El dedo en la llaga de Cambiemos

No es austeridad, es temor: los ocho principales candidatos a presidente de Brasil gastarán en las elecciones de este año, todos juntos, apenas un 45% de los fondos que el PT utilizó para una sola campaña, la de Dilma Rousseff, en los comicios de 2014. La cuenta, que incluye a Lula entre los postulantes, está actualizada por inflación y surge de un relevamiento publicado el miércoles por el diario Folha de S. Paulo y firmado por los periodistas Gustavo Uribe y Marina Dias. La primera vuelta está prevista para el 7 de octubre. Lo proyectado por todas las fuerzas en fondos proselitistas no llega a 200 millones de reales (unos 54 millones de dólares). Un verdadero ajuste si se lo contrasta con el festival de hace cuatro años: 717 millones de reales que gastaron solo entre la expresidenta (438 millones) y Aécio Neves (279 millones), los dos principales postulantes, según datos suministrados a ese diario por la Justicia Electoral brasileña.Es solo uno de los tantos efectos institucionales del Lava Jato. Esa investigación por sobornos y lavado, que empezó en 2014 y que ya acumula más de 90 condenas, provocó no solo prudencia entre empresarios aportantes y políticos, sino modificaciones normativas que pretenden adaptarse a las nuevas inquietudes y demandas sociales. Entre ellas, una ley nacional que les pone un límite de 70 millones de reales a cada candidato para la primera vuelta y 35 millones para la segunda. "Con eso no se compra ni un helado para un chico", protestó el año pasado Torcuato Jardim, ministro de Justicia. Ya dos años antes, en 2015, el Supremo Tribunal Federal había declarado inconstitucional el financiamiento de empresas a campañas políticas. Tal vez no hacía falta, porque el Lava Jato es ya una prohibición de hecho para la generosidad empresarial. Incluso significó un alivio para muchas corporaciones que, en cada elección, se sentían obligadas a aportarles equitativamente a los candidatos para que ninguno con posibilidades de ganar se ofendiera. ¿Qué compañía querría ahora seguir los pasos de JBS, el frigorífico de los hermanos Batista, sostén recurrente de las últimas campañas y multado después del Lava Jato en 3500 millones de dólares, la mayor penalidad de la historia en el mundo para casos de corrupción, sanción que lo llevó a desprenderse de muchos activos y a una muy complicada situación financiera?Son actos reflejo típicos de una crisis de credibilidad. Que no solo tocó a Brasil. Chile, por ejemplo, aprobó el año pasado...