El deber de seguridad personal.

Autor:Rosa N.Bertoni
RESUMEN

EL ACCIDENTE Y LA ENFERMEDAD DEL TRABAJO SON EVITABLES: Las normas de la Seguridad Social dictadas para atender sus consecuencias sólo tendrían razón de ser frente a aquellos siniestros derivados del caso fortuito o la fuerza mayor, si el empleador cumpliera la obligación contractual de seguridad. - PREVENIR, O MORIR EN EL INTENTO: La consigna debe hacerse carne en todos los actores sociales. ... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
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Introducción

“¡Impongámonos ciertas normas para volver a “experimentar la complacencia ingenua de“violarlas! La rehabilitación de la infidelidad “reclama de nosotros un candor semejante.

“¡Ruboricémonos de no poder ruborizarnos y“reinventemos las prohibiciones que nos “convengan, antes de que la libertad alcance a“esclavizarnos completamente!”

“Llega el momento en que aspiramos a escribir algopeor”

(Oliverio Girondo. “Membretes”)

Luego de la necesaria investigación para obtener bases para la elaboración de este trabajo, llegué a un punto en que me formulé algunos interrogantes: ¿Qué pasó con la tan vapuleada, rechazada, siniestra y nulificada Ley de Riesgos del Trabajo, y sus pomposos objetivos de profundizar la prevención y el deber de seguridad?: 1º.- ¿fracasó por sí misma como engendro “neoliberal” que fue, y por haber nacido afectada de tumores cancerígenos grado 3, que pasaron casi inmediatamente al 4 y ahora son metástasis? O, 2º.- ¿Quien fracasó una vez más fue la especie humana toda, de la mano de los responsables de prever, a toda costa y costo, el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad como la derivación de daños a los trabajadores, porque nunca lo hicieron? Porque no cabe ninguna duda que las consecuencias económicas que se agravaron a partir de la inconstitucionalidad proclamada por la Corte Suprema de Justicia del art. 39, son producto indiscutible de la propia torpeza de aquellos a quienes claramente puede atribuírseles conductas culposas y hasta dolosas, sin que nos hayamos enterado del procesamiento o prisión preventiva de alguno de ellos. Y si no contribuyeron al nexo “nada más” que con la titularidad de bienes generadores del riesgo con los que obtuvieron beneficio económico, al tiempo del análisis primitivo del proyecto de lo que fue la Ley 24557, y luego con la introducción en su texto de la reforma al art. 75 de la LCT, debían haberse percatado que estaban a punto de ser (des) protegidos por un sistema intrínsecamente perverso que no tardaría en hundirlos a todos en el mismo lodo.

Una “imprevisión” más, dramática en extremo, que los llevó junto a los trabajadores a la absoluta inseguridad, pero que, desde ya, no les impide proferir incesantes quejas, a pesar de que los efectos que ahora irradia esta enferma terminal fueron morigerados hasta la obscenidad durante mucho tiempo, dejando inermes a los trabajadores.

Como lógica implicancia de las anteriores, me hice dos preguntas más: 3º.- ¿Lo que está naufragando junto con varios de sus máximos postulados (el famoso “derrame” y otras promesas más), es el “sistema” capitalista? Y, 4º.- ¿Qué está sucediendo en el planeta con la prevención y los accidentes y enfermedades del trabajo? ¿En algún país del mundo ha tenido efecto el concepto de “responsabilidad social” de la empresa para reforzar ese deber; por lo cual hay un método exitoso o por lo menos mucho mejor que el nuestro, que podamos imitar?

Pero después aparecieron más dudas en mi acalorada mente de diciembre de 2008: 5º.- La reforma que todos pedimos a gritos: ¿traerá soluciones o solamente nuevas maneras de provocarnos esa perversa complacencia que sentimos al violar impúdicamente ley tras ley, en un afanoso derrotero -interesado la mayoría de las veces- que las torna finalmente inoperantes? Ese deleite del que habla uno de los Membretes de la cita de autoría del transgresor y genial escritor, y que, por otra parte, nos apresuramos siempre a negar con hipócrita histeria, culpando invariablemente a “otros” de todos nuestros males. Será que es la única manera en que nos sentimos verdaderamente libres.

Altura a la cual se me agregaron una sexta y hasta una séptima pregunta. He aquí la razón de la otra cita del encabezamiento: 6º.- ¿Estaremos listos para escribir algo peor, de la mano del oficialismo, sindicalistas irresponsables que le harán coro simulando de a ratos que ceden para obtener “mejoras salariales”, y los lobbys organizados por los defensores a ultranza de una clase de capitalismo sin escrúpulos, al que sólo le interesa bajar costos sin responsabilizarse de los perjuicios que ocasiona? Y, por ello: 7.- ¿Tendremos que asistir al infausto espectáculo de una reforma canalla que sólo persiga legislar para que todo siga igual?

Horacio Schick reveladoramente afirma:

Puede considerarse que habiendo los obligados del sistema usufructuado hasta el hartazgo los privilegios que les otorgaba la LRT., en sentido contrario a las normas que inspiran a la teoría general de la responsabilidad y burlando el principio alterum non laedere, convirtiendo en letra muerta el art. 19, CN. (LA 1995-A-26), deberían tener algún recato, alguna expresión de autocrítica, y no insistir con los mismos argumentos esgrimidos para justificar la sanción de la norma cuestionada. No hicieron esto. Por el contrario, desataron una activa campaña de prensa para desautorizar los fallos de la Corte y apurar una reforma "gatopardista" del nuevo régimen a diseñar.1

En ese contexto de persistencia de argumentos realmente perversos, la UIA aporta todo lo que puede tratando de llevar agua para su molino. Un ejemplo de ello fueron las declaraciones efectuadas a Pool Económico2 el día 1º de enero de 2007 por el Dr. Daniel Funes de Rioja, asesor legal y presidente del Departamento de Política Social de la UIA (Unión Industrial Argentina), y director del Centro de Estudios Laborales de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), luego de que Héctor Verón, Superintendente de Riesgos del Trabajo anticipara que en abril de ese año el proyecto de reforma a la Ley de Riesgos del Trabajo ingresaría al Congreso. El borrador del proyecto, que venía manejando el ministerio de Trabajo y que estaba en presidencia, fue fuertemente objetado por la UIA a través de su asesor, criticando que pueda llegar a establecerse la posibilidad de accionar por la doble vía al perseguir el resarcimiento.

Funes de Rioja enumeró cada una de las objeciones que la Unión tenía para hacerle al proyecto expresando que “lo primero” era la prevención que fue la esencia del régimen de la LRT. Y luego debatirse la cuestión de un buen sistema reparatorio y tiene que ser previsible “·porque sino es inasegurable”. “En tercer lugar”, continuó, “somos responsables por los accidentes de trabajo. El accidente in itinere en muchos puntos nos excede. Ahora se pretende que el empleador tenga responsabilidad aunque sea objetiva.”

Como no podía ser de otra forma, exigió que ante los in –itínere el Estado asumiera el co –financiamiento, o se bajaran los montos; por último, recurrió al caballito de batalla de este sector, como es el costo del pleito laboral y, escudándose en los honorarios de los peritos disparó un tiro por elevación a los abogados reclamando “limitación” de emolumentos. Conocido y artero elemento dirigido a volcar la opinión pública demasiado sensibilizada en contra de los abogados, de los del tipo “industria del juicio” que supo introducir el inefable Ministro Domingo Cavallo con tanto éxito, cuando decía defender al Estado.

En verdad, los industriosos del sistema tanto en uno como en otro caso, son los legisladores al sancionar leyes indefendibles, los funcionarios públicos por incurrir permanentemente en violación de sus deberes, los ocultos destinatarios de esas leyes creadas en protección a sus intereses económicos, y –claro está- algunos colegas muy bien remunerados al servicio de todos o alguno de los referenciados de la cadena de impunidad. Lo que la UIA y Funes de Rioja omiten decir, es lo que todos sabemos y es que este tipo de juicios siempre “abaratan” los costos a las empresas; de allí que los siguen hasta que recae la última sentencia en el vigésimo sexto incidente que se interpone, no aviniéndose jamás a conciliar un solo pleito.

Finalmente, otro palo en la rueda de las estrategias de prevención: la Unión dijo que “…los comités mixtos de prevención deben ser por negociación colectiva y no impuestos por la ley. Si está impuesto por la ley, van a terminar siendo un elemento de presión y extorsión de los sindicatos. Negociar salud por sueldos".

Como se observa, Funes de Rioja “reivindica” aún después de tantos años de haberse conocido la verdad, una prevención que fracasó; pero además se pretende que la nueva ley no imponga nada para que no “exista ninguna presión” (SIC). La única explicación de que sostenga la falacia, es que con la LRT ahorraron mucho dinero, mientras descartaban vidas. El deber de seguridad, cabalmente observado por el dueño de la empresa, está claro que le acarrea más gastos inmediatos y un beneficio incierto que –quizás- retornará a largo plazo. De lo contrario, no parezcamos ingenuos, otra sería su actitud frente a las normas de higiene y seguridad.

Hoy se sabe que todo está entre brumas. El panorama no es entonces de los mejores. Habrá que sortear muchas vallas para llegar a un buen final.

En el ahora de esta discusión no es tarde; ese mañana tan esperado aún no ha llegado, y están distraídos legislando a 300 km/h aprobando medidas anticrisis sueltas o atadas en un paquete que no sabemos si después resultará una bomba. Es cuestión de llamarles la atención de manera que se refuerce al máximo la obligación contractual inderogable de la prevención, madure y podamos eludir algún proyecto facilista y de apuro que ingrese por la ventanita del amor clase K, que hace como el tero: grita lejos del nido donde puso los huevos, y al final nacen pollitos -ni siquiera pichones de tero- y muy deformes. Estamos en el “aquí y ahora” de la fragua y el horno puede ser abierto para arrojar las ideas más brillantes (en nuestro país...

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