El decreto sobre extranjeros generó otro choque con la Procuración

Una fuerte polémica se generó en los últimos días alrededor del decreto que modificó las condiciones para la expulsión de extranjeros con causas penales. Ese decreto de necesidad y urgencia (DNU) fue firmado por el presidente Mauricio Macri el 27 de enero pasado, dos semanas después de que un menor de 15 años acusado como autor de la muerte del chico Brian Aguinaco fuese enviado de regreso a Perú. La reforma presidencial a la ley de migraciones buscó también la prohibición de ingreso en la Argentina de personas con antecedentes penales. Pero ese DNU quedó duramente cuestionado por el Ministerio Público Fiscal.

La oficina a cargo de la procuradora calificó directamente al DNU como inconstitucional y envió a las fiscalías de todo el país un instructivo con argumentos para oponerse a su aplicación. "El DNU 70/2017 debe ser considerado inválido" fue el mensaje recibido en las fiscalías. La relación entre la Casa Rosada y la jefa de los fiscales sumó así otro round de enfrentamientos directos.

La ministra de Seguridad, , había sido una de las impulsoras de esa modificación a la ley de migraciones para acelerar las expulsiones y bloquear la llegada de extranjeros con condenas en sus países. Y el jueves pasado, el Ministerio de Seguridad envió a la procuradora general de la Nación una dura respuesta. Descalificó la autoridad del Ministerio Público Fiscal para determinar en abstracto si un decreto cumple o no con los requisitos legales.

"Esta cartera considera que el documento constituye una manifestación política de suma gravedad institucional", fue consignado en la carta firmada por Gonzalo Cané, secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas.

El ministerio a cargo de Bullrich cuestionó el documento elaborado por la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal. Ese informe fue preparado "con el objetivo de contribuir con la labor de los/as fiscales federales y nacionales que deban intervenir en causas judiciales en las que se cuestione la validez del DNU 70/2017". Se establece en ese trabajo lor argumentos impugnar la constitucionalidad de esa reforma de la ley de Migraciones.

"No se advierte una situación excepcional de necesidad y urgencia", se indicó en ese documento. Se estableció que pese al receso legislativo, pocos días después de la firma de ese decreto el Congreso fue citado para tratar un nuevo régimen de ART. En consecuencia para la oficina de Gils Carbó no había...

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