Decreto 812/2005 y AMIA

Anuncio y medidas por el Caso AMIA

miércoles, 13 de julio de 2005

El Gobierno reconoce la responsabilidad del Estado Nacional Argentino en el caso AMIA y dispone una serie de medidas para su esclarecimiento.

El Presidente firmó el decreto 812 que reconoce la responsabilidad del Estado por violación del derecho a la vida, del derecho a la integridad física, del derecho a obtener justicia en el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

El Decreto dispone profundizar y fortalecer la Unidad Fiscal Especial AMIA del Ministerio Público; impulsar medidas que garanticen la investigación del atentado, del encubrimiento y las sanciones a los responsables, y reforzar el cuerpo especial de Investigación que funciona bajo la órbita de la cartera de Justicia.

Luego de reunirse con Kirchner, el ministro de Justicia -junto a representantes del CELS y Memoria Activa- dio detalles de este decreto que constituye “un punto de inflexión desde el punto de vista ético”.

CONFERENCIA DE PRENSA DEL MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, DR. HORACIO ROSATTI; DEL DR. VÍCTOR ABRAMOVICH, DEL CELS; Y DE DIANA MALAMUD, DE “MEMORIA ACTIVA”.

ROSATTI.- EL objetivo de esta reunión es hacerles saber que, minutos atrás, el Presidente de la Nación ha firmado un decreto – el 812 – que lleva la fecha del día de hoy por el cual el Gobierno Nacional reconoce la responsabilidad del Estado Nacional Argentino por violación del derecho a la vida, del derecho a la integridad física, del derecho a obtener justicia en el caso AMIA. Lo hace a partir de la aprobación de un acta, que había sido celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en función una presentación que habían realizado “Memoria Activa” y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Para el Gobierno Nacional este reconocimiento de responsabilidad constituye un punto de inflexión no solamente desde la perspectiva jurídica, pues anteriormente otros Gobiernos no habían reconocido esta responsabilidad, sino desde el punto de vista ético. Nos parece que podemos hablar con propiedad y con seguridad de que hay un antes y un después en el caso de la aceptación de la responsabilidad en este tema tan penoso.

El Gobierno Nacional, entonces, no solamente reconoce su responsabilidad por la denegatoria de justicia y las consecuencias que surgen de la falta de esclarecimiento de los hechos acaecidos hace ya prácticamente 11 años, sino que también se compromete a una serie de acciones muy concretas, la primera de las cuales era, justamente, la aprobación de esta acta, celebrada en Washington, en marzo del presente año, darle la mayor difusión a este reconocimiento de responsabilidad y a tomar algunas medidas, que me permito para ser muy preciso y muy concreto, leerlas sumariamente. Estas son: el Gobierno argentino se compromete a profundizar el fortalecimiento de la Unidad Fiscal, del ministerio público, encabezada por el fiscal Lipmann, que lleva adelante la investigación del caso AMIA. También a fortalecer la Unidad AMIA, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; tomar medidas tendientes a garantizar la investigación del atentado, el encubrimiento y la sanción de los responsables, sean ellos exfuncionarios públicos, funcionarios públicos, pertenezcan a cualquiera de los tres poderes. Se comprometen, también, a formular una profundización del proceso de relevamiento de archivos, en el caso AMIA, en poder de la Secretaría de Inteligencia del Estado y las Fuerzas de Seguridad; a extender unidades de relevamiento de la Dirección de Migraciones e informatización de los registros migratorios; a crear una unidad especializada en catástrofes, tanto para la atención de las emergencias médicas, como para la recolección y protección de pruebas, en casos criminales, lo que incluye, también, la elaboración de un Plan de Emergencia para Casos de Atentados y se compromete a propiciar medidas, de carácter normativas, reformas normativas, con el objeto de transparentar el sistema de utilización de fondos reservados, de la Secretaría de Inteligencia del Estado; facilitar el acceso a la información de Inteligencia, por parte de los jueces en investigaciones vinculadas con hechos de terrorismo y promover la sanción de una ley de reparación para todas las víctimas del atentado. A partir de la firma del decreto, por el cual se aprueban estos compromisos, asumidos en Washington, por una delegación encabezada por miembros de la cancillería, el Dr. Méndez Carreras, y por el Ministerio de Justicia, la Dra. Andrea Walde y el Dr. Alejandro Rúa, a partir de la firma de este acto administrativo, estamos convencidos de que el Gobierno Nacional pone al Estado argentino, por primera vez, en todos estos años, a la altura de su responsabilidad. Esto que pudiera parecer un hecho normal en un país que hubiera funcionado normalmente hoy lo vemos como un caso excepcional. Por eso queremos ponerlo de relieve y destacarlo. Desde el punto de vista del Gobierno Nacional – y siguiendo lo que nos acaba de decir el Presidente de la Nación – este tema para el Gobierno Nacional no tiene un punto de retorno, no tiene posibilidad de retorno, es siempre un camino hacia delante, hacia la búsqueda de la verdad y la justicia. Desde esa perspectiva nosotros seguimos con muchísima atención la evolución de los acontecimientos, a nivel judicial, y el comportamiento de todos los actores, de todos los agentes y funcionarios que participan en ese proceso judicial o en los dos procesos judiciales: uno el que está vinculado con el esclarecimiento del atentado y otro el vinculado con el encubrimiento de los hechos para evitar que se logre la verdad. Dicho esto me gustaría invitar a la Dra. Malamud, de “Memoria Activa”, en primer lugar y luego al Dr. Víctor Abramovich, del CELS, para que expresen su opinión al respecto.

MALAMUD.- Para nosotros, desde “Memoria Activa”, pensamos que esto es un principio en lo que...