Delito, poder político y actuación judicial

El procesamiento y embargo judicial al policía Luis Chocobar por haber matado a uno de los ladrones que apuñalaron al turista norteamericano Frank Wolek en La Boca, en diciembre último, reabrió una polémica de vieja data nunca zanjada en nuestra sociedad: cuál es el lugar que queremos que tengan nuestras fuerzas de seguridad y hasta dónde puede llegar la discrecionalidad de un juez a la hora no solo de condenar, sino también de prevenir posibles delitos.

Chocobar fue procesado por homicidio agravado por exceso de legítima defensa por el juez titular del Juzgado de Menores Nº 1, Enrique Velázquez, quien también le dictó a aquel un embargo por 400.000 pesos. La historia es conocida: el turista paseaba cerca de Caminito con su equipo fotográfico. Dos jóvenes, uno de 18 años y otro menor de edad, quisieron robárselo. El hombre se resistió y recibió diez puñaladas: una de ellas, en el corazón.

Chocobar, quien en realidad actuó en ejercicio de su deber de agente policial a pesar de que estaba fuera de servicio, vio lo que ocurría e intercedió. Alertó a los delincuentes de su presencia y estos empezaron a escapar. El policía dio la voz de alto, la que fue desoída, por lo que disparó e hirió a uno de ellos. Más tarde, el delincuente falleció.

Según Chocobar, actuó "cuidando la vida de terceros" y resguardando la suya. Según el juez Velázquez, el policía repelió una agresión ilegítima utilizando "un medio racional de una manera desproporcionada".

Como derivación de este caso policial, en el que Wolek fue salvado providencialmente por médicos del Hospital Argerich, el presidente Macri recibió a Chocobar para felicitarlo por su proceder. En cambio, algunas organizaciones vinculadas con los derechos humanos y con la lucha contra la represión policial y parte de la Justicia criticaron ese apoyo político. Sin dudas, fue una señal clara del Gobierno hacia el falso garantismo de algunos jueces que privilegian los derechos de los victimarios por sobre los de las víctimas. Velázquez es conocido por varias imputaciones en su contra, pero especialmente porque liberó al asesino del niño Brian Aguinaco, de 14 años, permitiendo que el atacante, de la misma edad que la víctima, fuera expulsado a Perú. La familia Aguinaco denunció que el delincuente menor de edad volvió libremente a nuestro país. Ese caso, ocurrido en diciembre de 2016 y que conmovió al país, agitó las aguas de otro de los debates espasmódicos en nuestra sociedad: la necesidad o no de bajar la ley...