Decreto N° 1122

• Emisor: Poder Ejecutivo
• Fecha de la disposición: 27 de Septiembre de 2013

CÓRDOBA, 9 de mayo de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCII - Nº 66 Primera Sección 3

señores Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y Fiscal

de Estado.

Articulo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese

en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA

GOBERNADOR

DR. ING. FABIAN LOPEZ

MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

DR. JORGE EDUARDO CORDOBA

FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 373

Córdoba, 16 de abril de 2014.-

VISTO: El Expediente N° 0171-103416/2013, del registro de

Fiscalía de Estado.

Y CONSIDERANDO:

Que se tramita en las presentes actuaciones el recurso de

reconsideración interpuesto por la firma "CONCOR S.A. SAPYC

S.R.L - CONSORCIO DE COOPERACIÓN", en contra del

Decreto N° 1122 de fecha 27 de septiembre de 2013, mediante

el cual se rescindió, por culpa de la contratista (Art. 63 Inc. "e" de

la Ley N° 8614), el contrato de obra pública que en tal carácter

la vinculaba con el Estado Provincial, en relación a la obra

"RAMALES DE ALIMENTACIÓN PARA ABASTECIMIENTO DE

GAS NATURAL A LAS LOCALIDADES DE UNQUILLO, RIO

CEBALLOS, SALSIPUEDES, EL M4NZAN0, VILLA CERRO

AZUL, AGUA DE ORO, LA GRANJA, ESTACIÓN GENERAL

PAZ ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN Y COLONIA TIROLESA ".

Que la impugnante se agravia del dictado del acto que cuestiona,

tachándolo de nulo de nulidad absoluta, en razón de haber sido

dictado por autoridad incompetente para imponer la sanción de

inhabilitación por cinco años (Art. 5° del acto cuestionado), y

denunciando exceso de punición (Agravios VI ´f´ y VI 'h'), vicio

en el procedimiento de la misma y en la causa -Agravio VI-,

arguyendo "real imposibilidad de la empresa de iniciar los ramales

Río Ceballos, Salsipuedes y El Manzano", "Incertidumbre de la

empresa ante la existencia de modificaciones en el objeto de

obra", "Inexistencia de aclaraciones de la comitente tendientes a

despejar la incertidumbre de la empresa por las modificaciones

en el objeto de la obra ", "demoras en la confección de los

certificados ", "demoras en el pago de los certificados", "mala fe

contractual ", "violación al principio de confianza legítima ",

"imposibilidad de gestionar el cobro de las pólizas

correspondientes a la garantía de contrato y anticipo financiero ";

asimismo, argumenta que el acto atacado adolece de vicio en la

finalidad, ausencia de motivación y vicio en el objeto.

Que, los argumentos sostenidos por la recurrente, en relación

a la denunciada incompetencia para disponer la inhabilitación de

la contratista en el entendimiento de que dicha sanción debe ser

aplicada por el Registro de Constructores de Obras, es necesario

destacar que, del claro sentido de la redacción del Art. 66 de la

Ley de Obras Públicas N° 8614, surge que "...Cuando la rescisión

haya sido causada por el contratista, la administración podrá

declarar la inhabilitación del mismo por el tiempo que crea

conveniente, la que se informará al Registro de Constructores

de Obras", por lo que es evidente que el Registro toma razón de

la sanción, siendo la Administración quien la declara.

Que de igual manera el Art. 3 del Decreto N° 809/96 no atribuye

competencia al Registro de Constructores de Obras para dis-

poner la sanción que en el caso se cuestiona, sino que se refiere

a la competencia material de aquel, estableciendo el Cap. IV las

sanciones que el mismo puede aplicar en orden a su competencia

sustancial, estando expresamente excluida de la misma la

aplicación de inhabilitación por un término mayor al de dos (2)

años; en consecuencia, escapa a sus atribuciones la aplicación

de una sanción de cinco (5) años que el presente recurso

pretende cuestionar.

Que, aún así, y para el supuesto caso de competencias

especialmente delegadas en órganos inferiores, puede el titular

del Poder Ejecutivo, en ejercicio de lo previsto por el Art. 51 de la

Ley N° 5350 (T.O. Ley N° 6658), avocarse al conocimiento y

decisión de las actuaciones administrativas que tramiten ante

órganos de la administración centralizada.

Que tampoco se verifica el supuesto exceso de punición alegado

por la recurrente; ya que verificada la causal, rescisión contrac-

tual por culpa del contratista, la normativa prevé sus

consecuencias, en este caso inhabilitación, la que podrá declarar

la Administración pudiendo elegir el tiempo que considere

adecuado a las circunstancias del incumplimiento (hasta un

máximo de cinco años), sin que ello implique arbitrariedad alguna,

pues se desenvuelve en el ámbito de la discrecionalidad reglada.

Que en relación al supuesto vicio en el procedimiento, debe

destacarse que todas las presentaciones de la empresa invocadas

por la misma impugnante en el recurso bajo examen, satisfacen

holgadamente la posibilidad de descargo respecto de la existencia

o nó del hecho generador de la sanción, habiendo sido las

mismas objeto de análisis por los organismos técnicos competentes

y que fueran oportunamente plasmados en los considerandos

del Decreto N° 1122/13 y en las constancias de los autos

principales.

Que, del mismo modo, el acto administrativo cuestionado fue

dictado en función de una "causa", debidamente fundamentada,

siendo, por ende, "motivado"; al respecto, Marienhoff enseña

que "por 'causa' del acto administrativo ha de entenderse los

antecedentes o circunstancias de hecho o de derecho que en

cada caso llevan a dictarlo... ", y que "La 'motivación' del acto

administrativo consiste en la exposición de los motivos que

indujeron a la administración pública a la emisión del acto...; la

'motivación 'no consiste en los motivos del acto, sino en la

expresión de estos" (Aut. Cit. Tratado de Derecho Administrativo-

Tomo I1 pág. 294 y sig., 323, Abeledo-Perrot, Bs. As, 1966).

Que, por otra parte, la recurrente cuestiona y redarguye de

falsos los informes y antecedentes en que se sustenta el acto que

impugna, endilgando mala fe a la Administración y cuestionando

su actuación, pero en modo alguno logra explicar porqué en la

adjudicación de otro gasoducto en que, como integrante de una

U.T.E., también es contratista, se verifica un avance de obra del

orden, del ochenta por ciento; ante idéntico escenario y

complejidad como el que revisten obras de extraordinaria

envergadura como la presente, surgirán contratiempos y

vicisitudes, mas ello en modo alguno es justificativo para paralizar

y abandonarla como se verificó en este caso.

Que, por todo lo expuesto, corresponde rechazar las

consideraciones desplegadas a modo de agravios por vicios en

la causa, en la finalidad y en el objeto, como así también por la

pretendida falta de motivación, por cuanto no conmueve los

fundamentos del acto atacado y no incorpora elementos que

permitan modificar el mismo, ya que sólo trasuntan su descontento

y disconformidad con lo resuelto, mas carecen de entidad

suficiente para revertirlo, dejando respecto de la rescisión

propiamente dicha sólo la repetición de los argumentos expuestos

en distintas presentaciones por la objetante y que fueron

oportunamente rebatidos por la entonces Dirección General de

Infraestructura y Combustibles, cuyo informe no ha sido objeto

de una pormenorizada crítica por parte de la firma que pueda

demostrar la equivocación de sus conclusiones.

Que, respecto a la solicitud de suspensión de los efectos de la

rescisión dispuesta por el Decreto impugnado, debe señalarse

que no se presentan en autos los presupuestos necesarios para

la disposición de tal medida, en virtud de no haberse acreditado

la falta de lesión al interés público que ello acarrearía, quedando

incólume la presunción de legitimidad y ejecutoriedad del acto en

cuestión, de acuerdo a las prescripciones de los artículos 91,

100, y concordantes de la Ley N° 5350 - T O. Ley N° 6658-

Que, en conclusión, de todo lo actuado surge que los argumentos

plasmados en el libelo recursivo no aportan nuevos elementos

de juicio o convicción que permitan modificar el acto administrativo

impugnado.“Por ello, las actuaciones cumplidas, normativa y

jurisprudencia citada, disposiciones de la Ley de Obras Públicas

N° 8614 y Decreto Reglamentario N° 809/96, lo dictaminado por

Fiscalía de Estado bajo el N° 230/14, y en uso de sus atribuciones

constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

Artículo 1°.- RECHÁZASE el recurso de reconsideración

interpuesto por la firma "CONCOR S.A. -. SAPYC S.R.L. -

CONSORCIO DE COOPERACIÓN", en contra del Decreto N°

1122/13, por resultar sustancialmente improcedente en virtud de

las razones expresadas en los fundamentos del presente

instrumento legal.

Artículo 2°. El presente Decreto será refrendado por el señor

Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y por el señor

Fiscal de Estado.

Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese y

archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA

GOBERNADOR

DR. ING. FABIAN LOPEZ

MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

DR. JORGE EDUARDO CORDOBA

FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1122

Córdoba, 27 de setiembre de 2013.-

VISTO: El expediente N° 0498-031766/2009 del registro del

entonces Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones el Ministerio de Agua,

Ambiente y Energía propicia la rescisión por culpa de la contratista

del contrato de obra "RAMALES DE ALIMENTACIÓN PARA

ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL A LAS LOCALIDADES

DE UNQUILLO, RIO CEBALLOS, SALS1PUEDES, EL

MANZANO, VILLA CERRO AZUL, AGUA DE ORO, LA GRANJA,

ESTACION GENERAL PAZ, ESTAClON JUAREZ CELMAN Y

COLONIA TIROLESA".

Que analizadas las constancias de autos surge que la contratista

"CONCOR S.A. - SAPYC S.R.L. - CONSORCIO DE

COOPERACIÓN", se encuentra incursa en la causal establecida

en el art. 63 inciso e) de la Ley N° 8614, habiendo sido

debidamente intimada al efecto.

Que habiéndose replanteado la obra en fecha 14 de setiembre

de 2010 con un plazo de ejecución de 365 días, conforme artículo

5° del Pliego Particular de Condiciones y cláusula 5 del contrato

de obra pública cuya rescisión se impetra, mediante Orden de

Servicio N° 54 la Dirección de Infraestructura de Gas del Ministerio

de Agua, Ambiente y Energía, en fecha 20 de marzo de 2013,

intimó a la contratista en los términos de la Ley N° 8614, bajo

apercibimiento de rescisión contractual; habiendo la inspección

de obra informado el día 13 de marzo de 2013,que persiste la

paralización de la obra desde el último trimestre del año 2011.

Que como justificación de su proceder, la contratista explicita las

razones que han imposibilitado la continuidad en la ejecución de

la obra en cuestión, atento los supuestos incumplimientos incurridos

por la Administración.

Que los argumentos de la contratista no constituyen causal

legítima de justificación para no haber continuado con la ejecución

de la obra, paralizando la misma sin causa que lo respalde, en

franca contradicción al principio de continuidad de la ejecución.

Que así lo demuestra cabalmente el informe final de la Dirección

General de Infraestructura y Combustibles de la Secretaría de

Desarrollo Energético, autoridad de aplicación del contrato en