Decreto N°493/2001

 
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Lunes 30 de abril de 2001 2
BOLETIN OFICIAL Nº 29.638 1ª Sección
las instituciones monetarias, bancarias y fi-
nancieras internacionales a las cuales la Na-
ción haya adherido”.
Que, asimismo, las causales de remoción
están expresamente previstas en la ley y en
particular, la causal de remoción por mala
conducta implica como consecuencia natu-
ral, la convicción de las autoridades de la Re-
pública de que se ha perdido esa condición
especial de idoneidad o aptitud para desem-
peñar tan delicadas tareas.
Que, en tal sentido, aclara la Comisión crea-
da por la Ley N° 24.144 que su intervención
en el procedimiento de remoción es exclusi-
vamente política sin que quepa atribuirle na-
turaleza judicial a su dictamen en cuanto ca-
lifique las conductas bajo análisis como “in-
cumplimiento de los deberes de funcionario
público”, por lo que su funcionamiento care-
ce de las características propias de un pro-
ceso contradictorio, limitándose a recabar los
elementos de juicio que considere necesa-
rios y suficientes para emitir su opinión.
Que, por su parte, la calidad de los integran-
tes de la Comisión mencionada, constituida
por el Presidente Provisional del Senado y
los Presidentes de las Comisiones de Presu-
puesto y Hacienda y de Economía de ambas
Cámaras legislativas, tiene la suficiente en-
vergadura política e institucional para un or-
ganismo que viene a cumplir funciones asig-
nadas al HONORABLE CONGRESO DE LA
NACION por el artículo 75, incisos 6 y 11 de
la CONSTITUCION NACIONAL, como para
que el Presidente de la Nación, pese a su res-
ponsabilidad primaria en la decisión, le pres-
te la debida atención.
Que en tal sentido se atribuye al señor Presi-
dente del BANCO CENTRAL DE LA REPU-
BLICA ARGENTINA un cumplimiento negli-
gente de sus funciones de control del nuevo
flagelo que azota a nuestras democracias
modernas, el “lavado de dinero”; así como
cierto desconocimiento sobre el alcance de
sus funciones como poder de policía del sis-
tema financiero, a estar a sus propias decla-
raciones.
Que, asimismo, se considera que los memo-
rándums de fecha 2 y 3 de agosto de 1999,
en actuaciones referidas al BANCO REPU-
BLICA SOCIEDAD ANONIMA, muestran que
“se imponen a personal técnico (abogados)
de la máxima jerarquía y antigüedad en la
Institución criterios de confección de dictáme-
nes y de interpretación jurídica que por sí
solos exhiben un abuso de poder configurati-
vo de la causal de mal desempeño (o mala
conducta) y, por ende, justifican aconsejar la
remoción”.
Que la Comisión censura también las deci-
siones adoptadas respecto a ciertas entida-
des financieras que debieron ser liquidadas,
aún cuando a su respecto existen en general
actuaciones judiciales en las que se ventilan
tales circunstancias, estando vedado al PO-
DER EJECUTIVO NACIONAL “ejercer funcio-
nes judiciales, arrogarse el conocimiento de
causas pendientes o restablecer las feneci-
das”, conforme al artículo 109 de la CONSTI-
TUCION NACIONAL, no se hace mérito de
dichas cuestiones ante el riesgo de afectar el
ámbito de discrecionalidad propio del ente,
protegido por su autarquía legal.
Que en cambio se considera acertado el cues-
tionamiento a la conducta de quien debe li-
derar la entidad encargada de “preservar el
valor de la moneda” (Carta Orgánica del BAN-
CO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGEN-
TINA, artículo 3°), si con su prédica y el im-
pulso de decisiones financieras incompatibles
con aquel objeto, propugna abiertamente la
dolarización de la economía, mediante la eli-
minación de la moneda nacional y su sustitu-
ción por la que emite el Gobierno de los ES-
TADOS UNIDOS DE AMERICA, proponien-
do para ello un tratado internacional e inva-
diendo de tal modo competencias del PODER
EJECUTIVO NACIONAL y el HONORABLE
CONGRESO DE LA NACION, amén de in-
cumplir las propias.
Que ello es así ya que no se trata de la libre
expresión de las ideas, garantizada por el ar-
tículo 14 de la CONSTITUCION NACIONAL,
sino del incumplimiento del deber legal asu-
mido voluntariamente de dedicar sus esfuer-
zos a la preservación del valor de la propia
moneda “en un todo de acuerdo con la legis-
lación que dicte el HONORABLE CONGRE-
SO DE LA NACION”, tal como reza expresa
y claramente el artículo 3° de la Carta Orgá-
nica del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLI-
CA ARGENTINA antes citado.
Que la Comisión censura de igual modo el
que se actuara “discrecionalmente para favo-
recer el BANCO REPUBLICA SOCIEDAD
ANONIMA, a pesar de que se conocía que
se le estaba ocultando la realidad económica
y empresarial en aspectos esenciales que
hubieran inhabilitado e impedido las medidas
otorgadas por el BANCO CENTRAL DE LA
REPUBLICA ARGENTINA”.
Que del consejo recibido surge también que
con fecha 15 de marzo de 2001 el Presidente
del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA señaló ante la Comisión: “Pido
a los señores Legisladores la mayor reserva
sobre el contenido de la apreciación que voy
a formular, no así sobre el informe que pro-
porcionaré sobre los temas específicos de la
Comisión los que desearía que fueran públi-
cos. Argentina vive en una situación econó-
mica sumamente delicada. La situación fis-
cal está claramente fuera de las pautas fija-
das por el FONDO MONETARIO INTERNA-
CIONAL al momento en que, junto con otros
organismos internacionales, comprometieron
la asistencia financiera que Argentina nece-
sitaba para evitar el default. Estas dificulta-
des fiscales complican seriamente el acceso
al país a los mercados financieros y por ende
la posibilidad de crecimiento de la economía
y, volviendo como en un círculo el acceso a
los mercados financieros. Es posible y alta-
mente probable que en dos o tres semanas,
meses o trimestres —dependiendo del opti-
mismo del interlocutor— enfrentemos una
nueva crisis pero esta vez de una magnitud
superior a la que vivimos hacia fines del año
anterior. Sólo como referencia, recordemos
que es posible tener una recesión que dure
10 años, que esto fue lo que sucedió en la
década de los 80 y que durante esos diez
años, el producto bruto per (cápita) disminu-
yó en un 20%”.
Que más allá de la interpretación que hace la
Comisión de tal referencia, que luego se ana-
lizará, lo cierto es que el 10 de abril de 2001
el PODER EJECUTIVO NACIONAL recibió
del señor Presidente del BANCO CENTRAL
DE LA REPUBLICA ARGENTINA una carta
fuertemente crítica de la exposición del se-
ñor Ministro de Economía con motivo de la
“Primera década de la Convertibilidad”, que
contenía información obtenida en su condi-
ción de funcionario público responsable del
agente financiero del Gobierno Nacional, que
a estar a los dichos del propio autor de la mi-
siva, eran altamente confidenciales y con
entidad como para provocar efectos grave-
mente negativos sobre “el buen funcionamien-
to del sistema financiero” por el que debe ve-
lar el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA, así como respecto al bienes-
tar de todos los habitantes, según sus pro-
pios dichos.
Que los términos de dicha carta aparecieron
reflejados en la edición del 17 de abril del
corriente año en el diario Ambito Financiero,
en donde se reproduce textualmente la afir-
mación según la cual “lo que hemos vivido en
estos últimos tiempos no es una corrida cam-
biaria, es una desconfianza hacia activos ar-
gentinos en general. Frente a la expectativa
de falta de financiamiento del Tesoro Nacio-
nal, los inversores en activos argentinos (pe-
sos, bonos del gobierno, depósitos de los
bancos, propiedades), quieren desprenderse
de esos activos a cualquier precio. En el caso
de los depósitos, y debido a nuestra política
de liquidez, pueden hacerlo sin pérdida de
valor. Por eso corren, por temor a que los pro-
blemas del Tesoro Nacional afecten la liqui-
dez y solvencia del sistema financiero”, lo que
aparece como una afirmación impropia del
decoro y la prudencia del buen hombre de
negocios, a quien la Nación le ha confiado
uno de sus más valiosos tesoros, cual es su
moneda y su crédito.
Que a partir de entonces y en los días suce-
sivos comenzó efectivamente a vivirse en el
país un estado de conmoción financiera que
pone en riesgo los objetivos de crecimiento y
bienestar por los que se comprometió a bre-
gar el Gobierno Nacional, de no tomarse las
medidas adecuadas para conjurarlos.
Que la Comisión estimó aquellos dichos y
estos hechos duramente, considerando que
“resulta repugnante este argumento insinua-
do por el Ingeniero POU a favor de no profun-
dizar las investigaciones sobre lavado de di-
nero ni sobre los posibles incumplimientos de
los deberes impuestos al Directorio por la
Carta Orgánica del BANCO CENTRAL DE LA
REPUBLICA ARGENTINA, insinuando que si
así se hacía, cosas tremendas podrían pa-
sarle a la economía argentina”.
Que en su dictamen se refieren finalmente
los antecedentes relativos a posibles infrac-
ciones a los artículos 248, 249 y 277 del Có-
digo Penal, artículos 2° y 3° de la Ley N°
23.593 y artículo 177 del Código Procesal
Penal de la Nación, a cuyo respecto se remi-
te a las actuaciones judiciales en donde se
sustancian dichos procesos.
Que en tanto el gobierno del BANCO CEN-
TRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA está
confiado por la ley a un órgano colegiado (con-
forme Carta Orgánica del BANCO CENTRAL
DE LA REPUBLICA ARGENTINA, artículo
6°), la decisión que se adopte respecto a uno
de sus miembros de ningún modo puede en-
torpecer su funcionamiento o afectar el gra-
do de independencia con que debe ejercer
su misión, con la autarquía con que lo ha do-
tado la ley.
Que por la indudable influencia que esta cues-
tión tiene en los mercados financieros ante el
temor que el trabajo a cargo de los legislado-
res constituya una restricción a la necesaria
independencia con que debe protegerse a las
políticas monetaria y financiera, con fecha 12
de abril de 2001, el señor Ministro de Econo-
mía solicitó por nota al señor Presidente de
la Nación que se remitiera una comunicación
al señor Presidente Provisional del Senado
que actúa a su vez como Presidente de la
Comisión especial creada por la ley en cues-
tión, que limitara los alcances de su actua-
ción. “Creo y así le aconsejo que proceda”,
decía el Ministro en su misiva, “que cuando
el artículo 9° de la Carta Orgánica supedita
una decisión suya que propicie la eventual re-
moción de miembros del Directorio del BAN-
CO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGEN-
TINA en los casos de mala conducta o in-
cumplimiento de los deberes de funcionario
público, debe estarse a la existencia de una
sentencia firme que declare la comisión de
tal delito o a la existencia de un informe técni-
co de los organismos de control del PODER
EJECUTIVO NACIONAL o del HONORABLE
CONGRESO DE LA NACION que acredite
actos de mala conducta en hechos concre-
tos”.
Que el procedimiento previsto expresamente
en la ley que rige la cuestión, que si bien es-
tablece ciertos requisitos para la proceden-
cia de la potestad presidencial de remover a
los funcionarios encargados de dirigir este
especial ente autárquico, no estableció a ese
respecto rigorismo formal alguno para la sus-
tanciación del procedimiento. En tal sentido y
si bien no se trata en el caso de un juicio po-
lítico porque el funcionario en cuestión care-
ce de esa jerarquía constitucional, como para
su remoción se requiere del consejo de una
Comisión Bicameral que para elaborar su dic-
tamen siguió un procedimiento de esclareci-
miento de la veracidad de los hechos que
ameritan su conclusión, aclaró dicho cuerpo
a ese respecto sobre la naturaleza jurídica
de su proceder, remitiendo a una analogía y
citando en su apoyo a GONZALEZ CALDE-
RON y al Senador SUMMER de los ESTA-
DOS UNIDOS DE AMERICA en el caso del
Presidente JOHNSON, referidas a la natura-
leza del juicio político exigido en ciertos ca-
sos como precondición para la remoción de
funcionarios de alto nivel de conducción del
Estado, “en su verdadero carácter el juicio
político es un procedimiento político, con pro-
pósitos políticos, fundado en culpas políticas,
cuya consideración incumbe a un cuerpo po-
lítico y subordinado a un juzgamiento político
tan solo. Aún en los casos de traición y so-
borno el juzgamiento es político y nada más”.
Que en el presente caso ello quiere decir, que
si bien para proceder a la remoción debe acre-
ditarse suficientemente las causales que la
ley prevé a este respecto, condición suficien-
temente cumplida en el presente, por mediar
mala conducta, el alcance, contenido y reper-
cusión de lo resuelto se limita al acto de re-
moción por esa causal sin que ello implique
una condena de características judiciales,
porque requerir tal extremo afectaría la inde-
pendencia del PODER EJECUTIVO NACIO-
NAL a favor de la Comisión Bicameral o de la
Justicia, alterando la división de poderes cla-
ramente establecida en la CONSTITUCION
NACIONAL.
Que por el mismo motivo los reiterados pedi-
dos del Presidente del BANCO CENTRAL DE
LA REPUBLICA ARGENTINA solicitando ejer-
cer su derecho de defensa han sido atendi-
dos adecuada y profusamente, ya que dicho
funcionario tuvo las oportunidades del caso
ante la Comisión Bicameral que conociera en
la cuestión, tanto sus opiniones sobre los di-
ferentes asuntos como el material documen-
tal que las respalda, material que se tiene a
la vista y se ha podido considerar y ponderar
adecuadamente, si bien no se trata en el caso
de un procedimiento sumarial que cabe a los
empleados de rango inferior a Subsecretario
de la Administración Central, sino de un pro-
cedimiento ad-hoc establecido en la ley para
tutelar el ejercicio del poder presidencial de
nombrar y remover a los funcionarios de la
administración del país, que el BANCO CEN-
TRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA inte-
gra, sin perjuicio de su autarquía y su inde-
pendencia funcional en la materia que le está
confiada.
Que por ello, y sin perjuicio del análisis pos-
terior que se haga de la situación de los de-
más miembros del Directorio del BANCO
CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
a los que se refiere el consejo de la Comisión
prevista en la ley mencionada, la presente de-
cisión se limita al señor Presidente del BAN-
CO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGEN-
TINA.
Que se ha expedido el Servicio Jurídico Per-
manente de la SECRETARIA LEGAL Y TEC-
NICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION.
Que la presente medida se dicta en cumpli-
miento de la facultad prevista en el artículo
99, inciso 7 de la CONSTITUCION NACIO-
NAL y en el artículo 9° de la Ley N° 24.144.
Por ello,
EL PRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Remuévese del cargo de Presi-
dente del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA al Doctor D. Pedro POU (M.l. N°
6.906.996), por mediar mala conducta.
Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — DE LA RUA. — Chrystian G. Colombo.
Domingo F. Cavallo.
IMPUESTOS
Decreto 493/2001
Leyes de Impuesto al Valor Agregado y de Im-
puesto a las Ganancias. Modificaciones. Vigen-
cia.
Bs. As., 27/4/2001
VISTO la Ley N° 25.414, y
CONSIDERANDO:
Que la mencionada norma legal faculta al
PODER EJECUTIVO NACIONAL para crear
o eliminar exenciones, disminuir tributos y ta-
sas de orden nacional, con el objeto de mejo-
rar la competitividad de los sectores y regio-
nes y atender situaciones económico socia-
les extremas.
Que en virtud de dichos objetivos, mediante
el presente decreto se introducen modifica-
ciones a la Ley de Impuesto al Valor Agrega-
do, texto ordenado en 1997 y sus modifica-
ciones y a la Ley de Impuesto a las Ganan-
cias, texto ordenado en 1997 y sus modifica-
ciones.
Que la reforma que se propicia tiene como
finalidad principal lograr un mayor equilibrio

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