En defensa de la independencia de la Justicia

Los presidentes del artificialmente subdividido bloque oficialista en el Senado presentaron un proyecto de ley para ampliar nuestra Corte Suprema a 25 integrantes. Olvidados quedaron los motivos republicanos por los que Cristina Fernández impulsó, durante la presidencia de Néstor Kirchner, que la Corte vuelva a tener 5 miembros luego de que Menem la ampliara a 9 para lograr una mayoría automática.

El kirchnerismo tiene un largo historial de intentos de politizar y someter al Poder Judicial, que van desde la mal llamada ley de "democratización de la justicia, declarada inconstitucional en 2013, hasta los proyectos de reforma de la justicia y del Ministerio Público Fiscal por los que el actual gobierno pretendió, sin éxito, debilitar a jueces y fiscales.

El exintendente kirchnerista "Paco" Durañona expuso las intenciones al expresar en un discurso público: "los miembros de la Corte tienen que ser militantes nuestros".

Montados sobre las ideas del mismísimo Zaffaroni, que propuso una Corte dividida en salas especializadas con miembros propuestos por los gobernadores, el Consejo Federal de Inversiones solicitó una integración federal. Sin embargo, el proyecto presentado por el oficialismo no garantiza la participación de juristas provenientes de las provincias ni la igualdad de género, como tampoco prevé una especialización por materia, dejando todo librado a una ley posterior cuya existencia y contenido son una incógnita.

El proyecto, que no aporta ninguna solución concreta para el servicio de justicia , se presenta cuando el Ejecutivo lleva más de 6 meses de demora para proponer a una reemplazante de la doctora Elena Highton de Nolasco.

Los fundamentos del proyecto comparan la integración de nuestra Corte con las de otros países, más numerosas, sin tener en consideración que, debido a su organización federal, nuestro sistema de justicia cuenta con dos cámaras de casación y con un tribunal supremo por cada provincia, órganos colegiados integrados por un gran número de juristas que tienen la función de controlar la arbitrariedad de las sentencias y unificar los criterios jurídicos, así como un control de constitucionalidad difuso que es ejercido por todos los jueces.

Resulta...