Declaraciones juradas acotadas y engañosas

Pasado poco más de un año de la de funcionarios, el balance es pobre. Es lo que se preveía que iba a suceder tras conocerse el decreto por el cual el Poder Ejecutivo reglamentó la norma, vaciándola de buena parte del contenido que la hacía más amplia a la hora de intentar entablar una batalla seria contra la corrupción.Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la ONG Contadores Forenses sobre la base de las declaraciones juradas presentadas por funcionarios denuncia "un preocupante retroceso" al comparar las exposiciones actuales con las de la ley de ética pública, de 1999. Si bien en la norma de hace un año se amplió la cantidad de funcionarios que deben realizar una declaración jurada, lo cierto es que desaparecieron varias exigencias que eran sumamente valiosas.Por ejemplo, ya no se pueden conocer los bienes e ingresos de los cónyuges o convivientes ni de los hijos menores de edad no emancipados de los funcionarios. Esos datos han quedado relegados a un formulario reservado, cuyo acceso debe ser autorizado por la Justicia. Tampoco los funcionarios tienen hoy la obligación de incorporar a sus declaraciones la información vinculada con empleos anteriores, que sí era exigida por la vieja ley de ética pública como una herramienta para determinar posibles incompatibilidades y conflictos de intereses, ni se encuentran obligados a dar a conocer otras fuentes de ingreso como acciones, inversiones, fideicomisos o participaciones en empresas. Paralelamente, se derogó la disposición para contar con una Comisión de Ética Pública, cuya existencia había sido dispuesta hace ya 15 años, pero que nunca fue creada.El conocimiento de la evolución patrimonial de los funcionarios no es una concesión graciosa, sino un derecho fundamental que permite a los ciudadanos y a las autoridades judiciales identificar y comparar activos de modo tal de determinar si un agente público ha incurrido en un hecho ilícito. Es también esencial para obligarlos a rendir cuentas ante quienes los han ungido con su voto.Además, el funcionario debería comprender que, más allá de un necesario mecanismo de control, responder cabalmente a esas exigencias representa un resguardo para sí mismo, pues la transparencia de sus actos terminará redundando en una mayor confianza del ciudadano hacia su persona.En su última declaración patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, la presidenta Cristina Kirchner declaró bienes por 55 millones de pesos y un aumento de su patrimonio...