El defensor del Pueblo, una deuda inexplicable

Dos fallos con idéntico propósito e igual dureza. El mismo día, la Corte Suprema de Justicia y la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal exhortaron al Congreso a poner punto final a la inadmisible demora en la elección del defensor del Pueblo de la Nación, cargo vacante desde 2009.

El máximo tribunal de Justicia del país fue directo en su reciente fallo sobre el aumento en los precios de las tarifas de gas. Sin medias tintas, reprendió al Congreso por su inexplicable tardanza en designar a un actor clave en la defensa de los derechos ciudadanos: el ombudsman nacional. En tanto, los tres jueces de la citada Cámara no le fueron en zaga. Sostuvieron que, luego de haber transcurrido siete años desde la renuncia del último defensor del pueblo, "no puede sino considerarse como una omisión contraria al mandato constitucional" la protagonizada por diputados y senadores de la Nación. La Sala III también ordenó al Congreso cubrir esa vacante. La causa había sido iniciada en el marco de una acción de amparo presentada en 2015 por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación Poder Ciudadano, la Fundación Sur y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) contra ambas cámaras legislativas.

El cargo de ombudsman nacional fue creado por ley en 1993 e incorporado en la Constitución nacional en la reforma de 1994. Se trata de una figura imprescindible en la protección de los derechos constitucionales de los habitantes frente a actos u omisiones del Estado y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.

Tras la renuncia de Eduardo Mondino como defensor del Pueblo, ese cargo quedó vacante, con el agravante de que, desde 2013, el organismo tampoco cuenta con defensores adjuntos.

Por mandato constitucional, el ombudsman tiene legitimación procesal y es designado y removido por el Congreso, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las Cámaras. Durante el kirchnerismo, aquel gobierno procuró -como también lo ha hecho y lamentablemente con éxito en otros organismos de control- cooptar ese puesto imponiendo a sus bloques legislativos los nombres de ex funcionarios como Daniel Filmus y Juan Manuel Abal Medina. Sin embargo, en este caso puntual no pudo concretar la maniobra por falta de consenso, pero también -es necesario...