Decreto 1803/1992

Fecha de la disposición 6 de Octubre de 1992

Dto. N° 1803/1992 - INFOLEG REFORMA DEL ESTADO

Decreto 1803/92

Establécese que no serán de aplicación la Ley N° 11.867 y los artículos 225 a 229 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) en los procesos de privatización concretados o a concretarse en cumplimiento de la Ley N° 23.696.

Bs. As., 29/9/92

VISTO lo dispuesto en la Ley N° 23.696 y en el Decreto N° 1105 del 20 de octubre de 1989, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado ha puesto en marcha un profundo proceso de reorganización de la Administración Pública Nacional y demás entes en los que el Estado tenga participación total o mayoritaria de capital o en la formación de las decisiones societarias, autorizando al PODER EJECUTIVO NACIONAL a tomar decisiones tendientes a materializar las citadas transformaciones.

Que, entre esas facultades, se lo autoriza a proceder a la privatización total o parcial, a la concesión total o parcial de servicios, prestaciones u obras cuya gestión estuviere a cargo de empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente al Estado Nacional, que hayan sido declaradas "sujetas a privatización" (art. 11).

Que, a tal efecto, podrá disponer que el Estado Nacional asuma el pasivo total o parcial de la empresa a privatizar, a efectos de facilitar o mejorar las condiciones de la contratación (art. 15 inc. 12) y llevar a cabo cualquier tipo de acto jurídico o procedimiento necesario o conveniente para cumplir con el objetivo de la Ley N° 23.696 (id. inc. 13).

Que, en tal sentido, las distintas normas regulatorias de los procesos de privatización que se han concretado hasta la fecha han establecido de manera indubitable la asunción por parte del Estado Nacional de los pasivos preexistentes a la fecha del traspaso de las haciendas sujetas a privatización, criterio que se ha basado principalmente en la responsabilidad por su creación y en cuantificarlos con un mínimo grado de certeza.

Que, tal como lo ha declarado reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Estado goza de presunción de solvencia patrimonial (Fallos 300:1036, 306:250), criterio que se funda en la particularidad de que el Estado Nacional cuenta para la atención de sus obligaciones con el poder de imposición (art. 67 inc. 2 de la Constitución Nacional), con lo que la atención de...

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