Decreto 287/1992

Emisor:Poder Ejecutivo Nacional
Fecha de la disposición:17 de Febrero de 1992
 
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REFORMA DEL ESTADO

Decreto 287/92

Establécense los procedimientos y criterios básicos a seguir por los órganos y entes indicados en el artículo 1° de la Ley N° 23.696 en los que se apliquen sistemas de retiro voluntario con carácter obligatorio.

Bs. As., 7/2/92

VISTO la Ley de Reforma del Estado N° 23.696 y su Decreto Reglamentario N° 1105/89, y

CONSIDERANDO:

Que la reforma del Estado y su reorganización administrativa exigen efectuar los cambios estructurales y operativos que permitan llevar a cabo en condiciones adecuadas las funciones que el Estado tiene a su cargo.

Que es propósito del Gobierno Nacional implementar un programa para la reestructuración y jerarquización del personal de la Administración, para lo cual deben adoptarse los mecanismos pertinentes de reorganización interna.

Que los procesos de privatización dispuestos por la Ley N° 23.696 también requieren adecuar las estructuras del personal de los entes, organismos y empresas declarados sujetos a privatización, a efectos de adecuarlos a las nuevas modalidades operativas bajo las cuales llevarán a cabo sus actividades.

Que la justa protección del trabajador en los procesos de privatización prevista en el capítulo IV de la Ley N° 23.696 exige aplicar políticas y regímenes que permitan alcanzar estos objetivos.

Que si bien es facultad de los interventores de los entes, organismos y empresas disponer las medidas tendientes a la reorganización interna de los mismos, corresponde al PODER EJECUTIVO NACIONAL impartir las instrucciones que permitan lograr una justa, equitativa y uniforme implementación de los regímenes de retiro voluntario a los que pueda acogerse el personal respectivo.

Que bien ha afirmado la doctrina que pueden determinarse circunstancias o crearse situaciones en las cuales la observación estricta de las competencias funcionales atribuidas por la constitución, podría acarrear graves dificultades con eventual compromiso de la existencia del Estado, por lo que en tales casos es oportuno que una función determinada sea ejercida en lugar de un órgano al que institucionalmente se la atribuye, por un órgano distinto.

Que es principio de reconocimiento jurisprudencial universal que en la vida cotidiana de un estado no provee siempre a exigencias ordinarias que una constitución haya podido prever; hay siempre un imprevisto que escapa a toda ley, incluso a aquella más general que debe gobernar a todo un estado, hay necesidades que, no conjuradas hoy, amenazan el mañana. Hay invencibles necesidades de hecho que devienen suprema razón del derecho y tales emergencias deben ser satisfechas sin dilación.

Que esas circunstancias —que delimitan las llamadas razones de necesidad y urgencia— han originado la reconocida atribución del PODER EJECUTIVO NACIONAL para dictar decretos con contenido legislativo estricto, cuando resulta imprescindible conjurar dificultades que amenazan algunos de los elementos que configuran la personalidad del estado y estas dificultades no pueden encontrar su solución en los tiempos de...

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