Delitos contra la administración pública

Páginas:164-167
 
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Delitos contra la Administración Pública
Sumario
§1.- m. Nac. Casación Penal, sala I, causa 10. 530, caratulada:"G. d. S., M. M. s/recurso de c asación" rta.
4 de febrero 2010. Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa del condenado -en
el marco del procedimiento de juicio abreviado-, en calidad de autor del delito de contrabando simple agravado
por tratarse de estupefacientes destinados a su comercialización (arts. 863 , 866 segundo párr. y 871 del C.A.) y,
en consecuencia, anular la parte pertinente del dispositivo que ordenó el decomiso de diversas sumas de dinero en
moneda nacional y extranjera, pues de las consideraciones de la sentencia no se deduce con certeza que el dinero
afectado constituya un instrumento del delito en los términos del art. 23 del CPen., no pudiendo en el particular
descartarse la duda en cuanto a que el i ncuso tuviera capacidad de ahorro para reunir esos montos pues contaba
con trabajo, no tenía familia a cargo y sus gastos eran mínimos; circunstancias éstas a las que debe añadirse el
carácter estático de la tenencia endilgada, en tanto el material prohibido incautado aún no había sido
comercializado, con lo cual no puede reputarse que los valores sean producto del delito.
§2.- Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, causas Nº 40.419 y su
acumulada Nº 40.206 seguida a C. C. M. y a J. A. V., rta. 16 de septiembre de 2010. Exacciones ilegales: el
agente realiza la acción abusando del c argo que desempeña. La exigencia tiene como fundamento el carácter de
agente de la Administración Pública del actor.
§3.- Sala III del Tribunal de Casación Penal, causa número 10212 (registro de Presidencia número 35393)
caratulada: “T., R. A.. S., C. A. s/ recurso de casación”, rta. 5 de agosto 2010. Validez de las leyes penales en
blanco. El análisis de la razonabilidad de las potestades reglamentarias del e jecutivo. El art. 189 bis párrafo
cuarto del C.P. en función de la ley 20.429 reglamentada por el Decreto 325/75, no es violatorio del principio de
legalidad del art. 18 de la C.N.
§1.- Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa del
condenado -en el marco del procedimiento de juicio abreviado-, en calidad de autor del
delito de contrabando simple agravado por tratarse de estupefacientes destinados a su
comercialización (arts. 863 , 866 segundo párr. y 871 del C.A.) y, en consecuencia, anular
la parte pertinente del dispositivo que o rdenó el decomiso de diversas sumas de dinero en
moneda nacional y extranjera, pues de las consideraciones de la sentencia no se deduce
con certeza que el dinero afectado constituya un instrumento del delito en los términos del
art. 23 del CPen., no pudiendo en el particular descartarse la duda en cuanto a que el
incuso tuviera capacidad de ahorro pa ra reunir esos montos pues contaba con trabajo, no
tenía familia a cargo y sus gastos eran mínimos; circunstancias éstas a las que debe
añadirse el carácter estático de la tenencia endilgada, en tanto el material prohibido
incautado aún no había sido comercializado, con lo cual no puede reputarse que los
valores sean producto del delito.
“Que la cuestión a resolver en autos es análoga a la decidida por esta Sala en el precedente "Fidler, Raymond
Romanus s/ recurso de casación" (Causa nº 8057, reg. nº 10.330, rta. el 17/4/07). En dicho fallo se dijo que "El
decomiso procede, según el art. 23 del C.P., respecto de "las cosas que h an servido para cometer el hecho y [.] las
cosas o ganancias que son su producto o el provecho del delito".que los efectos están compuestos por los diversos
objetos producidos por el delito, [.] los objetos obtenidos, o el dinero producido seguirán siendo el producto del
delito y, por tanto, sus efectos" ("Código Penal y normas complementarias", Dirigido por David Baigún y Eugenio
R. Zaffaroni, Hammurabi, Buenos Aires, 1997, pág. 315). En este sentido, el dinero recibido por la venta de
estupefacientes constituye, sin lugar a dudas, un efecto del hecho ilícito y, como tal, susceptible de ser decomisado
tal como lo dispone el art. 30 in fine de la ley 23.737. Sin embargo, la acreditación de esta procedencia. Es
insoslayable para que su dictado sea legítimo. Ello es asi pues, aun cuando no se tr ate de una "pena" en los
términos del artículo 5 del código de fondo (aunque algunos autores lo definen como "pena accesoria"), importa un

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