Un defensor del pueblo técnica y moralmente intachable

Muchísimas veces, desde estas columnas, hemos alertado sobre la inadmisible continuidad de una vacante en un cargo clave: el de defensor del pueblo de la Nación. Desde que Eduardo Mondino renunció a ese puesto para asumir como legislador pasaron más de nueve años, en los cuales ha sido realmente inconcebible la falta de acuerdo parlamentario para designar un reemplazante.

La figura del ombudsman nacional es fundamental. Tiene un enorme peso institucional, por cuanto le compete la defensa de los derechos, garantías e intereses tutelados por las leyes ante hechos, actos u omisiones de la administración pública y, también, el control del ejercicio de las funciones del Estado.

A fines del año último esa deuda estuvo muy cerca de ser saldada cuando la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo, que preside la senadora Marta Varela (Cambiemos), llegó a un acuerdo para elevar una terna de candidatos a ambas cámaras del Congreso, las que deben definir la votación con el aval de los dos tercios de los miembros presentes, una fracción que demuestra la importancia que los convencionales le han dado a esta figura al momento de otorgarle jerarquía constitucional, incluyéndola en la reforma de 1994.

Sin ninguna duda, quien finalmente ocupe ese puesto deberá arribar a él como producto de un debate profundo y responsable y no de una mera negociación política con el único fin de ubicar a uno de los propios en un sitio clave sin tener en cuenta los atributos de idoneidad, la trayectoria y el desempeño que requiere un cargo institucional de semejante trascendencia. Se trata de hallar una figura no solo relevante, sino con suficiente consenso y que sea poseedora de cualidades morales, éticas y técnicas intachables.

Su mandato es por cinco años, con la posibilidad de una sola reelección. Si bien es un cargo instituido por el Congreso, actúa con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Tiene legitimación procesal y goza de las mismas inmunidades y privilegios de los legisladores.

La falta de defensor del pueblo durante todos estos años se vio dramáticamente expuesta al registrarse, entre otros muchos hechos dolorosos que merecían contar con su actuación, la tragedia ferroviaria de Once, en 2012, en la que 51 personas murieron y más de 700 resultaron heridas. También, en la nefasta instrumentación que pretendió dar el gobierno kirchnerista a la ley antiterrorista. La lista es larguísima. Las consecuencias de esa falta en...