Delimitación de competencias federales, cláusula para el progreso y derechos de trabajadores y empresas (en el caso 'Argenova')

• Autor: Julio Conte-Grand
• Páginas: 251-258

EL DERECHO ADMINISTRATIVO (t. 2011) 251

Sumario: 1. DIVISIÓN DEL PODER EN EL FEDERA-

LISMO ARGENTINO. – 2. EL CASO “ARGENOVA”. – 3.

LALEY FEDERAL DE PESCA, EL DOMINIO Y LA JURIS-

DICCIÓN PROVINCIAL SOBRE LOS RECURSOS NATURALES

Y LA PROTECCIÓN DE LA “MANO DE OBRA ARGENTINA”.

– 4. ¿UNA NUEVA LECTURA DE LA CLÁUSULA PARA EL

PROGRESO EN LA ARMONIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE

LOS TRABAJADORES Y LA EM PRESA? – 5. LA INTER-

PRETACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE PESCA COMPATIBLE

CON EL RESGUARDO DEL LIBRE COMERCIO INTERIOR EN

LOS FUNDAMENTOS DE LA JUEZA ARGIBAY. – 6. CON-

SIDERACIÓN FINAL.

1

División del poder en el federalismo

argentino

En la Constitución Nacional coexisten tres

tipos de divisiones del poder. La forma de go-

bierno de la república democrática perfila la clá-

sica separación de funciones entre el Congreso fe-

deral, la presidencia de la Nación –aunque ésta

concentra instrumentos jurídicos que la hacen for-

tísima frente a los otros dos– y el Poder Judicial.

Luego de la reforma constitucional de 1994, debe

sumarse a esa tríada el Ministerio Público, orga-

nismo que adquirió catego ría de p oder –a lo

menos en la norma– por las características de in-

dependencia con autonomía funcional y autarquía

financiera asignadas en el art. 120 de la CN(1). La

sanción de una constitución rígida y suprema ele-

gida en 1853 por la República Argentina generó la

división entre el poder constituyente y los pode-

res co nstituidos, éstos subordinados a aquél(2).

Por fi n, la forma de Estado federal consa grada

también en el art. 1º de la Constitución histórica

estableció una división de competencias entre la

federación y los estados locales o provincias(3).

Después de la mencionada reforma constitucio-

nal de 1994, la Ciud ad Autónoma de Buenos

Aires y los municipios –a quienes debe garanti-

zarse la autonomía institucional, política, admi-

nistrativa, económica y financiera– se sumaron a

una distribución de competencias aún más com-

pleja dentro del sistema federal que sigue vigente

en l a Ley Suprema(4), aunq ue permanece muy

atenuado por la dinámica política que le imprime

una presidencia poderosa(5).

Delimitación de competencias federales, cláusula

para el progreso y derechos de trabajadores

y empresas (en el caso “Argenova”)

por MARÍAANGÉLICA GELLI

NF

(1) La Corte Suprema, en el caso “Quiroga, Edgardo

Oscar”, Fallos: 327:5863 (2004), reconoció el impacto que

el nuevo art. 120 de la CN produjo en el paradigma procesal

penal argentino, al señalar que la independencia allí estable-

cida se aplica tanto frente al Poder Ejecutivo como al Poder

Judicial, en orden a la garantía de la defensa y la imparciali-

dad de los jueces. Conf. consids. 26 al 29 y en especial con-

sid. 30.

(2) Esta división de poderes fue la que sostuvo el control

de constitucionalidad –sin bien en obiter dictum– en el caso

“Marbury vs. Madison” 1 Cranch 137, 2 L. Ed. 60 (1803).

Versión de la sentencia en GUNTHER, GERALD, Constitutional

Law, 11ª ed., USA, University Casebook Series, 1980. Tra-

ducción al castellano de Hugo Perdomo en MILLER , JONA-

THAN - GELLI, MARÍA ANGÉLICA - CAYUSO, SUSANA, Consti-

tución y poder político, Buenos Aires, Astrea, t. I, págs. 2/16.

El primer párrafo del art. 31 de la Constitución argentina dis-

pone la supremacía constitucional sobre “las leyes de la Na-

ción que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los

tratados con las potencias extranjeras...”. El segundo párrafo

del art. 31 de la CN impone la conformidad de las autorida-

des de cada provincia con el bloque de supremacía federal, no

obstante cualquier disposición legal o de las constituciones

locales en contrario.

(3) Ídem.

(4) Conf. arts. 129 y 123, respectivamente, CN.

(5) El presidente de la Nación está atribuido, por la Cons-

titución Nacional, para emitir decretos autónomos (art. 99,

inc. 1º); d ecretos reglamentarios (art. 99, inc. 2º); decretos

delegados (art. 76); decretos de necesidad y urgencia (art. 99,

inc. 3º); decretos de promulgación parcial de leyes (art. 80).

Tiene iniciativa legislativa (art. 77) y puede vetar total o par-

cialmente las leyes (art. 83). Además, el jefe de Gabinete de

Ministros del Poder Ejecutivo Nacional puede, mediante de-

cisión adm inistrativa, redist ribuir partidas presupuestarias

(art. 37 de la ley 26.124 de Administración Financiera y Sis-

temas de Control del Sector Público. B.O. 8-8-06).