-236

de Espíritu Santo las experiencias sociales y solidarias se ajustan a los principios

de cooperación, autogestión, solidaridad, sostenibilidad económica y ambiental y

valorización tanto del ser humano como del trabajo67. Por su parte, la ley del esta-

do de Bahía68 y la ley del estado de Alagoas69 ofrecen un espectro más amplio, al

incorporar, a la enunciación de los principios mencionados, determinados tópicos

considerados sensibles desde la perspectiva de la inclusión social y la lucha contra la

discriminación. De esta forma, además de la autogestión, la democracia, la solidaridad,

la cooperación, la equidad, la valorización del medio amiente, la dignificación del trabajo

humano, sendas normas mencionan como principios a la ponderación del saber local

y a la igualdad en materia de género, edad, etnia y credo70.

Esta importancia que las regulaciones jurídicas locales le asignan a los princi-

pios también se encuentra presente en los instrumentos legales de las jurisdicciones

provinciales de Argentina. Así, para la ley de la provincia del Chaco, las actividades

de la economía social y solidaria se orientan a la satisfacción de los principios de

desarrollo integral de la persona humana, en su triple rol dentro de la economía

como sujeto, actor y fin de la misma71. A su vez, como pudo verse, de conformidad

con la ley de la provincia de Entre Ríos las experiencias sociales y solidarias se

ajustan, como rasgo distintivo, a los principios de participación democrática en el

proceso de adopción de decisiones, de autonomía de la gestión, y de preponderan-

cia del fin social y del propio ser humano con respecto al capital72. En armonía con

las normas chaqueña y entrerriana los dispositivos legales específicos de Mendoza

y de Buenos Aires destacan, con idéntica redacción entre sí, que el sector social y

solidario se desenvuelve con sujeción a los principios de solidaridad, cooperación

y autoridad legítima73.

En lo referente a la identificación, que efectúan las normas provinciales, de

los actores que componen el espacio social y solidario, puede afirmarse que tal

enunciación no reviste un carácter taxativo. Por el contrario, esta descripción,

que sintoniza con el carácter genérico que ostenta la legislación bajo estudio,

representa una coordenada conceptual que posibilita definir el perímetro del

ámbito social y solidario. Tal apertura que reflejan los instrumentos legales en

este aspecto sugiere que los legisladores no soslayaron el dinamismo que suele

caracterizar al campo solidario.

(67) Ley 8256 del estado de Espíritu Santo, art. 4.

(68) Ley 12368 del estado de Bahía, art. 2 inc. III.

(69) Ley 7576 del estado de Alagoas, art. 2 inc. III

(70) Ley 12368 del estado de Bahía, art. 2 inc. III; Ley 7576 del estado de Alagoas, art. 2 inc. III.

(71) Ley 7480 de la provincia del Chaco, art. 2.

(72) Ley 10151 de la provincia de Entre Ríos, art. 3.

(73) Ley 8435 de la provincia de Mendoza, art. 2 y Ley 14650 de la provincia de Buenos Aires,

art. 2.