Una decisión demoledora

Los jueces de una Cámara tucumana de alzada sembraron ayer la mayor sospecha de fraude en el proceso electoral nacional. Cuando la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán declaró la nulidad de las elecciones de gobernador (y ordenó convocarlas de nuevo), produjo un hecho inédito en la nueva democracia argentina. Nunca, desde 1983, la Justicia anuló ninguna elección, aun cuando hubo denuncias de fraude.

La decisión desmiente un punto clave de la teoría oficialista utilizada como defensa en esta crisis.

Esos argumentos del kirchnerismo planteaban que las denuncias de manipulaciones, adulteraciones, clientelismo y compra de votos formaban parte de una estrategia de la oposición para deslegitimar el triunfo del oficialismo. Sin embargo, es probable que la decisión judicial de ayer sea revocada por la Corte Suprema de Tucumán, integrada por jueces amigos del gobernador José Alperovich.

De todos modos, esa decisión que anuló los comicios tiene una carga demoledora para el gobierno kirchnerista, que entregará en diciembre un sistema electoral viciado por el fraude y con escasa legitimidad. A pesar del obsceno robo de boletas en el conurbano bonaerense, en las primarias de agosto, fue el caso tucumano el que llevó la sospecha de fraude a niveles también desconocidos en la sociedad nacional. Por primera vez, consignan encuestas que acaban de realizarse, una cantidad importante de argentinos desconfía de la seriedad de su sistema electoral. Esa sospecha es novedosa. En las elecciones legislativas de 2009, Néstor Kirchner reconoció que había perdido la misma noche de las elecciones. El sistema no se había degradado tanto como ahora.

El caso tucumano les agregó sus propios condimentos a las viejas trampas del sistema electoral. O tuvo el único mérito de exponer las nuevas mañas. Sea como sea, lo cierto es que se quemaron urnas, se falsificaron los resultados de las actas en los telegramas que envió el Correo y se compró a los fiscales de la oposición. Una cosa es el conocido método de robar boletas (repudiable también) y otra cosa, peor aún, es la manipulación del escrutinio provisorio (que depende del Correo) y los sobornos a los fiscales opositores.

El caso de Tucumán se cerró de la manera más incierta posible cuando un supuesto corte de luz destruyó las grabaciones fílmicas de las urnas durante el día en que estuvieron guardadas, hasta que empezó el escrutinio definitivo. La oposición denunció que el corte de luz no existió nunca...