Decreto 74

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD.

DECRETO 74.

La Plata, 2 de febrero de 2011.

VISTO el expediente Nº 21100-70.816/10, y CONSIDERANDO:

Que la relevancia que esta administración asigna a la tarea que asumen los Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires, y la consiguiente certeza de la necesidad de sostenerlos, posibilitando el financiamiento de la actividad a través de una herramienta segura y equilibrada, permanente, que trascienda las alternancias políticas, y que a la vez contemple los diversos factores variables que inciden en los requerimientos y modalidades del servicio, tales como territorio, factor demográfico, equipamiento y suministros, determinan la importancia del adecuado tratamiento de esta problemática;

Que los cambios de que ha sido objeto nuestra sociedad en los últimos años, y la creciente demanda producto no sólo del constante incremento demográfico y el aumento de la actividad productiva -agroganadera e industrial-, sino de los renovados requerimientos que la satisfacción de la seguridad reclama, determinan una acción dinámica y eficiente capaz de responder ante el siniestro. Y es en su esfera de competencia que los bomberos voluntarios, responsables de esta tarea, merecen el apoyo y la asistencia del Estado Provincial.

Que la actual demanda social reclama de un servicio especializado, una alta responsabilidad en su prestación, creciente eficiencia y permanente capacitación, como así también una singular exigencia ética acorde a los intereses confiados a su tarea;

Que la actividad bomberil, pilar estructural de la defensa civil, ejecuta y diseña las medidas destinadas a prevenir, reducir, atender y reparar los daños a personas y bienes que causaren los desastres o calamidades;

Que su objeto es proteger la vida y la integridad física de las personas, y su patrimonio; y ese fin se alcanza mediante tareas de prevención y asistencia;

Que la prevención, como implementación de una estrategia planificada para la identificación y abordaje de peligros en una zona determinada, hace imprescindible la actuación y utilización eficiente y racional de los recursos e infraestructura disponibles, articulando la participación de todos los actores interesados en contribuir a lo que constituye el mayor deber del Estado: el bien común y la seguridad;

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