Sin definiciones, peligra la causa por la valija de Antonini Wilson

El , pese a todo lo que se dijo durante las últimas dos semanas, sigue vivo. La fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Gabriela Baigún, abrió la puerta para que sea la Corte Suprema la que defina si debe continuar abierta la investigación que durante años sacudió a los gobiernos de la Argentina y Venezuela.

La fiscal recurrió la decisión de la Sala II de la Casación, que el 2 de febrero pasado había considerado "inadmisible" un planteo que había llegado del fuero penal económico para impedir que prescribiera la causa. Baigún consideró que la Casación se equivocó y presentó un recurso -que continúa pendiente- para que sea la Corte la que defina si la investigación debe mantenerse abierta.

La pesquisa se inició el 4 de agosto de 2007, cuando la agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) María del Luján Telpuk detectó en el Aeroparque al menos , un empresario de doble nacionalidad venezolana y estadounidense.

Antonini Wilson integraba una comitiva de funcionarios chavistas y argentinos que poco antes de aterrizar se identificó ante la torre de control como un vuelo de "Presidencia argentina". Y 60 horas después del decomiso, el supuesto "valijero" ingresó a la Casa Rosada, con la ayuda de funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, para participar en un acto de los presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez.

Tras el estallido del escándalo, y mientras caían funcionarios de ambos países -entre otros, el argentino Claudio Uberti y el venezolano Diego Uzcátegui-, se abrieron investigaciones en Venezuela -donde nada ocurrió-, Estados Unidos y la Argentina.

En Miami se llegó a la condena de cuatro emisarios de Venezuela que intentaron negociar con Antonini y se debatió en una corte federal si el dinero era para financiar la campaña electoral de la entonces primera dama Cristina Fernández de Kirchner.

En la Argentina, en tanto, el expediente tramitó en el fuero en lo Penal Económico, donde se discutió si los US$ 800.000 eran parte de una maniobra de lavado -con una pena de sólo tres años de prisión- o de contrabando, con penas de 10 años.

El juez de primera instancia Marcelo Aguinsky rechazó el planteo de la defensa de Uberti, quien sostuvo que era lavado y que, por lo tanto, debía sobreseerlo y cerrar el expediente. Al apelar ese fallo, la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico le dio la razón.

Sin embargo, el fiscal general de ese fuero, Ramiro Rodríguez Bosch, apeló ante la Casación, la tercera y máxima instancia...