Decreto 603/2019

• Emisor: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
• Fecha de publicación: 02 Set 2019

Ciudad de Buenos Aires, 30/08/2019

VISTO el Expediente N° EX-2019-75164461-APN-DGD#MPYT, las Leyes Nros. 24.240 y sus modificatorias y 27.345 y el Decreto N° 567 del 15 de agosto de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que por los artículos 14 bis y 75, inciso 19, ambos de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, se establecieron garantías para proteger al trabajo en sus diversas formas y se fijó como atribución del Honorable Congreso de la Nación procurar el progreso económico con justicia social.

Que en cumplimiento de las citadas normas constitucionales, el Honorable Congreso de la Nación sancionó la Ley N° 27.345, mediante la cual se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2019 la emergencia social en los términos de la Ley N° 27.200, con miras a garantizar alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional, situación que se agravó como consecuencia de los hechos de público y notorio conocimiento acaecidos en el mes de agosto de 2019.

Que dado el contexto económico y social imperante, mediante el Decreto N° 567 del 15 de agosto de 2019, se fijó para la venta de ciertos productos de la canasta alimentaria, una alícuota equivalente al CERO POR CIENTO (0%) en el impuesto al valor agregado, establecido por la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, cuando se comercialicen a consumidores finales.

Que, teniendo en cuenta la recepción que ha obtenido la aludida medida, resulta conveniente su ampliación a los canales de comercialización o distribución mayorista o minorista, con el objeto de asegurar el acceso de toda la población a los beneficios del mismo.

Que una de las funciones primordiales del Estado es la de velar por una justa convivencia social y por el buen orden de la cosa pública en aras del interés general, es decir, de toda la comunidad.

Que es la propia CONSTITUCIÓN NACIONAL la que manda al Estado a promover el bienestar general y proveer lo conducente a la prosperidad del país (v. Preámbulo y art. 75, inc. 18).

Que la emergencia constituye una situación de peligro o crisis excepcional e inminente que afecta al público en general y amenaza a la vida organizada de la comunidad.

Que en este contexto, la aparición de una situación que escapa de lo normal y que produce serios trastornos a la población, justifica el empleo y adopción de remedios y medidas extraordinarias y transitorias.

Que la actividad de emergencia también halla sustento en los denominados...