Dejar atrás el populismo

 
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Es tiempo de pensar si el camino para reducir la pobreza y crear empleos no pasa más por la creación de condiciones para generar inversiones que por continuar comprometiendo la crítica solvencia fiscal tras un asistencialismo de rasgos populistas que debilita aún más la cultura del trabajo.

Esta reflexión se relaciona con la sanción de la ley de emergencia social en diciembre último, como culminación del acuerdo alcanzado entre el oficialismo y la oposición respecto del subsidio a los llamados trabajadores de la "economía popular".

El proyecto original había sido presentado por los senadores Juan Manuel Abal Medina y Teresa Luna, del Frente para la Victoria, y Jaime Linares, del GEN, aunque respondía a un objetivo impulsado por movimientos beneficiarios de planes sociales y participantes asiduos de movilizaciones y piquetes. Entre ellos, el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Contaron, además, con el apoyo de las dos CTA y algunos gremios de la CGT.

Las negociaciones con el oficialismo acotaron el costo fiscal de la iniciativa a 30.000 millones de pesos a lo largo de tres años. La intención de obtener esa suma por ahorros en otras partidas no deja de ser una expresión de deseos en el marco de un Estado administrativamente desbordado.

El artículo 2 de la ley define sus objetivos: "Promover y defender los derechos de los trabajadores que se desempeñan en la economía popular con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional". Es un enunciado de derechos, que incluso supera los esenciales, pero que omite establecer obligaciones y que recurre a apoyarse en los artículos 14 bis y 75 inciso 19 de la Constitución nacional, que terminan lamentablemente siendo apropiados a tal efecto.

Para vigilar el cumplimiento de estos objetivos se creó el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario, integrado por tres funcionarios y tres representantes de las organizaciones piqueteras, que de esta manera contarían en la práctica con un derecho de veto. Este Consejo deberá también programar la gradual transformación de los planes sociales vigentes en un salario social complementario. En rigor, esto no sería más que un cambio cosmético.

A partir de la actual mutual Senderos se crea la Obra Social de Trabajadores de la...

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